Las diligencias, coordinadas entre organismos de investigación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), buscaban desarticular una estructura dedicada a introducir droga y teléfonos celulares a reclusos de pabellones de alta seguridad. Según la información conocida, la red operaría utilizando a mujeres como enlace entre proveedores externos y los internos, aprovechando visitas familiares y encomiendas autorizadas para camuflar los elementos.
Las capturadas quedarían a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir si solicita audiencia de imputación ante un juez de control de garantías, conforme al procedimiento previsto en la Ley 906 de 2004, que rige el sistema penal acusatorio colombiano. Hasta el momento no se ha precisado el número exacto de capturadas ni el delito específico que se les endilgaría.
Este tipo de conductas suele encuadrarse en los tipos penales de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y, eventualmente, concierto para delinquir, dependiendo de si la Fiscalía logra acreditar una estructura organizada y estable. De avanzar hacia la etapa de juicio, el proceso correspondería a un juzgado penal del circuito con función de conocimiento.
El contrabando de celulares hacia centros de reclusión ha sido señalado de forma reiterada por el Inpec como uno de los principales factores que permiten a organizaciones criminales seguir operando desde adentro de las cárceles, coordinando extorsiones y otros delitos con el exterior. Ese fenómeno ha llevado a reforzar controles de ingreso y a instalar bloqueadores de señal en varios penales del país.
La utilización de mujeres como correo humano de sustancias y dispositivos hacia las cárceles no es un patrón nuevo. Organismos de investigación han documentado redes similares que se valían de visitas conyugales o familiares para sortear los controles, una modalidad que las autoridades penitenciarias intentan contener con perfilamiento de visitantes y requisas más estrictas.
El uso de celulares dentro de las cárceles ha sido asociado en Colombia a estructuras criminales que dirigen atentados desde reclusión, como el que investiga el gobernador de Casanare a propósito de la moto robada a un ganadero asesinado usada en el atentado a un exalcalde de Yopal, un caso que ilustra la coordinación entre el interior de los penales y el exterior.
Por ahora, la investigación permanece en su fase inicial y ninguna de las mujeres capturadas ha sido imputada formalmente, según la información disponible.
