El debate giró en torno a una disyuntiva de procedimiento: si el proyecto debía regresar íntegramente al Ministerio de Hacienda para ser reformulado o si, en cambio, correspondía ajustarlo durante las discusiones propias del trámite de estudio y aprobación. La primera posición prevaleció por mayoría, en un ambiente de tensión creciente según el reporte de la sesión.
La Comisión Cuarta de Cámara de Representantes votó de manera unánime la devolución, con 16 votos a favor y ninguno en contra, un resultado que anticiparía la orientación política que tomarán las discusiones presupuestales en las próximas sesiones de las comisiones económicas.
Las bancadas que respaldaron la devolución son, en su mayoría, ajenas al Pacto Histórico, partido que oficialmente lidera la oposición al nuevo gobierno. Estos congresistas argumentaron que el proyecto no refleja las prioridades ni el enfoque fiscal de la nueva administración, por lo que consideran necesario que la cartera lo reformule antes de que avance en el Congreso.
La contraparte, cercana al Pacto Histórico, cuestionó la decisión y defendió el trabajo realizado por el gobierno saliente en la elaboración de la propuesta. Sus voceros señalaron que la devolución desconocería algunas de las realidades económicas que sustentaron el proyecto y advirtieron sobre el riesgo de estrechar un cronograma que, por mandato constitucional, tiene plazos rígidos.
Un plazo constitucional que corre en contra
El trámite del Presupuesto General de la Nación está regulado por el Estatuto Orgánico del Presupuesto y por la Constitución Política, que fija el 20 de octubre como fecha límite para su aprobación en el Congreso. De no lograrse un acuerdo en ese plazo, el gobierno queda facultado para expedirlo por decreto con el proyecto presentado por el Ejecutivo, una figura excepcional que suele leerse como un fracaso del diálogo entre las ramas Ejecutiva y Legislativa.
Tras la devolución aprobada por las comisiones económicas de Senado y Cámara, el Ministerio de Hacienda debe presentar el proyecto ajustado, que tendría que surtir nuevamente las etapas de ponencia, debate en comisiones y, luego, en las plenarias de ambas cámaras antes de la fecha límite. Congresistas de varias bancadas coincidieron en que el margen de tiempo hasta octubre es estrecho si se quiere evitar que el gobierno termine expidiendo el Presupuesto por decreto.
Gómez Martínez, quien asumió la cartera en el marco de la transición de gobierno, expuso ante las comisiones las razones que sustentarían un ajuste del proyecto. No se conocieron aún cifras sobre el monto total que tendría el nuevo Presupuesto 2027 ni el detalle de las modificaciones que planteará el ministerio.
El del Presupuesto 2027 será el primer proyecto que tramite íntegramente la nueva administración desde su llegada a la Casa de Nariño, lo que ha llevado a distintos sectores a interpretar la discusión también como un primer pulso sobre las prioridades fiscales del gobierno entrante frente al legado presupuestal de la administración anterior.
La tensión entre un gobierno entrante y el articulado presupuestal heredado no es inédita en Colombia: el relevo de administración en 2022 obligó a revisiones sobre proyectos y planes de la cartera saliente, en ejercicios que también generaron fricciones entre bancadas de gobierno y de oposición. El choque de este martes reedita, en el terreno presupuestal, esa lógica de transición.
Congresistas de oposición al actual gobierno insistieron en que la devolución no busca dilatar el trámite, sino garantizar que el articulado refleje los compromisos de la nueva administración. Del otro lado, representantes cercanos al Pacto Histórico reiteraron su llamado a que cualquier ajuste se discuta dentro de los tiempos fijados por el calendario legislativo, sin recurrir a una devolución que, a su juicio, resulta innecesaria.
La discusión continuará en las próximas sesiones de las comisiones económicas, que deberán definir el nuevo calendario de estudio del proyecto una vez el Ministerio de Hacienda radique la versión ajustada. De ese cronograma dependerá si el Congreso cumple el plazo constitucional del 20 de octubre o si el país enfrenta la expedición del Presupuesto por decreto ante la falta de acuerdo legislativo.
