El Ejército sostuvo que los enfrentamientos se registraron durante una maniobra operacional contra sujetos que, según la versión militar, pertenecerían al componente criminal focalizado de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, una de las ramificaciones del grupo armado organizado Clan del Golfo que opera en el suroeste antioqueño. La institución señaló que las acciones dejaron dos hombres muertos y dos capturados, sin entregar por ahora la identidad plena de los fallecidos ni precisar si se trataba de mandos o combatientes rasos, un dato que corresponde establecer a los organismos de investigación.
Entre los capturados figura un hombre identificado con el alias de Cortico, a quien el Ejército señaló como presunto cabecilla de zona en el área de la vereda Gulunga. De acuerdo con el parte militar, llevaría cerca de cuatro años vinculado a la organización, habría ejercido el control del microtráfico en el sector y estaría involucrado en la confrontación armada con otras estructuras por el dominio de las actividades delictivas en la región. La misma versión lo vincula presuntamente con homicidios registrados en la zona.
Se trata, en todo caso, de señalamientos que corresponden a la fase de indagación: ninguno de los capturados ha sido imputado formalmente. Conforme a la Ley 906 de 2004, ese trámite debe surtirse ante un juez de control de garantías dentro de los términos legales, una vez la Fiscalía General de la Nación defina el mérito de la captura y solicite la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación y, eventualmente, una medida de aseguramiento. Esta última es de naturaleza cautelar y no implica pronunciamiento sobre la responsabilidad penal: los capturados conservan la presunción de inocencia hasta que exista sentencia en firme.
El Ejército no precisó ante qué unidad de la Fiscalía ni ante qué juzgado de control de garantías se surtirán las audiencias, un dato que suele conocerse en las horas siguientes a la captura, cuando se define la legalización de la aprehensión. Las autoridades judiciales no han emitido todavía un pronunciamiento propio sobre los hechos; corresponderá a la Fiscalía, en coordinación con la Procuraduría en su función de vigilancia, verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjeron las muertes durante la operación, en línea con los protocolos que rigen el uso de la fuerza en el marco del conflicto armado interno.
Armamento incautado y explosivos neutralizados
Durante la operación, las tropas incautaron dos subametralladoras, una pistola, proveedores y munición de diferentes calibres, según el parte militar. Ese material será sometido a las pruebas técnicas de los organismos de policía judicial para establecer su procedencia y su eventual vinculación con otros hechos investigados en la región.
El Ejército reportó además el hallazgo de un cilindro cargado con explosivos en la zona de los combates, artefacto que, según la institución, representaba un riesgo para la integridad de las tropas y de la población civil. Ante el hallazgo se activaron los protocolos de manejo y neutralización, procedimiento que ejecutan unidades especializadas en zonas con presencia de grupos armados organizados.
El uso de artefactos explosivos improvisados, incluidos cilindros bomba, ha sido una constante en la confrontación entre la fuerza pública y estructuras derivadas del paramilitarismo en Antioquia. La modalidad se remonta a los años del conflicto con las antiguas guerrillas y se ha reciclado en corredores estratégicos del suroeste del departamento, donde confluyen rutas de narcotráfico hacia el Pacífico y el Urabá.
Una estructura en expansión en el suroeste antioqueño
El Clan del Golfo, denominado por las propias autoridades como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es catalogado por el Estado colombiano como grupo armado organizado. Según reportes reiterados de la fuerza pública, es la estructura con mayor capacidad de expansión territorial del país en los últimos años, con presencia documentada en departamentos como Antioquia, Chocó, Córdoba y Bolívar. Su origen se rastrea en las estructuras que no se acogieron a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia pactada entre 2003 y 2006, un proceso cuyos vacíos alimentaron el surgimiento de las llamadas bandas criminales.
El municipio de Salgar ha registrado en los últimos años disputas armadas entre estructuras herederas del paramilitarismo por el control de economías ilícitas, entre ellas el microtráfico y las rentas asociadas a cultivos de uso ilícito y a la minería en zonas rurales. Ese patrón coincide con el rol que el Ejército atribuye a alias Cortico en la vereda Gulunga, presentado como responsable del microtráfico local y de la disputa con otras estructuras.
La ofensiva del Estado contra el Clan del Golfo ha tenido hitos previos, como la captura en octubre de 2021 de alias Otoniel, su máximo cabecilla, extraditado a Estados Unidos en 2022. Pese a esos golpes, la fuerza pública ha advertido de manera reiterada sobre la capacidad de la organización para reconstituir sus mandos y sostener su presencia en las regiones donde disputa las economías ilegales, un fenómeno que enmarca operaciones como la de Salgar.
El desenlace judicial dependerá de las audiencias preliminares que se surtan en los próximos días ante un juzgado penal con función de control de garantías en Antioquia. Allí se definirá si alias Cortico y el otro capturado son imputados por delitos como concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes u otros conexos, y si procede una medida de aseguramiento mientras avanzan las diligencias. La verificación de las circunstancias de las dos muertes, por su parte, seguirá su curso en la Fiscalía y bajo la vigilancia de la Procuraduría.
