«En el Senado le plantearon que no estamos cumpliendo con la cuota del agua. Y eso es falso, estamos cumpliendo perfectamente y hay total acuerdo con Estados Unidos. Y este año, que esperamos que llueva más todavía, se va a cumplir. O sea, no hay ningún problema, en este momento, con el tema del agua», señaló Sheinbaum ante los reporteros acreditados en la mañanera.
La presidenta fue enfática en separar dos asuntos que, subrayó, transitan por vías distintas: el reparto hídrico se rige por su propio tratado bilateral y no forma parte del capítulo comercial que Estados Unidos, México y Canadá negocian. La aclaración busca despejar cualquier interpretación de que Washington pudiera condicionar la continuidad del T-MEC al cumplimiento del suministro de agua, un vínculo que hasta ahora no consta en la posición oficial de ninguno de los tres gobiernos.
El tratado que regula el reparto de aguas entre ambos países data de 1944 y distribuye los caudales de los ríos Bravo y Colorado mediante ciclos quinquenales de entrega. México debe transferir a Estados Unidos volúmenes del río Bravo, mientras que su vecino entrega agua del Colorado a territorio mexicano. El mecanismo ha sido fuente recurrente de fricción binacional, en particular en años de sequía en el norte del país, cuando productores agrícolas de entidades como Chihuahua y Tamaulipas han reportado dificultades para cumplir los envíos comprometidos.
La disputa por el agua no es nueva en la relación con Washington. En el ciclo 2020-2025, el retraso mexicano en las entregas del río Bravo derivó en tensiones que, en octubre de 2020, incluyeron la toma de la presa La Boquilla en Chihuahua por parte de productores que se oponían a liberar agua hacia Estados Unidos, un episodio que dejó una persona fallecida y evidenció el costo político interno de cumplir el tratado en temporada de escasez.
El reclamo de los legisladores texanos se produce mientras avanza la revisión del T-MEC, tratado en vigor desde 2020 en sustitución del TLCAN. El acuerdo incorpora una cláusula de revisión conjunta —inédita respecto al pacto previo— que obliga a los tres gobiernos a evaluar su vigencia en 2026 y decidir si se prorroga por 16 años adicionales o se somete a ajustes. La administración del reparto hídrico, en cambio, corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas, organismo binacional ajeno al andamiaje comercial.
Contenidos musicales: la prohibición, facultad estatal
En otro momento de la conferencia, Sheinbaum abordó las restricciones que gobiernos estatales han impulsado contra presentaciones musicales que hacen apología del delito o exaltan la violencia. La mandataria descartó que su gobierno vaya a promover una prohibición de alcance federal sobre este tipo de contenidos, al considerar que la vía más efectiva es la educación y la concientización social, no la censura.
«Es decir, ya no se invita a grupos que tengan que ver con grupos delictivos, sobre violencia, sobre el consumo de drogas o sobre misoginia», explicó la presidenta al describir las medidas que algunas entidades han adoptado, y aclaró que dichas restricciones recaen sobre las presentaciones públicas y no sobre la música como expresión artística.
Sheinbaum reconoció que los estados cuentan con facultades para restringir estos espectáculos en su territorio, aun cuando el gobierno federal no comparta la prohibición como estrategia preferente. «Creemos que es más importante la educación y la promoción que la prohibición, expresión, pero cada estado tiene derecho a generar estas prohibiciones», reiteró la titular del Ejecutivo federal, distinguiendo entre la política pública nacional y las atribuciones locales sin cuestionar su validez jurídica.
La postura toca un terreno constitucionalmente sensible. El artículo 6º de la Constitución garantiza la libertad de expresión, mientras que las entidades federativas conservan competencia para regular espectáculos públicos en el marco de su autonomía. Ese equilibrio ha alimentado el debate en meses recientes, cuando varios gobiernos estatales vetaron conciertos de intérpretes de corridos tumbados, medidas que enfrentan la libertad artística con argumentos de seguridad pública.
Para marcar el límite entre lo que sí regula y lo que no, la mandataria trazó un paralelismo con la restricción a la venta de alimentos con alto contenido de azúcar en las escuelas, respaldada por su gobierno con argumentos de salud pública. «Estamos protegiendo la salud de las niñas y de los niños por los problemas de diabetes e hipertensión», dijo. México encabeza desde hace años los índices de obesidad infantil en la región, un factor que las autoridades sanitarias vinculan al aumento de la diabetes tipo 2.
La presidenta también aludió al debate sobre la regulación del uso de celulares y redes sociales en el entorno escolar, que consideró pertinente por su relación directa con el proceso educativo, aunque no anunció iniciativa alguna en la materia durante la conferencia.
Ambos asuntos —el tratado de aguas y la regulación de contenidos musicales— quedan por ahora en el terreno de las declaraciones presidenciales, sin iniciativas legislativas anunciadas ante el Congreso de la Unión. Corresponderá a la relación bilateral con Washington, en el marco de la revisión del T-MEC prevista para este año, confirmar si el tema hídrico permanece efectivamente fuera de la mesa comercial, mientras que las prohibiciones a espectáculos musicales seguirán dependiendo del criterio de cada legislatura estatal.