La ATDT fue creada para centralizar la política de gobierno digital y telecomunicaciones del país, con el mandato de construir plataformas únicas que permitan realizar gestiones sin acudir físicamente a ventanillas. El convenio con los estados se inscribe en esa lógica: establecer un marco común para que trámites como licencias, permisos, registros civiles o gestiones fiscales locales compartan estándares técnicos y de interoperabilidad con los sistemas federales.
La dispersión de requisitos y plataformas entre municipios, estados y la federación ha sido señalada de forma recurrente como uno de los principales obstáculos a la competitividad administrativa. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y diversas cámaras empresariales han apuntado en sus diagnósticos que la falta de homologación entre entidades encarece y retrasa procesos como la apertura de negocios o la obtención de permisos de construcción.
El convenio no es una figura jurídica nueva en la relación entre la federación y los estados. El país cuenta con una larga tradición de acuerdos de coordinación administrativa y fiscal, con antecedentes como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, vigente desde 1980, que sentó un precedente de cooperación entre órdenes de gobierno para homologar criterios y evitar duplicidades. Los convenios de simplificación administrativa suscritos en sexenios anteriores, entre ellos los impulsados en su momento por la entonces Comisión Federal de Mejora Regulatoria, persiguieron objetivos similares con resultados desiguales entre entidades.
Brecha tecnológica entre entidades
Uno de los retos que enfrentará la implementación del acuerdo es la heterogeneidad tecnológica y presupuestal entre estados. Mientras entidades como la Ciudad de México, Jalisco o Nuevo León cuentan con plataformas digitales de trámites relativamente consolidadas, otras con menor capacidad fiscal han avanzado con mayor lentitud en la digitalización de sus servicios. El financiamiento adicional para que los estados con menos recursos técnicos adapten sus sistemas a los estándares federales figura entre los puntos que los organismos empresariales consideran determinantes para el éxito de este tipo de pactos.
El convenio se firma en un contexto en el que el gobierno federal ha colocado la digitalización de trámites como una de las prioridades de su agenda, con antecedentes como la plataforma llave.gob.mx, orientada a centralizar la identidad digital de los ciudadanos para el acceso a servicios públicos. La coordinación con los estados es un paso necesario para que esa estrategia federal alcance trámites que, por diseño constitucional, corresponden a las entidades federativas o a los municipios.
Gobiernos estatales de distintas fuerzas políticas —morenistas, panistas y de otras bancadas— participaron en la firma, en lo que se plantea como un esfuerzo de coordinación intergubernamental. Esa naturaleza distinguiría al convenio de otras iniciativas de digitalización que han quedado circunscritas al ámbito estrictamente federal.
El marco normativo que sustenta este tipo de convenios se encuentra en la Ley General de Mejora Regulatoria y en las disposiciones constitucionales sobre coordinación administrativa, que permiten a la federación y a los estados suscribir acuerdos de colaboración en materias de competencia concurrente. La Ley de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones faculta al organismo a promover la interoperabilidad de sistemas digitales entre órdenes de gobierno.
Hasta el momento, la ATDT no ha detallado públicamente un calendario preciso de implementación ni las metas cuantitativas del convenio, como el número de trámites que serían homologados en el corto o mediano plazo. Tampoco ha precisado si el acuerdo contempla recursos adicionales para las entidades con menor capacidad técnica. Especialistas en gobierno digital han advertido en el pasado que el éxito de estos convenios depende en gran medida de su implementación efectiva y no solo de la firma formal del acuerdo.
El seguimiento del convenio dependerá, en las próximas semanas, de que la ATDT y los gobiernos estatales publiquen los términos completos y un cronograma verificable de metas. La Cámara de Diputados, a través de comisiones como la de Gobernación y Población, podría solicitar información adicional sobre los alcances del pacto una vez que arranque el periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura, el 1 de septiembre.