El anuncio presidencial se produjo directamente a través de la red social X, donde De La Espriella precisó que 10 de los 20 trasladados permanecían detenidos en estaciones de Policía de Barranquilla y los otros 10 estaban recluidos en la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal de esa ciudad. El mandatario aseguró que la orden fue impartida directamente por él al Inpec, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho encargada de la administración del sistema penitenciario y carcelario del país. “Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles”, escribió De La Espriella.
Entre los nombres señalados por las autoridades figuran Rodrigo Javier Pantoja Linero, alias Rodrigo o el Gamo, vinculado a la estructura conocida como Los Pepes; Brayan Camilo Lobo Guerrero, alias el Lobo o Comandante Gabino; Fabio Andrés Diazgranados Pallares, alias Caballo; Adrián Hernán Guerrero Peña, alias el Miquito, y Erick Fabián Molina Mendoza, también señalado de integrar Los Pepes. La lista incluye además a Carlos Mario Polo Pérez, alias Pastel; Jesús Andrés Arrieta Mercado, alias Makelele; Andrés Felipe Londoño Cáceres, alias Chocolate; José Eulises Flórez Blanco, alias Ñeco; José Luis Barrios Álvarez, alias el Huequito; Dairo Luis García Quintero, alias el Pequeño, y Wuainer Jesús Altamar Medina, alias el Gordo Pan, entre otros.
El alcalde Alejandro Char respaldó públicamente la decisión y afirmó que con ella “volvió la autoridad, volvió el Estado y, sobre todo, volvió la hora de temerle a la justicia”. El mandatario distrital mencionó de manera particular a alias Alambrito, a quien señaló como jefe de sicarios de alias Bendito Menor, y sostuvo que los responsables de hechos de violencia que han afectado a la ciudad serían llevados a establecimientos de máxima seguridad con restricciones para impedir el contacto con el exterior. Char calificó a los trasladados como “terroristas que tanto daño le han hecho a nuestra ciudad”.
El Gobierno nacional indicó que el operativo de traslado se realizó con “rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad”, con acompañamiento de la Fuerza Pública para prevenir posibles fugas, rescates o atentados durante el desplazamiento entre ciudades. Según lo informado, una vez los internos lleguen a Bogotá serán distribuidos en los siguientes 15 días entre diferentes establecimientos penitenciarios del país, atendiendo a las determinaciones de seguridad que adopte el Inpec.
La medida se enmarca en una preocupación reiterada de las autoridades por la capacidad de algunas estructuras criminales para sostener operaciones de extorsión, sicariato y coordinación delictiva pese a que parte de sus integrantes permanecen privados de la libertad. El propio Gobierno insistió en que las cárceles deben estar bajo control estatal y que desde ellas no se deben coordinar extorsiones, amenazas u otras actividades delictivas. El uso de celulares y otros dispositivos de comunicación al interior de establecimientos de reclusión para mantener el control de rentas criminales urbanas ha sido documentado en el país desde hace años por organismos de control.
El traslado de reclusos entre ciudades por razones de seguridad no es un instrumento inédito en la política criminal colombiana. Gobiernos anteriores recurrieron a movimientos similares de cabecillas de bandas criminales y de estructuras herederas del paramilitarismo hacia cárceles de máxima seguridad, buscando romper los vínculos territoriales que les permiten sostener el control de economías ilegales desde el encierro. El caso más recordado es el de Pablo Escobar, cuya reclusión en la cárcel de La Catedral, en Envigado, terminó en fuga en 1992 tras evidenciarse que el capo continuaba dirigiendo el Cartel de Medellín desde el penal, un episodio que marcó la doctrina de aislamiento y máxima seguridad que aún invocan las autoridades.
Barranquilla ha registrado en los últimos años episodios de violencia asociados a disputas entre estructuras criminales por el control de rentas ilegales, un fenómeno que autoridades locales y nacionales vinculan a la capacidad de coordinación que mantienen algunos cabecillas incluso estando privados de la libertad. La Alcaldía de Barranquilla no ha precisado hasta el momento cifras propias sobre el impacto de estas estructuras en los indicadores de criminalidad de la ciudad.
El sistema penitenciario colombiano arrastra de tiempo atrás hacinamiento y limitaciones logísticas para impedir el ingreso de tecnología de comunicación a los centros de reclusión, un problema que sucesivos gobiernos han intentado atender con planes de bloqueo de señal y controles reforzados, con resultados desiguales.
La decisión se produce en medio del debate público sobre la política de seguridad del actual Gobierno frente al crimen organizado urbano, un asunto que puede derivar en citaciones a debate de control político en el Congreso de la República, mecanismo mediante el cual las bancadas pueden citar a ministros y funcionarios para responder por decisiones administrativas. La Procuraduría General de la Nación, encargada de vigilar la función administrativa y disciplinaria del Estado, tiene competencia para hacer seguimiento a las condiciones en que se ejecute el traslado.
En los próximos días se espera que el Inpec confirme los establecimientos penitenciarios específicos donde quedarán recluidos los 20 trasladados, así como el cronograma de su distribución territorial dentro del plazo de 15 días anunciado por el Gobierno. La eventual respuesta de las estructuras criminales señaladas y el pronunciamiento de los organismos de derechos humanos sobre las condiciones de reclusión marcarán el desarrollo de una medida que las autoridades presentan como recuperación del control estatal sobre las cárceles.