El pronunciamiento de los prelados, divulgado por la arquidiócesis de Bogotá, evitó cualquier mención directa a la clase política, pero su llamado a la unidad se leyó como un exhorto a las autoridades de todos los niveles para que la respuesta a la tragedia se mantenga al margen de las disputas partidistas. «Un terremoto sacudió a Colombia y nos hizo pensar en nuestra fragilidad humana y social», señalaron el cardenal y los obispos auxiliares, quienes citaron el pasaje bíblico de la mano tendida de Jesús a Pedro como metáfora de la ayuda mutua que reclama el momento.
Los religiosos sostuvieron que la coyuntura exige «corresponsabilidad en la cultura del cuidado recíproco» y pidieron a los colombianos «avanzar sin desfallecer hacia la unidad de todos los colombianos». El texto reclama «obrar en favor de quienes perdieron a sus seres queridos, y levantando a quienes quedaron sin techo o sin trabajo», y cierra con una rogativa: «¡Señor, sálvanos! ¡Virgen María, acompáñanos con tu amor de Madre!». Los firmantes afirmaron que la tragedia «no tiene ideología».
Según el reporte oficial entregado por el presidente De La Espriella al mediodía de este lunes, el balance asciende a 111 muertos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas y 37 viviendas destruidas. El mandatario precisó además que 61 edificios colapsaron, 18 centros de salud resultaron afectados y 52 centros educativos sufrieron averías, un cuadro de daños que compromete la atención médica y la continuidad escolar en las zonas golpeadas por el sismo.
La infraestructura de movilidad tampoco escapó al impacto: la Presidencia reportó 18 vías afectadas y seis aeropuertos con daños en su infraestructura, actualmente sin operación para vuelos comerciales, lo que complica tanto la evacuación de heridos como el ingreso de ayuda humanitaria. El cierre simultáneo de varias terminales aéreas obliga a privilegiar corredores terrestres para el traslado de insumos médicos y equipos de rescate, en un país donde la geografía montañosa representa un desafío logístico permanente para la atención de emergencias.
El propio Gobierno advirtió que las cifras de fallecidos y heridos podrían aumentar en las próximas horas, a medida que avancen las labores de remoción de escombros en los edificios colapsados y se complete el censo de daños en las zonas rurales, históricamente más lentas de reportar. La experiencia de sismos anteriores muestra que el balance definitivo suele consolidarse solo días después del evento inicial: el terremoto que golpeó a Popayán en 1983 y el del Eje Cafetero en 1999 —este último con más de mil víctimas— reajustaron al alza sus cifras conforme avanzaron las tareas de rescate.
La respuesta institucional y el marco de reconstrucción
La magnitud de los daños plantea a la administración De La Espriella el reto inmediato de articular la respuesta de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como eje operativo. La coordinación entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías de los municipios afectados será determinante para la fase de atención humanitaria inmediata, mientras se define el alcance de la declaratoria de calamidad pública que suele acompañar a este tipo de emergencias, con cargo a los fondos de gestión del riesgo previstos en la normativa vigente y, eventualmente, al Presupuesto General de la Nación.
La destrucción de viviendas y el colapso de edificios reabren el debate sobre el cumplimiento de la Norma Sismo Resistente Colombiana (NSR-10), que establece los estándares mínimos de construcción para zonas de riesgo sísmico. Organismos de control como la Contraloría General de la República suelen examinar tras cada evento de gran magnitud si las edificaciones colapsadas cumplían esos parámetros, un ejercicio de fiscalización que ha acompañado a desastres anteriores en el país.
El llamado del cardenal Rueda se inscribe en el papel histórico de la Iglesia católica como factor de mediación y contención social en Colombia, desde los procesos de paz hasta los desastres naturales. Su intervención no sustituye, sin embargo, las responsabilidades del Estado en materia de reconstrucción de vivienda, restablecimiento de servicios públicos y atención a las familias que perdieron a sus seres queridos o quedaron sin techo.
El precedente del Eje Cafetero de 1999 ofrece un modelo de referencia: el Gobierno de la época creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), financiado con recursos extraordinarios para canalizar la reconstrucción de las zonas devastadas. Ese esquema de fondo especial es citado como antecedente ante la magnitud de los daños reportados este lunes, en un momento en que el Congreso de la República se encuentra fuera de sus periodos ordinarios de sesiones, lo que podría requerir convocatorias extraordinarias si el Ejecutivo estima necesario tramitar con urgencia adiciones presupuestales.
En los próximos días se espera que el Gobierno nacional presente un balance más detallado y consolidado de los daños, junto con un cronograma de intervención en las zonas más golpeadas. La reapertura de los seis aeropuertos afectados y el restablecimiento de las vías con daños estructurales figuran como las prioridades inmediatas, en tanto continúan las labores de búsqueda y rescate en los edificios colapsados y la Iglesia mantiene su llamado al «diálogo, la concordia y la paz».
