El peaje de Mondomo se ubica sobre la vía Panamericana, corredor que conecta a Cali con Popayán y, más al sur, con Pasto y la frontera ecuatoriana. Se trata de un eje estratégico para el transporte de carga y para la movilidad de miles de personas que a diario cruzan entre el centro del país y el suroccidente, zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales.
El ataque contra la infraestructura del peaje se produjo en un contexto de tensión que ya venía reportándose en varios municipios del Cauca y de Nariño, con amenazas dirigidas contra autoridades locales, líderes comunitarios y, en algunos casos, contra la fuerza pública. La coincidencia temporal de estos episodios encendió las alertas entre gobernaciones, alcaldías y organismos de derechos humanos de la región.
Cauca y Nariño integran, junto con Putumayo y el sur del Valle del Cauca, una de las zonas del país con mayor disputa territorial entre estructuras armadas ilegales, herederas en parte de las disidencias de las antiguas FARC que no se acogieron al Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y esa guerrilla. La geografía de montaña, la cercanía con el océano Pacífico y la salida hacia Ecuador convierten a esta franja en corredor de interés para economías ilegales.
Rechazo de las autoridades y verificación en curso
Las autoridades del Cauca rechazaron el ataque contra el peaje de Mondomo, según la información disponible, y reiteraron el llamado a la fuerza pública para intensificar los operativos sobre la vía Panamericana. La protección de este corredor resulta prioritaria no solo por su valor comercial, sino porque su cierre o deterioro afecta el abastecimiento de buena parte del suroccidente del país.
Hasta el momento no se ha entregado un reporte detallado sobre autoría o víctimas asociadas al ataque de Mondomo, por lo que cualquier atribución a un grupo armado en particular debe tomarse con reserva mientras avanzan las labores de verificación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades militares desplegadas en la zona.
La Defensoría del Pueblo ha documentado en informes previos sobre el Cauca y Nariño un patrón de amenazas contra líderes sociales, exguerrilleros firmantes del acuerdo de paz y funcionarios municipales, episodios que en ocasiones anteceden a hechos de violencia mayor contra infraestructura vial o económica. Ese antecedente sustenta la cautela con la que autoridades locales observan la sucesión reciente de hechos en la región.
Un corredor con historial de bloqueos armados
El Cauca ha sido escenario histórico de ataques contra peajes y vías, utilizados por estructuras armadas como forma de presión, extorsión o control territorial. Desde la década de los noventa, cuando las FARC y otros grupos insurgentes bloqueaban corredores viales para imponer paros armados, la vía Panamericana ha sido objeto recurrente de este tipo de acciones, con episodios registrados también en la última década en jurisdicciones como Buenos Aires, Corinto y El Tambo.
La política de seguridad del gobierno nacional para el Cauca y Nariño se ha basado en los últimos años en el despliegue de unidades del Ejército y la Policía Nacional, combinado con procesos de diálogo regional impulsados desde la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el marco de la política de «paz total» que el gobierno ha buscado adelantar con distintas estructuras armadas. Ese proceso mantiene avances desiguales según la subregión y el grupo armado con el que se negocia.
Voceros de organizaciones sociales del Cauca han insistido en que la respuesta a estos hechos no puede limitarse al componente militar, sino que requiere inversión social y presencia institucional sostenida en los municipios más afectados por el conflicto. Esa posición ha sido reiterada en debates de control político en el Congreso de la República sobre el orden público en el suroccidente.
Sectores de la oposición han cuestionado en el Congreso la efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno nacional en esta región, mientras representantes del Ejecutivo han defendido que los indicadores de la fuerza pública muestran resultados en la captura de responsables de hechos similares. Ambas posiciones coexisten sin que, hasta el momento, exista un balance oficial unificado sobre el ataque puntual al peaje de Mondomo.
La Procuraduría General de la Nación, que tiene entre sus funciones la vigilancia de la función pública y la protección de derechos en zonas de conflicto, no se ha pronunciado de manera específica sobre este episodio, aunque mantiene abiertas líneas de seguimiento a la situación de derechos humanos en el Cauca.
De cara a los próximos días, se espera que la Fiscalía General de la Nación y las autoridades militares entreguen un reporte más detallado sobre lo ocurrido en Mondomo, incluidas eventuales capturas o la identificación de responsables. La gobernación del Cauca y la alcaldía de Santander de Quilichao han anunciado reuniones de coordinación con la fuerza pública para evaluar medidas adicionales de protección sobre la vía Panamericana, corredor cuya operación normal resulta clave para el comercio regional y para la conectividad del suroccidente con la frontera ecuatoriana.
