El pronunciamiento no llegó acompañado de un decreto ni de una directiva formal conocida hasta el momento, sino que se limitó a un mensaje público dirigido a la cúpula de seguridad del país. En él, el jefe de Estado sostuvo que el hurto de hidrocarburos golpea directamente las finanzas de Ecopetrol y, por extensión, del Presupuesto General de la Nación.
De acuerdo con las cifras que el propio mandatario dijo estar recibiendo, cerca de 123.700 barriles de productos refinados —gasolina, diésel y nafta— importados o producidos por Ecopetrol estarían siendo hurtados cada mes en el país. De mantenerse ese ritmo, la cifra ascendería a más de 1,5 millones de barriles al año, con pérdidas que, según el cálculo presidencial, superarían los $500.000 millones para la petrolera estatal. De la Espriella advirtió, además, que la situación tendría un componente «más grave», sin precisar en el mensaje difundido en qué consistiría.
El foco de las pérdidas se concentraría, según el mensaje presidencial, en un poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país. Los departamentos de Cesar y Magdalena, por donde atraviesa esa infraestructura, concentrarían las principales afectaciones, de acuerdo con la información que el jefe de Estado dijo tener en su poder.
Un delito con raíces en el Magdalena Medio y la Costa Caribe
El hurto de hidrocarburos mediante perforación ilegal de poliductos —conocido en el argot policial como «válvulas ilícitas» o «puntos de sangrado»— no es un fenómeno nuevo en Colombia. Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en años anteriores han documentado estructuras criminales dedicadas a esta práctica en corredores estratégicos del Magdalena Medio y la Costa Caribe, con presunta participación de organizaciones armadas ilegales que emplearían el combustible sustraído para financiar otras actividades delictivas.
En distintos momentos de las últimas dos décadas, estos casos han derivado en imputaciones contra bandas organizadas, algunas con presunta connivencia de funcionarios locales o de contratistas vinculados a la operación de los poliductos. Los juzgados penales del circuito con competencia en los departamentos afectados han sido la instancia encargada de adelantar las audiencias de imputación bajo las reglas del sistema penal acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004, sin que hasta ahora exista constancia de que el mensaje del domingo derive en actuaciones judiciales concretas contra personas identificadas.
El poliducto Pozos Colorados-Galán, uno de los más extensos del sistema de transporte de combustibles operado por Cenit —filial de Ecopetrol—, figura entre los tramos con mayor incidencia de conexiones ilegales del país. La convocatoria presidencial a una operación conjunta sugiere la articulación de unidades de las Fuerzas Militares con la Policía Nacional, en particular con las especializadas en protección de infraestructura crítica.
Silencio de Ecopetrol y de la Fiscalía
Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento oficial de la Fiscalía sobre investigaciones abiertas específicamente a raíz del mensaje presidencial, ni un reporte formal de Ecopetrol que confirme de manera independiente las cifras mencionadas por el mandatario. La petrolera estatal, que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia y en la de Nueva York, está obligada a reportar afectaciones materiales relevantes a sus operaciones tanto a la Superintendencia Financiera como a la Securities and Exchange Commission de EE. UU.
La compañía, mayoritariamente estatal, reporta trimestralmente sus resultados financieros y operativos, y cualquier afectación de la magnitud señalada por el presidente debería reflejarse en sus próximos informes. La Contraloría General de la República, encargada de vigilar el manejo de los recursos públicos, tiene competencia para examinar las pérdidas patrimoniales vinculadas a la empresa.
El mensaje se enmarca en un patrón de comunicación directa con la cúpula militar y policial que ha caracterizado la gestión de seguridad del actual gobierno, que ha insistido en la protección de la infraestructura energética como parte de su agenda. La posible conexión entre el hurto de combustibles y estructuras de crimen organizado con control territorial en las zonas afectadas, cuando ha sido confirmada judicialmente en el pasado, ha derivado en investigaciones conjuntas entre la Fiscalía y organismos de inteligencia militar y policial.
El desarrollo del anuncio dependerá de la respuesta operativa que formulen en los próximos días el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares y la Dirección General de la Policía Nacional, así como de las eventuales cifras oficiales de Ecopetrol y de las actuaciones que abra la Fiscalía. Por ahora, el pronunciamiento constituye una señal de presión pública sobre las instituciones de seguridad, sin traducción todavía en directivas formales.
