De La Espriella, quien llegó a la Casa de Nariño con la seguridad como una de sus banderas centrales de gobierno, aprovechó la publicación para dirigirse directamente a Mordisco. «Vamos detrás de ti, Mordisco, no podrás escapar de la acción del Gobierno, de la determinación de nuestra Fuerza Pública. Cada gota de sangre que nuestros ciudadanos, nuestros policías y soldados han derramado por ti, será cobrada como corresponde», escribió el mandatario. El mensaje más contundente llegó al cierre: «Cuando menos piense, una bomba va a caer sobre ti, dalo por hecho. Te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia».
En la misma publicación, el presidente reafirmó su compromiso de recuperar la seguridad en las zonas donde los grupos armados ejercen violencia, y anunció que la Fuerza Pública contará con su respaldo total y que los operativos continuarán «todos los días». «Vamos a devolverle la paz a nuestro pueblo colombiano, pero no la que se negocia con los bandidos, sino la que se impone con las armas del Estado y las leyes de la República», complementó el jefe de Estado.
Quién es Mordisco y qué territorio disputa
Alias Iván Mordisco es uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las antiguas Farc que no se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y esa guerrilla, o que posteriormente retomaron las armas. Su estructura, conocida como Estado Mayor Central, ha mantenido presencia armada en departamentos como Guaviare, Caquetá, Meta y Putumayo, donde disputa territorio y economías ilegales —principalmente el narcotráfico— con otros grupos armados y con la Fuerza Pública.
El presidente vinculó el fortalecimiento reciente de estas estructuras con la política de «paz total» impulsada durante el gobierno anterior, el de Gustavo Petro, que buscó adelantar negociaciones simultáneas con distintos grupos armados ilegales, incluidas las disidencias de las Farc. De La Espriella sostuvo que esa estrategia habría permitido a estructuras como la de Mordisco ganar terreno y capacidad militar en varias regiones. Sectores del petrismo y organizaciones de derechos humanos han cuestionado ese diagnóstico, al señalar que la ausencia de sustitución de economías ilícitas y de presencia estatal integral es la causa estructural de la persistencia del conflicto armado.
La operación Azarías se suma a una serie de acciones militares reportadas por el gobierno en las últimas semanas contra las disidencias en el suroriente del país. El Ministerio de Defensa no ha emitido, hasta el momento, un comunicado oficial separado con el detalle técnico de la operación, por lo que las cifras conocidas públicamente provienen de la publicación presidencial.
La recuperación de dos menores de edad en el marco de la operación reabre el debate sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, una práctica documentada de manera reiterada por la Defensoría del Pueblo en zonas de presencia de las disidencias, particularmente en Guaviare, Caquetá y Putumayo.
El marco jurídico y el precedente de la seguridad democrática
El marco normativo que rige las operaciones militares contra grupos armados organizados en Colombia se sustenta en el derecho internacional humanitario y en las facultades constitucionales del presidente como comandante supremo de las Fuerzas Militares, según el artículo 189 de la Constitución Política. Las operaciones contra estructuras catalogadas como Grupo Armado Organizado —categoría que aplica a las disidencias de las Farc— deben ajustarse a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, cuyo cumplimiento es objeto de seguimiento por parte de la Procuraduría General de la Nación y, en casos que involucren presunta comisión de delitos durante el conflicto armado, de la Jurisdicción Especial para la Paz.
El uso de un lenguaje de confrontación directa frente a los grupos armados no es nuevo en la política colombiana. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, durante su gobierno entre 2002 y 2010, empleó de forma sistemática ese tono en el marco de la política de seguridad democrática, aunque sin las plataformas digitales que hoy permiten una difusión inmediata y sin filtros institucionales. La novedad, en el caso de De La Espriella, es el anuncio de resultados militares y mensajes personales a cabecillas a través de su cuenta en redes sociales.
Voceros de sectores de oposición al actual gobierno, así como analistas en seguridad, han pedido cautela frente al lenguaje empleado por el presidente, al considerar que las comunicaciones oficiales sobre operaciones militares deberían mantenerse dentro de canales institucionales verificables y evitar expresiones interpretables como amenazas personales fuera del marco del derecho operacional.
De cara a los próximos días, el gobierno anunció que los operativos militares contra las disidencias en el Guaviare y regiones vecinas continuarán de manera sostenida. Se espera que el Ministerio de Defensa presente un balance consolidado de la operación Azarías, así como los resultados judiciales derivados de las capturas reportadas, que deberán ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación conforme al procedimiento penal ordinario.
