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Proyecto de ley busca obligar a etiquetar el origen del café en Colombia

La iniciativa, radicada por el representante Julio César Triana, exigiría precisar país y región de procedencia del café comercializado, incluidas las mezclas.

Por Redacción de El Hemiciclo· · Actualizado:
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El representante a la Cámara Julio César Triana radicó un proyecto de ley que obligaría a informar, mediante etiquetado obligatorio, el país y la región de origen del café comercializado en Colombia.

El proyecto cobijaría distintas presentaciones del producto: café tostado, sin tostar, descafeinado, en grano, molido, liofilizado y soluble, además de sus sucedáneos. En todos los casos, el empaque tendría que informar de manera clara, visible y legible el origen del café utilizado en su elaboración.

La regulación sería más exigente cuando se trate de mezclas. En esos casos, la etiqueta tendría que precisar los países de procedencia, la proporción correspondiente a cada uno y la región o zona geográfica de producción, de forma que el comprador pueda identificar con exactitud la composición del producto que adquiere.

Un tercer productor mundial que importa la mayoría del café que consume

Detrás de la iniciativa hay una cifra que el propio Triana ha destacado como justificación central del proyecto: aunque Colombia es el tercer productor de café del mundo y cerca de 550.000 familias dependen de esta actividad, alrededor del 65 % del café que llega a las tazas de los colombianos provendría del exterior, principalmente de Brasil, Perú, Honduras y Ecuador. «Muchas veces los colombianos no sabemos de dónde viene el café que estamos comprando. Este proyecto busca algo muy sencillo: que tengamos información clara sobre su procedencia y podamos tomar una decisión informada al momento de comprarlo», señaló Triana al presentar la iniciativa.

La creciente presencia de café importado en el mercado interno ha generado preocupación entre los caficultores, que han sostenido en distintos foros gremiales que la mezcla de grano extranjero de menor costo con producto nacional dificulta que el consumidor final identifique lo que realmente compra. El proyecto de Triana buscaría atender esa demanda del sector productivo, además de fortalecer la transparencia del mercado y visibilizar el trabajo de las familias cafeteras colombianas.

El café ocupa un lugar particular en la historia económica y política colombiana. Desde finales del siglo XIX, el grano ha sido uno de los pilares de las exportaciones del país y motor de la colonización de buena parte de la región andina. La Federación Nacional de Cafeteros, fundada en 1927, ha operado desde entonces como gremio privado con funciones delegadas por el Estado, entre ellas la administración del Fondo Nacional del Café y la promoción de la marca país asociada al personaje de Juan Valdez.

El camino legislativo y la entidad que vigilaría el etiquetado

Desde el punto de vista normativo, la iniciativa tendría que surtir el trámite legislativo ordinario: ponencia y primer debate en comisión de la Cámara de Representantes, discusión en plenaria, y posteriormente el mismo recorrido en el Senado de la República, antes de llegar a sanción presidencial en la Casa de Nariño. Cualquier modificación sustancial durante el trámite podría alterar el alcance final de las obligaciones de etiquetado.

La Superintendencia de Industria y Comercio sería, en principio, la entidad llamada a vigilar el cumplimiento de este tipo de disposiciones sobre información al consumidor, en línea con el Estatuto del Consumidor vigente desde 2011, que ya exige que los productos ofrezcan información clara, veraz y suficiente sobre sus características.

El proyecto se suma a otras discusiones en el Congreso sobre trazabilidad y transparencia en cadenas agroalimentarias, un debate que también ha tocado sectores como el arroz y la carne, donde gremios productores han pedido reglas similares de identificación de origen ante la competencia de producto importado.

Por ahora no se conoce una posición pública del Gobierno nacional ni del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre la iniciativa. Tampoco se ha pronunciado formalmente el gremio de importadores y tostadores, sector que en debates previos sobre regulación cafetera ha advertido sobre los costos operativos que este tipo de exigencias podría representar para la industria.

El trámite del proyecto deberá surtir su curso dentro del calendario legislativo de la actual legislatura, que se extiende hasta junio de 2027. Su suerte dependerá de que logre ponente, del respaldo de otras bancadas y de si el gremio cafetero mantiene el impulso político que le dio en su formulación inicial.

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