La publicación no es un hecho aislado. Dos días antes, el 28 de agosto, Maltz había difundido en la misma red social una animación hecha también con inteligencia artificial en la que una versión generada del gobernador con licencia decía: "Nos vemos pronto en Estados Unidos, a lo mejor me puedo quedar con 'El Chapo'", en alusión a Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante sinaloense sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal de EU. Ambas imágenes se inscriben en una campaña sostenida del exfuncionario para presionar públicamente por la entrega de Rocha Moya, en un uso de contenidos sintéticos con fines políticos poco frecuente entre exmandos de seguridad de ambos países.
El origen del señalamiento se remonta al 26 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos nexos con el crimen organizado, narcotráfico y posesión de armas de fuego. La acusación se dio a conocer mediante una imputación (indictment) ante una corte federal, el mecanismo con el que la fiscalía estadounidense formaliza cargos antes de solicitar, en su caso, una extradición.
El gobernador con licencia rechazó entonces las acusaciones de manera "categórica y absoluta", al calificarlas de carentes "de veracidad y fundamento alguno". Rocha Moya enmarcó además el señalamiento como parte de un "ataque" dirigido contra Morena, sus "emblemáticos liderazgos" y la soberanía nacional.
Del desafuero político a la doble licencia
Tras conocerse la acusación, Rocha Moya solicitó el 1° de mayo licencia al Congreso del Estado de Sinaloa con el propósito declarado de comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR). El Poder Legislativo estatal designó en su lugar a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina, en apego al procedimiento constitucional previsto para las ausencias temporales del titular del Ejecutivo estatal.
El episodio tuvo un giro adicional cuando Rocha Moya retomó la gubernatura por poco más de 30 horas, antes de solicitar una segunda licencia, esta vez de carácter indefinido, ante la presión que generó su breve regreso al cargo. Desde entonces, la titularidad del Ejecutivo sinaloense permanece bajo el arreglo interino aprobado por el Congreso local.
La entrega de una persona a la justicia estadounidense está regulada por el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, en vigor desde 1980, que exige la presentación de pruebas suficientes ante un juez mexicano y condiciona la procedencia a que el hecho sea delito en ambos países. El proceso corre por la Secretaría de Relaciones Exteriores como conducto diplomático y culmina con una resolución del Poder Judicial de la Federación.
El gobierno de México ha mantenido hasta ahora una postura de cautela institucional frente al caso, sin que la Presidencia ni la Secretaría de Relaciones Exteriores hayan confirmado públicamente la recepción de una solicitud formal de extradición contra el gobernador con licencia. La FGR, por su parte, no ha hecho pública la etapa procesal en la que se encuentra la comparecencia que el propio Rocha Moya anunció en mayo.
El uso de imágenes y videos generados con inteligencia artificial por un exfuncionario estadounidense de alto perfil para presionar sobre un proceso en curso plantea interrogantes sobre los límites de la diplomacia pública informal, sobre todo al provenir de quien encabezó una agencia federal de investigación. Maltz ya no ostenta representación oficial del gobierno de Estados Unidos, por lo que sus mensajes carecen de valor jurídico en el trámite de extradición.
El precedente más cercano en la relación bilateral en materia de seguridad es el caso del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, detenido en 2020 en Los Ángeles por señalamientos de vínculos con el narcotráfico y posteriormente devuelto a México, donde la FGR determinó no ejercer acción penal en su contra, un episodio que tensó durante meses la cooperación en seguridad entre ambos gobiernos.
La bancada morenista en el Senado y en la Cámara de Diputados ha evitado hasta el momento pronunciarse de manera unificada sobre el fondo de las acusaciones, mientras que legisladores de oposición han pedido mayor claridad sobre la situación jurídica del gobernador con licencia y sobre el estatus del gobierno interino en Sinaloa. Ni la Presidencia ni la cancillería han detallado si existe un cauce abierto con Washington sobre este expediente.
De cara a los próximos meses, el desenlace dependerá de si el Departamento de Justicia estadounidense formaliza una solicitud de extradición ante la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana y de la resolución que en su caso emita el Poder Judicial de la Federación sobre su procedencia, un trámite que en casos similares se ha resuelto en un plazo que va de varios meses a más de un año.