El anuncio, hecho antes de la posesión presidencial prevista para el 7 de agosto, se dio en una transmisión en la que el mandatario electo ha venido perfilando su agenda legislativa inicial. Según sus palabras, la iniciativa se tramitaría como acto legislativo, la figura que en Colombia permite reformar la Constitución Política a través del Congreso mediante dos vueltas de cuatro debates cada una, conforme al artículo 375 de la Carta.
"Presentaré al Congreso de la República una propuesta de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida a nivel constitucional como la capital alterna de Colombia, por supuesto, junto con nuestra querida Bogotá", afirmó De la Espriella. El presidente electo insistió en que la propuesta no busca trasladar la sede del poder central: "No se trata de trasladar la capital del país, se trata de acercar el poder a los ciudadanos y demostrar que Colombia no se gobierna únicamente desde el centro, sino desde cada rincón de la patria".
La figura de capital alterna no existe hoy en la Constitución Política de 1991, cuyo artículo 322 establece a Bogotá, Distrito Capital, como sede de los poderes públicos nacionales. La creación de una figura adicional que otorgue rango constitucional a otra ciudad requeriría necesariamente el trámite de reforma que el propio De la Espriella dijo que impulsará, y no podría hacerse por decreto ni por vía administrativa una vez posesionado.
El mandatario electo detalló que, de prosperar la iniciativa, Barranquilla se convertiría en sede permanente de parte del despacho presidencial. "Barranquilla, queridos compatriotas, será una sede permanente de la Presidencia de la República. Desde el Batallón Paraíso y el Palacio de la Aduana voy a despachar, voy a realizar consejos de ministros, voy a recibir delegaciones nacionales e internacionales", señaló. El uso permanente de esas sedes para funciones de gobierno implicaría adecuaciones logísticas y de seguridad que no fueron precisadas.
Un reconocimiento constitucional, no un gobierno itinerante
La idea de llevar el Gobierno nacional a las regiones no es inédita en la historia política colombiana. Distintas administraciones han realizado consejos de ministros en ciudades intermedias como mecanismo de acercamiento territorial, sin que ello haya requerido reforma constitucional, pues se trata de actos de gestión administrativa y no de una modificación del estatus jurídico de una ciudad. La diferencia con la propuesta de De la Espriella radica en que plantea un reconocimiento constitucional permanente y no un ejercicio simbólico puntual.
El debate sobre el centralismo bogotano tiene raíces profundas en el país. La Constitución de 1991 fortaleció la autonomía de los entes territoriales y consolidó la descentralización administrativa, sin alterar la condición de Bogotá como capital única. El Caribe colombiano, por su parte, ha reclamado históricamente mayor participación en la distribución de recursos del Presupuesto General de la Nación y en la toma de decisiones económicas, una demanda planteada por gremios y autoridades locales de la región a lo largo de distintos gobiernos.
De la Espriella enmarcó la propuesta dentro de un discurso de gobierno con presencia territorial. "La Patria Milagro no será un gobierno encerrado en los muros de un palacio, será un gobierno en las calles, en los municipios, en la provincia, en los pueblos, en los departamentos y al lado de la gente, que es lo que me gusta a mí", concluyó, en referencia al nombre con el que ha bautizado su proyecto político.
Hasta el momento no se conocen reacciones oficiales de la alcaldía de Barranquilla ni de la alcaldía de Bogotá sobre el anuncio, como tampoco pronunciamientos de bancadas del Congreso frente a una iniciativa que, de radicarse, tendría que surtir el trámite ordinario de comisión y plenaria en ambas cámaras, con los quórums que exige toda reforma constitucional.
El trámite de un acto legislativo en Colombia exige aprobación en ocho debates —cuatro en cada una de las dos vueltas que ordena la Constitución— en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, además de la publicación previa del proyecto. Una vez sancionado, la reforma quedaría expuesta a eventuales demandas de inconstitucionalidad que podrían llegar a la Corte Constitucional.
De la Espriella asumirá la Presidencia de la República el 7 de agosto de 2026, fecha en la que tradicionalmente los mandatarios entrantes presentan ante el Congreso las líneas generales de su agenda legislativa. Será entonces cuando se conozca si la propuesta sobre Barranquilla se radica formalmente y bajo qué términos técnicos, dado que hasta ahora solo ha sido enunciada públicamente, sin que se conozca el articulado del proyecto.
