El operativo ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde del viernes, cuando la patrulla municipal 005 detuvo el vehículo en el que viajaba López junto a sus familiares. Los agentes le hicieron el alto, lo bajaron y lo subieron a la unidad, mientras obligaban al resto de los ocupantes a retirarse del lugar, de acuerdo con el relato de los parientes.
A partir de ese momento, la familia no logró comunicarse con López ni obtener información sobre su paradero. Los familiares acudieron a buscarlo a Coyuca de Benítez, sin que se les confirmara la detención ni el lugar donde permanecía.
El eje de la denuncia familiar es que los policías municipales, según su versión, nunca trasladaron a López a la comandancia ni lo pusieron a disposición de un Ministerio Público, paso obligatorio tras cualquier detención para que un fiscal determine si existen elementos para judicializar el caso o dejar en libertad al detenido. Esa ausencia de registro formal es lo que los parientes califican como desaparición forzada, delito que se configura cuando servidores públicos privan de la libertad a una persona y niegan u ocultan su paradero.
Dos días después de la detención, el cuerpo de López fue localizado sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, en el tramo de la comunidad de El Papayo, dentro del propio municipio de Coyuca de Benítez. Presentaba múltiples heridas por arma de fuego y señales de tortura, según la descripción de los hechos.
Los familiares plantearon ante la Fiscalía General del Estado de Guerrero que se investigue a los policías municipales que participaron en la detención, por los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado. La entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, publicada en 2017, obliga a las fiscalías estatales a integrar carpetas específicas por este delito y coordinarse con las comisiones de búsqueda, un marco que rige la exigencia de los parientes.
La desaparición forzada con participación de agentes del Estado tiene en Guerrero su caso más citado: la desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014, en Iguala, en la que la investigación federal documentó la actuación de policías municipales. Ese antecedente marcó la creación de una fiscalía especializada y una comisión de la verdad para el caso.
El episodio se suma a otros hechos de violencia registrados en Guerrero en los últimos días. La tarde del lunes fue asesinado a balazos el creador de contenido Emerson Rey junto a su padre, frente a su domicilio en la comunidad de Tenexpa, municipio de Tecpan, también en la Costa Grande, de acuerdo con el reporte policiaco. Rey administraba una página de Facebook con contenido cultural, deportivo y turístico del municipio.
La violencia armada que atraviesa varias entidades del país ha dejado episodios como los diez homicidios cometidos en una sola jornada en cinco municipios de Guanajuato. En el caso de López, la exigencia de los familiares está ahora en manos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, señalada por ellos como responsable de investigar a los agentes de la patrulla 005.