Según el reporte inicial, el hecho se produjo cuando la mujer se encontraba trabajando en la estación de servicio, un espacio de atención al público. Los sujetos la habrían sacado del lugar y montado en una camioneta con la que huyeron por vías del municipio, ubicado en el departamento del Cauca, una de las zonas del país con mayor presencia histórica de estructuras armadas ilegales. Hasta el momento no se conocen exigencias ni comunicaciones de los responsables.
La familia de Katherin Yulieth Camayo pidió públicamente que se respete su vida y que sea liberada con prontitud. La angustia de los allegados aumentó ante la ausencia de información sobre el lugar al que habría sido llevada, un silencio que en este tipo de hechos suele prolongar la incertidumbre de las familias durante los primeros días. El caso también generó preocupación entre los habitantes de Cajibío, municipio de vocación agrícola ubicado en el centro del Cauca, cercano a Popayán, por la manera en que se habría producido la retención mientras la mujer cumplía con su jornada laboral.
Las autoridades locales y la Fiscalía General de la Nación, competente para investigar el secuestro según lo establecido en el Código Penal colombiano, trabajan para establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar la identidad de los responsables. El delito de secuestro simple se sanciona con penas que pueden superar los veinte años de prisión, y el secuestro extorsivo contempla penas aún mayores. Por ahora las autoridades no han entregado un reporte oficial que confirme móviles, autoría o exigencias de carácter económico o de otra naturaleza.
Un delito que Colombia buscó erradicar durante dos décadas
El secuestro es uno de los delitos que la institucionalidad colombiana ha buscado erradicar durante las últimas dos décadas, tras años en los que el país llegó a ubicarse entre los primeros del mundo en número de casos. En los períodos más críticos de finales de los años noventa y comienzos de los dos mil, los registros históricos superaron varios miles de hechos anuales, cifras que motivaron la creación de fondos y unidades especializadas del Estado para atender el fenómeno y coordinar la liberación de víctimas.
Las cifras se redujeron de manera sostenida tras los procesos de desmovilización de estructuras paramilitares y la posterior negociación de paz con las Farc, firmada en 2016. Pese a ello, el fenómeno no desapareció en zonas rurales del Cauca, Nariño y otros departamentos donde persisten disidencias, estructuras del narcotráfico y grupos armados organizados que, según reportes de las autoridades, continúan usando la retención de personas como mecanismo de presión, extorsión o control territorial.
El Cauca, en particular, ha sido escenario recurrente de hechos de violencia asociados a la disputa entre disidencias de las antiguas Farc —entre ellas estructuras adscritas al llamado Estado Mayor Central— y otros grupos que se disputan rutas de narcotráfico hacia el litoral Pacífico. La región ha sido objeto de sucesivos planes de seguridad por parte del gobierno nacional, sin que la presencia institucional haya logrado desplazar por completo el control armado en varios corregimientos rurales.
La Defensoría del Pueblo, entidad encargada de la promoción y defensa de los derechos humanos, ha advertido en el pasado sobre el riesgo que enfrentan trabajadoras y trabajadores en establecimientos ubicados sobre vías principales, como estaciones de servicio, que suelen convertirse en puntos vulnerables por su ubicación estratégica y su exposición al tránsito de actores armados. Organizaciones sociales de la región han hecho llamados similares.
Mientras avanzan las labores de búsqueda, familiares y allegados mantienen el llamado a la ciudadanía para que cualquier información que permita establecer el paradero de Katherin Yulieth Camayo sea comunicada de inmediato a las autoridades competentes, entre ellas la Policía Nacional y la Fiscalía seccional Cauca. El hecho se conoce en medio de otros reportes recientes de secuestro en la región, lo que ha mantenido en alerta a las autoridades locales.
La situación en el suroccidente del país ha sido señalada en informes previos por organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, en el marco del seguimiento a la situación de derechos humanos en la zona. La persistencia de estructuras armadas en corredores rurales continúa siendo uno de los principales retos de seguridad para las instituciones en el departamento.
Por ahora, el principal pedido de la familia y de la comunidad es que la mujer sea liberada sin condiciones y que se establezca con rapidez su ubicación. Las autoridades han señalado que entregarán información oficial sobre los avances de la investigación en las próximas horas, en la medida en que se recaben elementos que permitan esclarecer lo ocurrido y ubicar a los responsables.
