La hipótesis inicial que manejaron las autoridades apuntaba a un aparente francotirador y a un posible atentado vinculado con el exgobernador de La Guajira Juan Francisco 'Kiko' Gómez, dado que Bonilla tiene a su cargo procesos sensibles ante la Corte Suprema. Los avances del estudio balístico y del trabajo de campo habrían debilitado esa línea de investigación, de acuerdo con una fuente relacionada con las pesquisas.
Los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía tienen indicios de que el disparo se produjo desde inmediaciones de la Universidad La Gran Colombia, en el centro de Bogotá, y que la bala recorrió cerca de 252 metros hasta impactar la oficina del funcionario en el edificio del ente de control disciplinario. Esa distancia y la trayectoria calculada son los elementos centrales para reconstruir el origen del proyectil.
Además del estudio balístico, los uniformados adelantaron entrevistas con residentes y trabajadores de la zona aledaña a la universidad, así como la revisión de cámaras de seguridad del sector.
"Los vigilantes del sector informaron que escucharon disparos en la zona, cerca a la Universidad La Gran Colombia. Se cree que es un hecho fortuito y va perdiendo fuerza la hipótesis de un atentado al procurador de ese despacho", relató una de las personas relacionadas con la investigación que adelantan la Policía y la Fiscalía.
El hecho generó revuelo entre las autoridades judiciales y movilizó a distintos sectores, que le pidieron al Gobierno nacional garantías de seguridad para que Bonilla pueda continuar con su labor. La solicitud responde a la exposición que enfrentan los funcionarios de la Procuraduría encargados de casos disciplinarios de alto perfil, como los que involucran a exfuncionarios departamentales condenados por delitos graves.
La Procuraduría General de la Nación, creada en su forma actual por la Constitución de 1991, funciona como el órgano de control disciplinario del Estado y sus procuradores delegados ante las altas cortes intervienen en procesos de especial connotación. Episodios de riesgo contra operadores de justicia no son inéditos en el país: el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ultimado a tiros en Bogotá en abril de 1984, marcó el arranque de la ofensiva del narcotráfico contra la institucionalidad judicial.
El caso se suma a episodios recientes de seguridad que han copado la atención judicial en el país. En el mismo periodo, la Aerocivil denunció un ataque con drones contra un radar aéreo en Candelaria, Valle del Cauca, atribuido a disidencias armadas.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía continúan con las diligencias técnicas para determinar con certeza el origen del disparo y descartar cualquier vínculo con amenazas contra el procurador delegado, mientras las fuentes consultadas coinciden en que el hallazgo del arma de baja letalidad orienta la investigación hacia un hecho fortuito.
