El origen de la controversia está en unas declaraciones de Valencia, senadora y excandidata presidencial del Centro Democrático, en las que aseguró que su colectividad no era un partido de derecha. La afirmación generó reacciones divididas dentro de la propia bancada uribista y también fue recogida por congresistas de otras orillas, entre ellos Ocampo, quien difundió el video de Valencia acompañado de un comentario propio.
«Abelardo logrará algo histórico para Colombia, tal vez la única cosa, y es que los partidos se encuentren en las diferencias para defender la democracia de Colombia», escribió Ocampo. El congresista añadió que «ya sabemos que se dieron cuenta por qué es un presidente ilegítimo y por qué su forma de gobernar será fallida», sin mencionar al mandatario por su nombre.
La reacción resulta notoria por la filiación del autor: Ocampo integra el Pacto Histórico, la coalición que respalda al gobierno de Petro. Su mensaje, dirigido contra el propio mandatario que su bancada apoya, se produce en la antesala del final del actual periodo presidencial. El congresista no atribuyó a Valencia palabras distintas de las que ella misma pronunció, sino que empleó sus declaraciones para reforzar su cuestionamiento al jefe de Estado.
El Centro Democrático no emitió un pronunciamiento oficial y unificado sobre las declaraciones de Valencia ni sobre la respuesta de Ocampo. El partido fue fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez en 2013 y ha sido identificado tradicionalmente como una colectividad de derecha o centroderecha, heredera del movimiento uribista surgido tras el gobierno de Uribe (2002-2010). Que una de sus figuras más visibles cuestione esa etiqueta abre un interrogante sobre el posicionamiento estratégico de la colectividad de cara a futuros ciclos electorales.
Ni la Casa de Nariño ni voceros oficiales del gobierno respondieron al mensaje, que se enmarca en el ámbito de las declaraciones personales de un congresista y no compromete la posición institucional del ejecutivo. La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación tampoco se pronunciaron sobre su contenido, que corresponde a una opinión política amparada por la libertad de expresión que reconoce el artículo 20 de la Constitución Política.
Un cuestionamiento sin recorrido jurídico
El calificativo de «ilegítimo» remite a una controversia recurrente en el debate político colombiano sobre el resultado de las elecciones presidenciales de 2022, en las que Petro se impuso en segunda vuelta frente a Rodolfo Hernández. El marco normativo, sin embargo, no contempla mecanismos de deslegitimación por vía de declaraciones en redes sociales: la Constitución regula en su artículo 258 y siguientes el procedimiento de elección presidencial, y cualquier impugnación del resultado debe tramitarse ante el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, dentro de los plazos posteriores a la declaratoria de elección por parte del Consejo Nacional Electoral. No consta un proceso de esa naturaleza en curso contra la elección de Petro.
Las disputas retóricas entre gobierno y oposición no son inéditas en la historia reciente del país. Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), sectores de oposición cuestionaron de forma reiterada decisiones del ejecutivo sin que ello alterara el marco constitucional de sucesión presidencial. El propio uribismo enfrentó desde su fundación tensiones internas sobre su identidad ideológica, con corrientes de centro y de derecha bajo una misma sigla, un debate que las palabras de Valencia han vuelto a poner sobre la mesa.
El episodio se da en un momento de sensibilidad institucional, con la instalación de la nueva legislatura en el Congreso de la República el pasado 20 de julio conforme al calendario constitucional y en la antesala del relevo presidencial del 7 de agosto, fecha en que, según el artículo 190 de la Constitución, el presidente electo toma posesión ante el Congreso pleno.
De cara a los próximos días, el foco político estará en la transición hacia el nuevo gobierno que asumirá el 7 de agosto y en la actividad de la nueva legislatura, con las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes como primeros escenarios donde podrían manifestarse tensiones entre las bancadas, incluidas eventuales fisuras dentro del propio Pacto Histórico.
