Contar solo las posiciones que encabezan boleta —gubernaturas, diputaciones federales y locales, ayuntamientos— arroja unas 3,400 candidaturas principales. Con un mínimo estimado de tres aspirantes por boleta, la cifra de candidatos podría rondar entre 10,000 y 15,000 personas, cada una con un equipo que multiplica el número de movilizados por encima de las 100,000, con el consiguiente impacto en gasto y empleo temporal durante los meses previos a la jornada.
Ocho partidos nacionales competirán en 2027, dos menos que los diez que disputaron la elección de 2021. La pérdida de registro es un fenómeno recurrente en el sistema mexicano: el PRD lo perdió en 2024 y tres partidos adicionales lo perdieron en 2021. La pregunta abierta para este ciclo es cuántas de las ocho fuerzas actuales lograrán conservar el registro tras los comicios, uno de los desenlaces menos comentados y de mayor peso para la geometría partidista.
La lista nominal asciende hoy a 99.3 millones de electores, con una proyección de acercarse a los 100 millones hacia 2027. En la elección intermedia de 2021 votaron 49 millones de personas, equivalentes a una participación cercana al 53%. Si ese porcentaje se sostiene o se supera, sería la primera vez que más de 50 millones de mexicanos acuden a las urnas en un proceso de este tipo, un umbral que serviría de referente para evaluar la jornada.
Diecisiete gubernaturas están en juego, hoy repartidas entre nueve mujeres y ocho hombres al frente de los ejecutivos estatales: doce corresponden a Morena, tres al PAN, una a Movimiento Ciudadano y una al Partido Verde. Dos casos tienen particularidades de calendario: Aguascalientes y Quintana Roo se renuevan tras un periodo de cinco años de gestión de las gobernadoras salientes, mientras que Sonora elegirá a su próxima administración solo por tres años, lo que obligará a una nueva contienda en 2030.
A la disputa por gubernaturas se suma la de más de un centenar de alcaldías de gran tamaño que, por su peso poblacional y presupuestal, reciben una inversión de campaña comparable a la de una gubernatura. Entre ellas figuran Ciudad Juárez y Chihuahua capital, las 16 demarcaciones de la Ciudad de México, las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara, Culiacán y Mazatlán, y en la franja fronteriza Nuevo Laredo, Reynosa y Ciudad Victoria.
Los ejes temáticos que dominarán las campañas incluyen programas sociales, la relación con Estados Unidos, inseguridad, salud y economía familiar, con la inflación y el desempleo como componentes centrales del discurso. A esa agenda se sumará el escrutinio sobre el papel de las instituciones y los tribunales electorales, señalados por sectores de la oposición como alineados al gobierno en turno, así como la presencia de grupos como madres buscadoras, transportistas, agricultores, médicos y extrabajadores del Poder Judicial.
Los escándalos de corrupción que emerjan durante el proceso serán otro factor de peso: solo en la semana en que arrancó la temporada electoral trascendieron casos que involucran a una empleada del municipio de Tecate y a una senadora. A esto se añade el peso de las redes sociales, la inteligencia artificial y el crimen organizado como variables que pueden alterar el curso de las campañas, en un entorno donde casos como el que vincula a Adán Augusto con rentas del PJF por 58 mdp mantienen bajo la lupa la relación entre política y recursos públicos.
Tres escenarios para la mayoría en San Lázaro
Al no tratarse de una elección presidencial, no habrá un resultado nacional único la noche de la jornada. El desenlace relevante se concentrará en la integración del Congreso de la Unión, donde se abren tres escenarios: que Morena y sus aliados logren y ratifiquen la mayoría calificada, que se queden en mayoría absoluta, o que ni siquiera alcancen esa mayoría absoluta. Que la coalición oficialista sea primera fuerza aparece como el escenario más probable; lo que está en disputa es el nivel de esa mayoría, porque de ahí depende si el bloque gobernante puede aprobar el paquete económico y modificar leyes secundarias, o si además tiene margen para reformar la Constitución.
La mayoría calificada equivale a dos terceras partes de la Cámara de Diputados, el umbral que permite modificar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición; la mayoría absoluta, la mitad más uno, basta para aprobar el PEF y leyes secundarias. La distancia entre ambos escenarios define el margen de maniobra del oficialismo para el segundo tramo del sexenio, y por eso concentra la atención sobre una elección que no reparte la Presidencia pero sí reordena el poder legislativo.
A esa incógnita se suman otras dos variables: si las alianzas actuales se mantienen o se rompen, y si persiste la unidad interna de Morena en los estados, donde ya se registran tensiones por la definición de candidaturas. El papel de los partidos de reciente creación también será determinante para saber a quién restan votos y a quién favorecen con su presencia en la boleta, en un mapa donde las disputas por espacios políticos no son ajenas a fenómenos como los documentados en torno al ecosistema de negocios de Andy López Beltrán.
Entre las demandas que se plantean de cara a la contienda figura la exigencia de debates mejor organizados, con moderadores capaces de repreguntar y presionar a los candidatos más allá de la simple lectura de cuestionarios. A ella se suma la transparencia en el origen de los recursos de campaña, bajo la premisa de que quien acepta financiamiento adquiere compromisos con quien lo aporta, un tema que conecta con la fiscalización de contratos y patrimonios que rodea a familiares de políticos con contratos y procesos penales.
El respeto a la autoridad electoral y a los resultados que emanen de las urnas aparece como una tercera exigencia, junto con el llamado a que los partidos promuevan la participación ciudadana en lugar de la abstención. La quinta demanda, calificada como la más olvidada, apunta a la responsabilidad de los partidos sobre la calidad de los gobernantes que postulan: que asuman consecuencias cuando sus candidatos, una vez en el poder, resulten señalados por corrupción o violencia de género, en un escrutinio que remite a casos como el quebranto de 100 mdp denunciado en Tepeapulco, Hidalgo.
El precedente inmediato de la magnitud que se avecina es la intermedia de 2021, cuando se renovó la Cámara de Diputados y quince gubernaturas y votaron 49 millones de personas; Morena y sus aliados conservaron la mayoría en San Lázaro pero perdieron la calificada, un desenlace que obligó a negociar cada reforma constitucional del tramo posterior. Ese antecedente marca la vara con la que se leerá el resultado de 2027 la noche de la jornada.