Herrera, corresponsal de la FLIP en Norte de Santander y miembro de su Consejo Directivo, era reconocido en Cúcuta por su cubrimiento del orden público y los tribunales. Tras su asesinato, el esquema de protección que le había sido asignado en vida quedó como la principal medida de seguridad para su familia, según la organización, que centró su alerta en la esposa y la hija del comunicador.
De acuerdo con la FLIP, la esposa del periodista fue informada por la UNP el 11 de junio sobre el inicio de una evaluación de riesgo para ella y su hija, mediante el mecanismo de trámite de emergencia, que en teoría acorta los tiempos de respuesta frente al procedimiento ordinario. Sin embargo, más de dos meses después, ese trámite continúa sin resolverse, mientras el esquema heredado de Herrera sigue siendo, según la organización, la protección efectiva del grupo familiar.
La FLIP calificó de "inadmisible" cualquier intención de desmontar las medidas de protección en las actuales circunstancias, que describió como de alto riesgo. "Desmontar las medidas de protección que tiene la familia en estas circunstancias de alto riesgo es inadmisible", señaló la organización, que pidió formalmente a la UNP acelerar la evaluación pendiente y llevar el caso ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas. Reclamó, además, que se tenga en cuenta que el riesgo que enfrentaba el periodista antes de morir podría extenderse a su núcleo familiar.
La Fundación insistió en que la continuidad de las medidas debe garantizarse mientras se adopta una decisión definitiva, y advirtió que retirar el esquema actual sin una alternativa evaluada y aprobada expondría a la esposa e hija de Herrera a un riesgo mayor que el que ya enfrentan. Anunció que continuará haciendo seguimiento al caso.
El mecanismo de protección estatal
La UNP es la entidad adscrita al Ministerio del Interior encargada de evaluar riesgos y asignar esquemas de protección a la población objeto de amenaza en Colombia, entre ella periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes. El procedimiento contempla la intervención del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), instancia técnica que analiza cada caso y recomienda el nivel de protección correspondiente. El trámite de emergencia, como el activado para la familia de Herrera, está previsto para acortar los plazos frente al procedimiento ordinario.
La entidad fue creada en 2011 como sucesora del antiguo Programa de Protección del Ministerio del Interior, en un país donde la exigencia de mecanismos estatales de protección para periodistas amenazados se remonta a la década de 1980, marcada por el asesinato de comunicadores en el contexto del conflicto armado y el narcotráfico. Entre los casos que consolidaron esa demanda gremial figura el homicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano, en 1986, uno de los crímenes contra la prensa de mayor impacto en la historia reciente del país. El caso de Herrera reabre la discusión sobre la capacidad de esa institucionalidad para sostener medidas de protección más allá del asesinato de la persona inicialmente protegida, cuando el riesgo se traslada a su entorno familiar.
El contexto de Norte de Santander y la investigación pendiente
Cúcuta y su área metropolitana han sido escenario recurrente de disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales que operan en la frontera con Venezuela, un factor que organizaciones de derechos humanos vinculan con el riesgo elevado que enfrentan periodistas y defensores en la región. La FLIP ha documentado un patrón de amenazas contra comunicadores que cubren temas de orden público en zonas de frontera, sin que ello implique, por sí solo, una conclusión sobre los móviles del asesinato de Herrera.
Tras el crimen surgieron detalles sobre el trabajo que el comunicador adelantaba antes de morir. Según reveló Caracol Radio, las autoridades tendrían en su poder apuntes y grabaciones de fuentes correspondientes a una investigación periodística que Herrera no alcanzó a publicar, relacionada con homicidios que venía documentando en Norte de Santander. Ese material formaría parte de las líneas que la Fiscalía General de la Nación exploraría para establecer si existe relación entre su trabajo periodístico y su asesinato.
La Fiscalía tiene a su cargo la investigación penal por el homicidio, un proceso que, dos meses después de los hechos, no registra avances públicos concretos sobre capturas o imputaciones, de acuerdo con la información disponible hasta la fecha.
La entidad tampoco había informado sobre el estado actual del trámite de emergencia iniciado el 11 de junio ni sobre una fecha estimada para que el caso llegue al CERREM. La decisión definitiva sobre el esquema depende de esa evaluación de riesgo, cuyo desenlace determinará si las medidas actuales se mantienen, se modifican o se retiran.
