El acta del fallo precisa que el monto adjudicado a Territorium Life por la partida única asciende a $3,009,600.30 antes del Impuesto al Valor Agregado, cantidad que cubre los cuatro ejercicios fiscales. El documento sostiene que la oferta "resultó solvente, porque cumple con los requisitos administrativos, legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, sus anexos, así como lo señalado en la junta de aclaraciones del presente procedimiento de contratación".
El Centro Virtual INE es la plataforma mediante la cual el instituto diseña, opera y controla las actividades de capacitación y profesionalización de su personal. Según el propio INE, uno de los principales propósitos del centro es atender recomendaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2012, en el sentido de que el instituto cuente con un centro de profesionalización de sus cuadros técnicos y administrativos.
El anexo técnico del contrato detalla que la plataforma deberá incorporar algoritmos de inteligencia artificial capaces de generar alertas ante "comportamientos sospechosos" durante la aplicación de evaluaciones en línea al personal del instituto. El documento especifica que el sistema debe "incluir opciones de monitoreo supervisado y automatizado por medio de algoritmos de inteligencia artificial que generen alertas constantes relacionadas con comportamientos sospechosos de cada persona evaluada durante la aplicación de la evaluación".
La plataforma también debe bloquear de manera automática cualquier navegador o aplicación distinta de la evaluación en curso, así como restringir el acceso a la barra de herramientas, con el propósito declarado de impedir que las personas evaluadas consulten fuentes externas mientras se aplica una prueba. A ello se suma una herramienta de detección de plagio que debe revisar las tareas entregadas y determinar si existe información copiada de algún sitio web, y de cuál en específico. El contrato exige, además, que el sistema garantice el acceso simultáneo del número de personas usuarias que el INE requiera, sin que ello afecte el desempeño.
Un proveedor con más de 218 mdp en contratos públicos
El caso cobra relevancia por el desempeño previo de Territorium Life en otro proceso de evaluación en línea. La empresa aplicó el examen de ingreso a la UNAM que la propia universidad debió cuestionar tras detectar anomalías: alumnos estáticos durante la prueba, fondos de pantalla similares y direcciones IP idénticas entre distintos aplicantes. Esas irregularidades, de acuerdo con la información difundida, derivaron en investigaciones abiertas por la máxima casa de estudios.
La firma ha acumulado en los últimos años decenas de contratos que suman más de 218 mdp con instituciones públicas, entre ellas el propio INE, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y universidades públicas, según la información revelada el 28 de julio. Entre esas adjudicaciones figura el control de exámenes para la carrera judicial, con tres contratos que suman alrededor de 50 mdp, en el marco de la reforma al Poder Judicial que contempló la elección de juzgadores por voto popular.
El mecanismo de licitación pública que dio origen al contrato se rige por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que obliga a los entes convocantes —en este caso el INE— a fundamentar la adjudicación en criterios de solvencia técnica, legal y económica y a dejar constancia de ello en actas públicas como la revisada. El procedimiento LI-INE-072/2023 se ajustó, según consta en el expediente, a esas disposiciones.
La contratación de aplicadores externos para procesos de evaluación masiva en instituciones públicas mexicanas ha sido objeto de escrutinio en el pasado. Los cuestionamientos a exámenes estandarizados operados por terceros —como los que administra el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) desde la década de 1990— han derivado en episodios de revisión de los criterios de contratación y de las condiciones técnicas exigidas a los proveedores, un debate que resurge ahora con las plataformas de evaluación en línea.
Sin pronunciamiento sobre la continuidad
Ni el INE ni Territorium Life han emitido un pronunciamiento público específico sobre la continuidad del contrato del Centro Virtual a la luz de las investigaciones abiertas por la UNAM. En el ámbito del Poder Judicial, el Órgano de Administración Judicial ha señalado que no mantiene tratos vigentes con la empresa, aunque reconoció contrataciones anteriores realizadas durante la gestión de Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El contrato con el INE permanecerá vigente, conforme al fallo de diciembre de 2023, hasta el cierre del ejercicio fiscal 2027, lo que abre la vía a que la ASF y la Cámara de Diputados revisen su ejecución en las fiscalizaciones de la Cuenta Pública correspondientes a esos años. La magnitud de los contratos acumulados por Territorium Life en el sector público y el antecedente del examen fallido de la UNAM sitúan el tema como posible materia de puntos de acuerdo o solicitudes de comparecencia en San Lázaro durante el próximo periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura.