Según el relato de Elmer Rueda Rueda, su hijo tramitó por su cuenta la documentación necesaria para vincularse al Ejército de Ucrania y viajó pese a la oposición de su familia. Durante las primeras semanas mantuvo comunicación constante, enviando fotografías y videos que, de acuerdo con el padre, mostraban instalaciones militares y jornadas de entrenamiento. «Incluso en algún momento me envió un video en entrenamiento. Y se comunicaba y me contaba la situación complicada en los bombardeos, pues tienen que enterrarse en trincheras y esas cosas», narró el padre. Esa comunicación se cortó de manera abrupta el 5 de julio, día en que el joven, según su padre, describió una situación con «muchos drones, muchas bombas, explosiones, muchos gases».
Desde entonces, la familia no ha logrado establecer contacto ni obtener información oficial sobre el paradero de Santiago Rueda. El padre aseguró que ha intentado comunicarse directamente con militares en Ucrania en busca de respuestas: «Yo he hecho contacto con militares allá buscando la posibilidad de saber de él, pero no ha sido posible», dijo. Esa incertidumbre se agravó cuando, según su testimonio, empezaron a circular en redes sociales —principalmente en TikTok— publicaciones que ubicaban a su hijo en listas de supuestos fallecidos en combate, provenientes de cuentas que el propio Rueda calificó como «de dudosa procedencia».
El padre denunció además la existencia de presuntas redes dedicadas a extorsionar a familiares de colombianos que habrían muerto o desaparecido en el frente ucraniano. Según su relato, estas organizaciones contactarían a los parientes ofreciendo gestionar la repatriación de cuerpos a cambio de sumas de dinero considerables, en algunos casos sin que exista siquiera confirmación oficial del fallecimiento. «Han creado mafias para extorsionar a los familiares de las supuestas víctimas o supuestos fallecidos, que en casos ni siquiera han sido dados de baja», sostuvo Rueda, quien insistió: «Están jugando con la incorporación falsa porque los llevan engañados, sino que están montando una especie de negocio con el cuento de que van a devolver el cuerpo».
El testimonio incluyó un mensaje directo al presidente Abelardo De La Espriella, a quien el padre pidió intervención institucional para esclarecer el paradero de su hijo e investigar las presuntas redes de extorsión. Hasta el momento no se ha conocido un pronunciamiento público de la Casa de Nariño ni del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre este caso en particular.
El marco de asistencia consular y las zonas grises del alistamiento
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus consulados, es la entidad competente para brindar asistencia consular a los colombianos en el exterior, incluidos quienes se encuentran en zonas de conflicto armado. Sin embargo, la naturaleza irregular del alistamiento de extranjeros en las fuerzas armadas ucranianas —canalizado en buena parte a través de la Legión Internacional de Defensa Territorial creada por Kiev tras la invasión rusa de febrero de 2022— complica la trazabilidad oficial de estos casos, pues no siempre existe un registro consular previo del viaje ni de la vinculación militar. En la práctica, muchos connacionales viajan por su cuenta y sin notificar a la Cancillería, lo que deja a las familias sin un canal formal para verificar su estado.
La guerra en Ucrania, que supera ya los cuatro años de combates desde la invasión rusa de febrero de 2022, ha atraído a voluntarios extranjeros de distintas nacionalidades, incluidos varios países latinoamericanos. Colombia no ha sido ajena al fenómeno: en los últimos años se han conocido casos de excombatientes de las Fuerzas Militares colombianas y de civiles sin experiencia militar previa que viajaron a Europa del Este atraídos por ofertas de reclutamiento, algunas gestionadas por intermediarios que cobran comisiones por facilitar el ingreso a unidades extranjeras. El atractivo de estas ofertas suele residir en salarios pactados en dólares, muy superiores al ingreso promedio en el país.
La denuncia de presuntas extorsiones a familiares de combatientes desaparecidos o fallecidos añade una capa adicional de complejidad. De confirmarse, estos hechos podrían constituir delitos investigables por la Fiscalía General de la Nación en la medida en que se determine que víctimas o responsables tienen vínculos o efectos jurídicos en territorio colombiano. No obstante, la naturaleza transnacional del presunto fraude —que involucraría a actores tanto en Ucrania como en Colombia— dificultaría la persecución penal directa, al requerir cooperación judicial internacional y la identificación de las cuentas y personas detrás de las páginas señaladas por el denunciante.
La falta de un registro centralizado y verificable sobre colombianos combatientes en el exterior figura entre los principales obstáculos para que las autoridades brinden una respuesta oportuna a estas familias. En casos anteriores, parientes de otros connacionales que viajaron a alistarse en el conflicto ucraniano han expresado situaciones similares de desinformación y ausencia de canales oficiales claros para confirmar el estado de sus seres queridos, un vacío que las redes de intermediación y presunta extorsión aprovechan.
Por ahora, la familia de Santiago Rueda permanece a la espera de información oficial que confirme o descarte las versiones que circulan en redes sociales. El desenlace del caso dependerá de que la Cancillería active los canales de asistencia consular ante las autoridades ucranianas y de que la Fiscalía evalúe la apertura de una investigación sobre el presunto entramado de extorsión denunciado, en un contexto en el que la guerra en Ucrania continúa sin visos de resolución diplomática inmediata.
