De acuerdo con la reconstrucción de los hechos difundida por la fiscalía capitalina, la víctima regresó a su vivienda en Miguel Hidalgo y encontró la puerta de acceso forzada. Al ingresar, sorprendió a tres hombres dentro del inmueble, quienes huyeron al notar su presencia. Según la misma versión, dos de los presuntos responsables escaparon a bordo de un auto conducido por un cuarto implicado, que habría fungido como cómplice en la huida, mientras que Omar «N» habría escapado a pie.
La identificación del imputado, señaló la fiscalía, se logró mediante el análisis de videograbaciones captadas por cámaras particulares instaladas en la zona y el cruce de información realizado por agentes de la Policía de Investigación (PDI), adscrita a la propia FGJ-CDMX. Posteriormente, la víctima lo reconoció durante una diligencia ministerial, elemento que, de acuerdo con la dependencia, resultó determinante para solicitar la orden de aprehensión.
La orden fue cumplimentada el 26 de julio, al término de una audiencia que Omar «N» enfrentaba por delitos contra la salud, lo que indica que el señalado ya se encontraba bajo escrutinio de las autoridades capitalinas por otra causa penal antes de este nuevo proceso. Un día después se desahogó la audiencia inicial por el robo en Miguel Hidalgo.
Qué implica la vinculación a proceso
En esa audiencia, el juez de control determinó la vinculación a proceso —el paso procesal que, conforme al artículo 19 de la Constitución, formaliza la investigación en contra de una persona sin que ello implique culpabilidad— e impuso la prisión preventiva como medida cautelar, además de fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, etapa en la que el Ministerio Público y la defensa reúnen los elementos que sustentarán, en su caso, una acusación formal. La prisión preventiva busca garantizar la comparecencia del imputado y evitar el riesgo de fuga o de obstaculización; no constituye pena ni implica un pronunciamiento sobre responsabilidad penal, la cual solo puede establecerse mediante sentencia firme.
El marco procesal proviene de la reforma constitucional de 2008, que instauró en todo el país el sistema penal acusatorio, oral y adversarial, plenamente vigente desde 2016. Bajo este esquema, sustituyó al modelo inquisitorio previo la figura de la vinculación a proceso, que reemplazó al antiguo auto de formal prisión. El robo a casa habitación en grado de tentativa —que se configura cuando el delito no se consuma por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo, como en este caso, en que los presuntos responsables fueron sorprendidos antes de sustraer bienes— se sanciona en el Código Penal para la Ciudad de México con penas que se agravan cuando media violencia, uso de armas o pluralidad de sujetos, circunstancias que corresponderá acreditar al Ministerio Público.
La fiscalía capitalina precisó que Omar «N» cuenta con detenciones previas por delitos contra la salud y que actualmente es investigado por al menos otros tres robos a casa habitación registrados en la Ciudad de México, sin que se haya reportado el estatus procesal de esas carpetas adicionales. Las autoridades lo relacionan, además, con un grupo delictivo que presuntamente opera en las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, dedicado a delitos contra el patrimonio, aunque la dependencia no detalló la estructura ni el número de integrantes de esa organización.
Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la defensa del imputado ni su versión sobre los hechos, por lo que la única narrativa disponible es la aportada por el Ministerio Público. Conforme al principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20 constitucional, Omar «N» conserva ese estatus mientras no exista una sentencia condenatoria y podrá controvertir los elementos de prueba durante las etapas subsecuentes del proceso.
La FGJ-CDMX no difundió el número de carpeta de investigación ni el nombre completo del imputado, en apego a los protocolos de protección de datos personales que rigen la información sobre personas vinculadas a proceso mientras no exista sentencia. Esta reserva es práctica habitual de las fiscalías del país tras la entrada en vigor de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Con el plazo de un mes fijado por el juez, la siguiente etapa relevante será la eventual formulación de una acusación por parte del Ministerio Público, momento en que se definirá si el caso avanza hacia la etapa intermedia y, posteriormente, a juicio oral. La fiscalía capitalina no ha informado si las otras tres carpetas por robo a casa habitación atribuidas a Omar «N» se acumularán a este proceso o se tramitarán de forma independiente, decisión que también podría incidir en los tiempos de la causa.