El máximo tribunal estadounidense limitará su revisión a dos de las tres cuestiones planteadas por la administración republicana: la legalidad del veto al asilo y los márgenes que tienen las cortes inferiores para proteger de manera colectiva a los migrantes afectados por la orden. La resolución, emitida este viernes, admite el recurso sin pronunciarse todavía sobre el fondo del asunto.
El litigio gira en torno a la potestad del presidente estadounidense para restringir unilateralmente el acceso al asilo, una figura protegida por la legislación federal de Estados Unidos que permite solicitar esa protección a quienes temen sufrir persecución en sus países de origen, sin importar la forma en que hayan ingresado al territorio estadounidense.
El gobierno de Trump sostiene que puede negar esa solicitud de manera general a los migrantes alcanzados por la proclamación y que no está obligado a tramitar peticiones que, a su juicio, están destinadas al rechazo. Los abogados de las organizaciones que impugnaron la prohibición argumentan, en sentido contrario, que cada solicitud debe evaluarse de forma individual y que ningún mandatario puede bloquear de manera unilateral su presentación.
Las restricciones al asilo han operado de forma ininterrumpida desde su promulgación, pese a los fallos de tribunales inferiores que las declararon ilegales. Se prevé que la Corte Suprema escuche los argumentos de ambas partes en los próximos meses y emita sentencia antes de que concluya el año judicial, en junio de 2027.
El caso se produce en un contexto de endurecimiento sostenido de la política migratoria estadounidense hacia la frontera con México. De acuerdo con cifras difundidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las peticiones de asilo de personas mexicanas en Estados Unidos se dispararon 59% en 2025, con un registro de 89,000 solicitudes. El gobierno estadounidense ha defendido además que existen zonas de México más seguras que algunas ciudades del propio Estados Unidos, una postura citada por cadenas de televisión estadounidenses como parte del argumento oficial para limitar el asilo por motivos de violencia.
La controversia sobre el alcance del poder presidencial para restringir el asilo se suma a otras medidas anunciadas por la administración Trump en materia migratoria, entre ellas la intención de suspender durante años los permisos de trabajo para solicitantes de asilo, con el propósito declarado de reducir lo que el gobierno estadounidense describe como un incentivo para extranjeros que buscan ingresar al país.
El asilo es una figura con larga tradición en la legislación estadounidense: la Ley de Refugiados de 1980 incorporó al derecho interno los compromisos internacionales sobre protección a perseguidos y estableció que la solicitud puede presentarse con independencia de la vía de ingreso. El recurso ahora admitido confronta esa garantía con la facultad que el Ejecutivo reclama para restringirla por proclamación.
La Corte Suprema no fijó todavía una fecha para las audiencias orales, pero confirmó que dictará sentencia antes de que concluya el año judicial en junio de 2027, plazo dentro del cual las restricciones al asilo impuestas por la proclamación del 20 de enero de 2025 continuarán vigentes.