El cerro Santana, en jurisdicción de El Tambo, hace parte de una franja montañosa del Cauca que conecta corredores hacia el Pacífico nariñense, utilizados de tiempo atrás para el tráfico de armas, insumos y narcóticos. El corregimiento de Huisitó ha sido escenario recurrente de disputas entre estructuras armadas ilegales por el control territorial, en un departamento que concentra buena parte de los cultivos de coca en el suroccidente del país.
Según lo reportado, los cuatro policías desaparecidos formaban parte de un operativo en el área rural cuando se produjeron los enfrentamientos entre disidencias de las extintas FARC —que no se acogieron al Acuerdo de Paz de 2016 o que se rearmaron tras su firma— y unidades del Ejército Nacional. La Defensoría del Pueblo, organismo encargado de la promoción y protección de los derechos humanos, activó una alerta ante el riesgo que corre la población civil del corregimiento.
Las alertas tempranas de la Defensoría son un mecanismo contemplado en el Decreto 2124 de 2017, que reglamentó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) como herramienta de prevención de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Estas alertas no tienen carácter vinculante, pero obligan a una respuesta coordinada de la fuerza pública, las alcaldías y la Unidad Nacional de Protección, entre otras entidades del Estado.
Un departamento golpeado por el conflicto
El Cauca ha sido, desde hace más de una década, uno de los departamentos más afectados por la violencia asociada al conflicto armado y al narcotráfico. Municipios como El Tambo, Argelia, Corinto y Toribío han registrado de forma reiterada choques entre la fuerza pública y estructuras disidentes que rechazaron el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, o que se apartaron después del proceso de reincorporación.
Un antecedente que ilustra la magnitud del riesgo en la región es la toma guerrillera de Toribío, en el norte del Cauca, en abril de 2015, cuando las FARC atacaron la estación de Policía del municipio y provocaron el desplazamiento de cientos de familias. Episodios similares se han repetido con estructuras disidentes tras la firma del acuerdo, lo que evidencia que la desmovilización no significó el fin de la conflictividad armada en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación es la entidad competente para investigar cualquier posible afectación a los uniformados desaparecidos, en caso de que se confirme un secuestro, retención o hecho violento en su contra. Hasta el momento no se ha conocido si el ente investigador abrió una indagación específica por los hechos reportados en el cerro Santana.
Organizaciones sociales y líderes comunitarios de Huisitó han expresado en el pasado su preocupación por el confinamiento al que se ven sometidas las familias campesinas cuando arrecian los combates entre actores armados, pues los enfrentamientos suelen restringir la movilidad, el acceso a alimentos y la atención en salud en una zona con precaria presencia estatal.
El gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, ha mantenido como bandera de su política de seguridad la denominada «paz total», que busca negociaciones simultáneas con distintos grupos armados ilegales, incluidas varias facciones disidentes de las FARC. Sectores de oposición en el Congreso de la República han cuestionado en debates de control político la efectividad de esa estrategia en departamentos como el Cauca, donde persisten los enfrentamientos pese a los diálogos.
Voceros de la paz total han defendido que los ceses al fuego bilaterales pactados con algunas estructuras redujeron la intensidad de la violencia en otras regiones del país, aunque han reconocido que persisten disidencias que no han entrado en ningún proceso de negociación y que continúan disputando el control de rutas del narcotráfico en el suroccidente colombiano.
La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación tienen, dentro de sus competencias, la vigilancia sobre el uso de los recursos destinados a la seguridad en zonas de conflicto y sobre la conducta de los servidores públicos involucrados en operaciones militares y policiales, respectivamente, aunque ninguna de las dos entidades se ha pronunciado hasta ahora sobre este caso puntual.
En los próximos días se espera que la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa entreguen un reporte oficial sobre la suerte de los cuatro uniformados, mientras la Defensoría del Pueblo hace seguimiento a la situación humanitaria en Huisitó. La confirmación o el descarte de la desaparición, así como la identificación de los responsables de los combates registrados en el cerro Santana, marcarán el curso de las próximas actuaciones judiciales y militares en la zona.
