Patiño empleó un tono duro para referirse a la gestión del Ejecutivo en materia educativa. "El mayor desastre que pudo haber hecho Petro en su Gobierno fue destruir la educación y acabar con la esperanza de muchos niños y jóvenes", afirmó en el pronunciamiento que acompañó la radicación del documento ante la cartera de Educación. El objetivo, sostuvo, es conocer "con cifras y documentos oficiales" cuál es la situación del sector.
El derecho de petición es un mecanismo contemplado en el artículo 23 de la Constitución Política y regulado por la Ley 1755 de 2015, que obliga a las entidades públicas a responder las solicitudes ciudadanas dentro de plazos perentorios —quince días hábiles como regla general, aunque varían según el tipo de solicitud—. Su uso por parte de congresistas para exigir cuentas a los ministerios es una herramienta habitual del control político, complementaria a los debates que se celebran en las plenarias de Senado y Cámara.
Los frentes del cuestionamiento: cobertura, infraestructura e Icetex
Uno de los puntos centrales de la solicitud tiene que ver con la cobertura escolar. Según el congresista, más de un millón de niños, niñas y adolescentes permanecerían fuera del sistema educativo colombiano, una cifra que, de confirmarse con los registros oficiales, contrastaría con las metas de universalización perseguidas desde la Constitución de 1991, cuando la educación básica quedó consagrada como derecho fundamental.
Patiño también cuestionó el estado de la infraestructura escolar. Aseguró que existiría un déficit superior a los $50 billones para atender las necesidades de los establecimientos educativos y que más de 40.000 sedes requerirían intervención por el deterioro de sus instalaciones, un problema recurrente en zonas rurales y municipios de menores recursos, donde el mantenimiento depende de las transferencias del Presupuesto General de la Nación y de los recursos propios de las alcaldías.
La situación del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, el Icetex, ocupó otro capítulo de las críticas. Patiño sostuvo que más de 40.000 jóvenes habrían quedado sin acceso a beneficios para financiar sus estudios superiores, lo que, en su concepto, limitaría las oportunidades de miles de estudiantes de la educación superior. El Icetex ha sido objeto de debates de control político en legislaturas anteriores por el manejo de sus carteras de crédito y los subsidios de sostenimiento.
El congresista puso en entredicho, además, la promesa gubernamental de crear 500.000 nuevos cupos universitarios, una de las banderas de la política educativa del actual Gobierno desde su llegada a la Casa de Nariño en agosto de 2022. Según Patiño, esa meta no se habría materializado, aunque el derecho de petición busca precisamente que la cartera aporte las cifras oficiales de matrícula que permitan verificar o desmentir esa afirmación.
La salud del magisterio fue otro de los frentes señalados. Patiño afirmó que el nuevo modelo de salud para los docentes atraviesa una crisis profunda, con un déficit cercano a los $3 billones, y que las decisiones adoptadas en este Gobierno habrían afectado la atención médica de los maestros y sus familias. El régimen de salud del magisterio, administrado bajo un esquema especial distinto al sistema general de seguridad social a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, ha sido escenario de tensiones recurrentes entre esa entidad, los prestadores del servicio y las organizaciones sindicales del sector.
De acuerdo con el boletín divulgado por su equipo, la solicitud de información remitida al Ministerio de Educación abarca la infraestructura, la situación del Icetex, la salud y el bienestar de los docentes, además de otros asuntos que el representante considera prioritarios para evaluar el estado del sector durante la actual administración.
Un traslado condicionado a la respuesta oficial
Patiño explicó que, una vez reciba la contestación de la cartera, revisará en detalle la información para identificar posibles irregularidades. En caso de encontrar hallazgos que lo justifiquen, anunció que trasladará la documentación a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para que estos organismos adelanten las actuaciones que correspondan dentro de sus competencias constitucionales.
El Ministerio de Educación no se ha pronunciado públicamente sobre las afirmaciones del congresista ni sobre el contenido específico del derecho de petición radicado. La cartera cuenta con los plazos legales para dar respuesta formal a la solicitud, y su contestación —o la ausencia de ella— quedaría inscrita en el pulso político entre el Ejecutivo y sectores de la oposición en el Congreso.
El uso de estos requerimientos formales se enmarca en el escrutinio sobre la ejecución presupuestal de los ministerios durante el último tramo del Gobierno Petro, que concluye su mandato en agosto de este año. El uso combinado de derechos de petición, debates de control político y citaciones a los ministros ha sido, desde la Constitución de 1991, uno de los instrumentos centrales con que cuenta el Congreso para vigilar la gestión del Ejecutivo sin necesidad de recurrir a mociones de censura, figura que en la historia reciente del país no ha prosperado pese a haberse intentado contra varios ministros.
Patiño cerró su intervención con un llamado a la transparencia. "El país necesita transparencia y verdad", afirmó, al insistir en que la ciudadanía tiene derecho a conocer el estado real de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional con estudiantes, docentes e instituciones educativas. El congresista no precisó una fecha límite propia, pero indicó que hará seguimiento público al trámite.
El desenlace dependerá en buena medida de la respuesta que emita el Ministerio de Educación dentro de los plazos que fija la Ley 1755 de 2015. Si la cartera aporta las cifras solicitadas, el debate podría trasladarse al terreno de la interpretación de esos datos; si no responde en los términos exigidos, el propio silencio administrativo podría dar pie a un nuevo requerimiento o a una eventual acción de tutela por parte del congresista.
