"De hecho, he dimitido", declaró diGenova a The Associated Press, en un mensaje que no aclaró las razones de fondo de su salida. El abogado, de 81 años, calificó de "honor y privilegio" haber servido a Trump y al Departamento de Justicia estadounidense, pero se negó a detallar las circunstancias que rodearon su renuncia.
Una persona con conocimiento del asunto, que pidió mantener el anonimato por tratarse de una decisión de carácter personal, señaló que la salida se produjo en medio de una frustración creciente dentro del Departamento de Justicia y la Casa Blanca por el ritmo y la conducción de la investigación, radicada en Florida. La pesquisa, dijo esa fuente, avanzó a trompicones desde su arranque hace un año, con contornos poco definidos pese a los recientes movimientos procesales.
En una entrevista posterior con The New York Post, diGenova respondió a los cuestionamientos sobre su manejo del caso con una frase que apunta a la tensión interna del proceso.
"Si se quieren presentar acusaciones sin pruebas, eso es un problema ético", declaró Joe diGenova a The New York Post.
La frase llega después de cinco meses al frente de una investigación que no ha derivado en cargo alguno y sobre la que persiste la incógnita de qué información se ha recabado para sustentar la hipótesis de una conspiración contra el hoy mandatario. DiGenova fue designado en abril por el fiscal general Todd Blanche para supervisar las pesquisas sobre exfuncionarios de las administraciones de Barack Obama y Joe Biden, a quienes Trump y su entorno acusan de haber operado para impedirle ocupar de nuevo la Casa Blanca.
DiGenova fue fiscal federal del Distrito de Columbia durante la administración de Ronald Reagan y, desde hace años, es uno de los aliados jurídicos más visibles de Trump. Respaldó públicamente los esfuerzos del entonces presidente por impugnar su derrota electoral de 2020 y sostuvo en repetidas ocasiones que Trump fue víctima de una conspiración orquestada desde los servicios de inteligencia, una tesis que el propio mandatario ha repetido al calificar de "Estado profundo" a los organismos que determinaron que Rusia había interferido en su favor en los comicios de 2016.
Esa investigación sobre la injerencia rusa, encabezada por un fiscal especial del Departamento de Justicia durante el primer gobierno de Trump, concluyó que Moscú intentó ayudar a su campaña de forma generalizada, aunque no halló pruebas de una conspiración delictiva entre el Kremlin y el equipo republicano. Investigaciones posteriores, incluida la del inspector general del Departamento de Justicia, identificaron errores y omisiones significativos en el manejo del FBI de ese expediente, pero tampoco encontraron evidencia de conducta delictiva por parte de altos mandos de las fuerzas del orden.
Tropiezos previos y el litigio de Brennan
La salida de diGenova no es el primer traspié de la pesquisa. En abril, un fiscal de carrera especializado en seguridad nacional que había desempeñado un papel clave en la investigación abandonó el equipo tras plantear dudas internas sobre la solidez del caso. El proceso enfrenta, además, un recurso judicial interpuesto por el exdirector de la CIA, John Brennan, investigado por presuntamente haber mentido ante el Congreso estadounidense en 2023 sobre la elaboración del informe de evaluación de la comunidad de inteligencia, acusación que tanto él como sus abogados han negado.
En julio, Brennan demandó al Departamento de Justicia para exigir la conservación de todos los documentos vinculados a la investigación, con el propósito de poder impugnar en el futuro cualquier acusación que se le formule alegando que se trataría de un proceso con motivación de represalia política. El litigio añade una capa de incertidumbre jurídica a un expediente que ya arrastraba objeciones internas antes de la salida de diGenova.
La investigación se inscribe en una larga cadena de pesquisas sobre la relación entre Trump y Rusia. La del fiscal especial Robert Mueller, cerrada en marzo de 2019, documentó la interferencia rusa a favor de su campaña sin acreditar coordinación delictiva; ninguna de las revisiones posteriores del inspector general del Departamento de Justicia halló conducta criminal en la cúpula del FBI. Un año después de su reapertura bajo el segundo mandato, el caso sigue sin acusaciones formales.
El episodio se suma a un capítulo más amplio de tensiones en torno al aparato de seguridad e inteligencia estadounidense bajo la administración Trump, un frente que en meses recientes también ha incluido decisiones de política exterior con fuerte impacto regional, como la designación de ocho cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Washington.
Con la renuncia de diGenova, la investigación sobre el presunto complot contra Trump queda sin un rostro visible al frente, en un momento en que el propio Departamento de Justicia habría mostrado impaciencia por la falta de resultados tras un año de trabajo. No se ha precisado quién asumirá la conducción del expediente ni si las citaciones recientes ante el gran jurado federal continuarán su curso.