El presunto robo se habría producido, según la reconstrucción difundida por la emisora, cuando un grupo de hombres armados ingresó en un carro hasta el parqueadero del templo y abordó a una mujer que acababa de salir de la eucaristía. Le habrían sustraído joyas, un celular, un bolso con dinero y otras pertenencias, en un modus operandi que las autoridades caleñas suelen catalogar como hurto calificado y agravado, figura contemplada en el Código Penal colombiano cuando el despojo se ejecuta mediante violencia o intimidación sobre las víctimas.
La situación escaló cuando un grupo de escoltas presentes en el lugar reaccionó ante el atraco y se produjo un intercambio de disparos con los presuntos asaltantes. El cruce de fuego generó pánico entre los feligreses que permanecían dentro y en los alrededores del templo: varios se lanzaron al piso para protegerse, mientras otros optaron por refugiarse de nuevo en el interior de la iglesia ante el riesgo de verse alcanzados por una bala perdida.
Hasta el momento, la Policía no ha confirmado personas fallecidas o heridas como consecuencia del intercambio de disparos, ni ha reportado capturas relacionadas con el hecho. El caso se encuentra, por tanto, en una fase preliminar de indagación, previa a cualquier posible vinculación formal de personas investigadas, según el estado en que quedó tras el episodio.
La ausencia de un reporte institucional detallado deja varios interrogantes sin resolver: el número exacto de agresores, si portaban armas de fuego de manera ilegal, el origen de los disparos —si partieron primero de los escoltas o de los asaltantes— y si alguna de las balas impactó a terceros ajenos al forcejeo. Son precisiones que corresponderá establecer a los investigadores de la Sijín o el CTI, según quién asuma el caso, antes de que la Fiscalía General de la Nación pueda formular cualquier imputación.
En el actual esquema procesal colombiano, regido por la Ley 906 de 2004, la identificación de sospechosos abriría paso a una audiencia de imputación ante un juez de control de garantías, donde se les comunicarían los cargos y se definiría, de solicitarlo la Fiscalía, una medida de aseguramiento. Esa medida, de imponerse, tendría un carácter estrictamente cautelar —ligado al riesgo de fuga, obstrucción a la justicia o peligro para la comunidad— y en ningún caso equivaldría a una declaración de culpabilidad, que solo llegaría con una eventual sentencia.
La reacción armada de los escoltas, cuya vinculación con la víctima del presunto atraco no ha sido precisada por las autoridades, añade una arista adicional al caso. El uso de armas de fuego por parte de personal de seguridad privada en espacios públicos y de alta concurrencia está sujeto a la regulación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que exige protocolos estrictos de uso de la fuerza y que, según ese marco, podría abrir una indagación paralela sobre la proporcionalidad de la respuesta frente al riesgo generado para terceros.
Una iglesia marcada por el secuestro masivo de 1999
El templo de La María ocupa un lugar particularmente sensible en la memoria colectiva de Cali y del país. El domingo 30 de mayo de 1999, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) irrumpieron durante una eucaristía y protagonizaron uno de los secuestros colectivos más recordados de la historia reciente de Colombia: según las autoridades de la época, 194 feligreses fueron retenidos y recuperaron su libertad de manera progresiva, en un episodio que marcó un antes y un después en la percepción de seguridad de los templos religiosos del suroccidente del país.
Más de dos décadas después, el reconocido templo de Pance vuelve a ser escenario de un hecho de violencia, esta vez asociado en apariencia a la delincuencia común y no a un grupo armado organizado, aunque el eco simbólico del lugar reavivó el temor entre los feligreses y reabrió el debate sobre la seguridad en espacios de culto masivo. El sector de Pance ha experimentado un crecimiento urbanístico acelerado en la última década, con la proliferación de conjuntos residenciales, centros comerciales y vías de alto tráfico como la avenida Cañasgordas.
El desenlace institucional dependerá ahora del reporte oficial que se espera de las autoridades de Cali, tanto de la Policía como eventualmente de la Fiscalía Seccional, que permita esclarecer las circunstancias exactas del presunto atraco, establecer si hubo personas heridas en el fuego cruzado y determinar el estado de la investigación. Ese pronunciamiento es, por ahora, el que reclaman quienes se encontraban en el lugar para conocer el alcance real del episodio.
De continuar el caso sin capturas, quedaría bajo indagación de la Fiscalía General de la Nación, que cuenta con un término legal para recaudar elementos materiales probatorios antes de decidir si hay mérito para solicitar una audiencia de imputación. De identificarse a los responsables, el proceso avanzaría ante los juzgados penales del circuito de Cali, instancia competente para conocer delitos de hurto calificado agravado por el uso de armas de fuego.
