«En los próximos días, las Fuerzas Armadas estarán en las calles y también en el sistema de transporte», adelantó la mandataria en su mensaje. Fujimori, que asumió el cargo el martes anterior, precisó que los efectivos militares también serán desplegados en los centros penitenciarios, una decisión que —según trasladó— fue acordada en una reunión reciente de su gabinete, en momentos en que las cárceles peruanas son señaladas como centros de operación de estructuras criminales dedicadas a la extorsión.
La determinación llega respaldada por cifras oficiales citadas por el propio gobierno peruano. Los homicidios pasaron de 1.000 casos en 2018 a 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión se multiplicaron de 3.200 a 26.500 en el mismo periodo. El país, de 34 millones de habitantes, enfrenta así un fenómeno que las autoridades vinculan al fortalecimiento de bandas criminales de origen transnacional, entre ellas estructuras asociadas al Tren de Aragua.
En ese marco, el gobierno informó la expulsión de tres ciudadanos venezolanos identificados como integrantes de esa organización criminal, trasladados esposados hacia Caracas en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú que partió del aeropuerto militar del Callao. Los tres hombres —Edinson Agustín Barrera, alias Catire; Rodysnimel Alcántara, y José Zorrilla, alias Rafa— habían cumplido condenas en territorio peruano por delitos relacionados con crimen organizado.
Acercamiento a Washington y al Escudo de las Américas
La estrategia de seguridad del nuevo gobierno no se limita al frente interno. El canciller Carlos Espá anunció, durante una ceremonia de inauguración de su gestión en la sede de la Cancillería en Lima, que Perú avanza hacia su incorporación al Escudo de las Américas, una alianza regional de corte conservador impulsada por el gobierno de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, orientada a combatir el crimen transnacional en el hemisferio.
«Continuaremos los avances alcanzados con (…) nuestra incorporación al Escudo de las Américas», señaló Espá ante diplomáticos y prensa acreditada en la capital peruana. El canciller sostuvo que entre las prioridades de la administración figurará «la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción», y agregó: «Profundizaremos nuestras excelentes relaciones con Estados Unidos, un socio, aliado y amigo estratégico». La adhesión se produce en un contexto en el que varios gobiernos de la región han buscado estrechar la cooperación en seguridad con Washington ante la expansión del crimen organizado transnacional en los corredores de tráfico andinos.
Un recurso con antecedentes en la historia peruana
El recurso a las Fuerzas Armadas para tareas de orden interno no es inédito en la historia reciente del país. Durante el conflicto armado interno que enfrentó al Estado con Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru entre 1980 y 2000, el Ejército tuvo un papel central en zonas declaradas en estado de emergencia, con consecuencias que incluyeron denuncias por violaciones de derechos humanos posteriormente investigadas por la justicia peruana. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó cerca de 69.000 víctimas fatales de ese periodo.
Ese antecedente explica la cautela con la que las organizaciones de derechos humanos observan cualquier despliegue militar en tareas de seguridad ciudadana, incluso cuando se trata, como en este caso, de funciones de apoyo a la Policía Nacional del Perú y no de operaciones de combate directo. El uso de las Fuerzas Armadas en labores de orden público está contemplado en la Constitución peruana bajo regímenes de excepción, cuya declaración corresponde al Poder Ejecutivo con cargo de dar cuenta al Congreso.
Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por la justicia peruana por delitos de lesa humanidad cometidos durante su gobierno en los años noventa. La actual mandataria ha mantenido la promesa de mano dura frente al crimen como eje central de su discurso político a lo largo de sus sucesivas candidaturas presidenciales, las tres primeras sin éxito antes de la que la llevó a la Presidencia.
En el mismo mensaje difundido en redes, la presidenta se comprometió con la reconstrucción de las zonas del departamento de Junín afectadas por el terremoto registrado a mediados de julio, así como con la gestión de los efectos del fenómeno de El Niño, que suele traducirse en lluvias intensas y afectaciones a la infraestructura vial y agrícola en el norte y centro del país.
Hasta el momento, el gobierno no ha precisado el número exacto de efectivos que serán movilizados ni el cronograma detallado de despliegue por regiones. El anuncio, formulado apenas días después de la asunción de Fujimori, sitúa la seguridad ciudadana como el primer gran frente de gestión de su administración. En las próximas semanas está previsto que el debate sobre los límites constitucionales al uso de las Fuerzas Armadas en funciones de policía, y su relación con la eventual incorporación plena de Perú al Escudo de las Américas, se traslade al Congreso peruano.
