El mandatario calificó el resultado como un "golpe demoledor" contra la estructura que opera en Guaviare, uno de los departamentos de la Colombia amazónica con mayor presencia histórica de grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico y la minería ilegal. Alias 'Tigre', de acuerdo con el reporte presidencial, era hombre de confianza directo de 'Iván Mordisco', máximo cabecilla del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz firmado en 2016.
La estructura Carolina Ramírez, que opera principalmente en Guaviare y zonas limítrofes con Meta y Caquetá, ha sido señalada por autoridades judiciales y de inteligencia como uno de los engranajes armados del Estado Mayor Central en el suroriente del país, con injerencia en cultivos de uso ilícito, cobro de extorsiones y control territorial sobre corredores usados para el tráfico de estupefacientes hacia las fronteras con Brasil y Venezuela.
Del combate al reporte judicial obligatorio
Por tratarse de un operativo militar con resultado de bajas en combate, y no de una actuación judicial en fase de indagación, el caso no se tramita en su origen ante un juzgado penal ni ante la Fiscalía General de la Nación. No obstante, cualquier muerte en desarrollo de operaciones militares en Colombia es objeto de reporte obligatorio ante la Fiscalía General de la Nación y, en su caso, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) si existiera conexión con el conflicto armado, para verificar el cumplimiento del derecho internacional humanitario y las reglas de enfrentamiento.
Hasta el momento no se conoce un comunicado oficial y detallado del Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares o la Fiscalía General de la Nación que precise fecha exacta, coordenadas, unidad militar interviniente y circunstancias específicas del combate. Tampoco se ha difundido la identidad plena de alias 'Tigre' ni el radicado bajo el cual eventualmente se documentaría el hecho.
Las cinco capturas reportadas dentro de la Operación Azarías deberían derivar, conforme al procedimiento penal regulado por la Ley 906 de 2004, en audiencias de legalización de captura ante un juez de control de garantías dentro de las 36 horas siguientes, momento en el cual la Fiscalía deberá formular imputación si cuenta con elementos materiales probatorios suficientes. Hasta ese momento procesal, los capturados conservan la condición de indiciados y no puede presumirse su responsabilidad penal.
Los dos menores de edad recuperados durante la operación, según el reporte presidencial, entrarían bajo la ruta de protección integral del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), organismo encargado de garantizar sus derechos y de adelantar el proceso de restablecimiento cuando se trata de niños, niñas o adolescentes reclutados forzosamente por grupos armados organizados, una práctica calificada como crimen de guerra por el derecho internacional humanitario y por la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada.
El reclutamiento de menores por parte de estructuras disidentes de las FARC ha sido objeto de pronunciamientos previos de la JEP, que en el Auto 029 de 2021 abrió el Macrocaso 07 precisamente para investigar este fenómeno a nivel nacional, aunque ese proceso se circunscribe a excombatientes acreditados ante el sistema de justicia transicional y no necesariamente cobija a las disidencias armadas que continúan operando al margen del acuerdo de paz.
Iván Mordisco, cuyo nombre real es Néstor Gregorio Vera Fernández, encabeza el Estado Mayor Central desde la ruptura del proceso de paz por parte de varios frentes disidentes. Su estructura ha sido señalada por organismos como Indepaz y la Defensoría del Pueblo como responsable de desplazamientos forzados, confinamientos y enfrentamientos con otros grupos armados, entre ellos las disidencias vinculadas a alias 'Calarcá', con quienes ha sostenido disputas territoriales en el sur del país.
El fantasma de San Vicente del Caguán
El precedente más citado en la memoria reciente sobre operaciones de este tipo es el bombardeo de San Vicente del Caguán en 2021, ordenado durante el Gobierno de Iván Duque, que dejó varios menores de edad muertos y generó una intensa controversia jurídica y política sobre las reglas de enfrentamiento aplicables cuando en las filas de estructuras armadas ilegales hay reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Aquel episodio derivó en pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación y en revisiones de los protocolos militares.
El Gobierno de De La Espriella, que asumió la política de seguridad con un enfoque de ofensiva militar declarada contra las disidencias de las FARC y otras estructuras armadas, no ha precisado todavía si la Operación Azarías se enmarca en una directiva operacional específica ni si existen protocolos reforzados para la protección de menores en este tipo de acciones, un punto que previsiblemente será objeto de preguntas en los próximos debates de control político en el Congreso de la República.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de oposición han solicitado en el pasado, ante operaciones similares, que el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación entreguen información detallada sobre las circunstancias de cada baja en combate, particularmente cuando existe riesgo de presencia de menores reclutados, con el fin de descartar violaciones al derecho internacional humanitario y garantizar la trazabilidad judicial de cada operación.
A la espera de un pronunciamiento oficial más detallado del Ministerio de Defensa o del Comando General de las Fuerzas Militares, y de la eventual actuación de la Fiscalía frente a las capturas, el caso de alias 'Tigre' y de la estructura Carolina Ramírez quedará como referencia dentro del expediente más amplio sobre el conflicto armado que persiste en el suroriente colombiano. Su desenlace judicial dependerá de las diligencias que se surtan en las próximas semanas ante los jueces de control de garantías y, eventualmente, ante la JEP.
