La designación, hasta ahora reservada a organizaciones como el Estado Islámico o Al Qaeda por su uso de la violencia con fines políticos, se ha extendido a estructuras criminales centradas en el narcotráfico y la extorsión. Encabezan la lista mexicana el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalados por la DEA como los mayores traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos.
El Cártel de Sinaloa, surgido en los años 70 y el más antiguo del país, opera como un conglomerado que mueve droga mediante embarcaciones, aviones, migrantes y túneles transfronterizos, y controla el tramo occidental de la frontera con EU. El arresto de Ismael “El Mayo” Zambada desató una pugna interna que debilitó al grupo, mientras un exsecretario de Seguridad Pública mexicano fue condenado en tribunales estadounidenses por colaborar con la organización.
El CJNG, establecido a inicios de la década de 2010, ha empleado lanzacohetes, drones con explosivos y minas artesanales contra autoridades, y en 2020 organizó un atentado contra quien entonces era jefe policial de la Ciudad de México y hoy ocupa la Secretaría de Seguridad federal. Pese a la muerte de su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, en febrero, el grupo mantiene capacidad de distribución de cocaína, metanfetamina y fentanilo en los 50 estados estadounidenses, según la DEA.
Frontera de Texas y Michoacán en la lista
En el extremo oriental de la frontera operan el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste —remanente de Los Zetas, con base en Nuevo Laredo— y el Cártel de Juárez, que desde los tiempos de Amado Carrillo Fuentes ha controlado el cruce hacia El Paso, Texas. En el occidente, La Familia Michoacana —rebautizada Nueva Familia Michoacana—, Cárteles Unidos y Los Viagras se disputan el control de Michoacán, con una extorsión que alcanza incluso a la exportación de aguacate hacia EU.
La estrategia, arrancada en febrero de 2025, sirvió de argumento para la captura del venezolano Nicolás Maduro casi un año después y para decenas de ataques contra embarcaciones señaladas como “narcoterroristas”, con un saldo superior a 200 muertos. Guatemala y Argentina adoptaron medidas similares contra grupos específicos, mientras Ecuador lanzó operativos conjuntos con Washington en territorio ecuatoriano.
El gobierno mexicano ha buscado evitar cualquier acción militar unilateral estadounidense contra los cárteles, en un contexto marcado por acusaciones formales contra altos funcionarios del estado de Sinaloa. México concentra el mayor número de organizaciones señaladas y, con ello, la mayor presión de Washington entre los países de la región.
La calificación como grupos terroristas amplía el arsenal legal estadounidense: permite sanciones financieras, procesos por apoyo material y presión sobre terceros que colaboren con esas estructuras, un marco que antes se aplicaba a organizaciones de motivación política y no a redes delictivas orientadas al lucro.
La estrategia también dejó contradicciones a la vista. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y acusado durante su juicio de proteger al Cártel de Sinaloa, fue indultado por Trump el año pasado y vive en libertad en su país.