La notificación formal de la OMS, emitida a las 15:00 hora de Ginebra a través del sistema de alerta IHR (International Health Regulations), confirma lo que los virólogos llevaban temiendo desde que los primeros datos epidemiológicos del Hondius llegaron al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad hace diez días: la cepa Andes del hantavirus que ha causado cinco infecciones y tres muertes a bordo del crucero se transmite de persona a persona por vía respiratoria, un mecanismo de contagio que no se había documentado previamente fuera de Argentina y Chile y que eleva exponencialmente el riesgo de propagación en entornos cerrados como hospitales, residencias y transportes públicos. La notificación de la OMS, redactada por el equipo de emergencias dirigido por el epidemiólogo Michael Ryan, incluye una recomendación a todos los Estados miembros de que implementen protocolos de vigilancia activa para pasajeros procedentes de cruceros antárticos, una medida que afecta directamente a los puertos de Ushuaia, Punta Arenas, Ciudad del Cabo, Hobart y, ahora, Granadilla de Abona en Tenerife, donde el Hondius permanece atracado bajo cuarentena.
El protocolo de aislamiento BSL-3 activado en el Gómez Ulla es el nivel más alto que los hospitales militares españoles han aplicado desde el ingreso de la cooperante Teresa Romero en 2014 por ébola. Cada uno de los 14 pacientes ocupa una habitación individual con presión negativa — el aire se aspira hacia dentro y se filtra antes de ser liberado al exterior, impidiendo que cualquier aerosol escape de la habitación —, acceso restringido a personal sanitario que viste EPI de nivel 4 (traje completo con respirador autónomo), y un sistema de doble esclusa en la entrada que obliga a pasar por una ducha de descontaminación química antes de acceder y después de salir. El coste de mantener la planta BSL-3 operativa es de 48.000 euros diarios, según fuentes del Ministerio de Defensa, un importe que incluye el personal especializado (12 enfermeros, 4 médicos intensivistas, 2 virólogos y 3 técnicos de bioseguridad), los consumibles de protección individual, los filtros HEPA que deben cambiarse cada 12 horas y el tratamiento de los residuos biológicos que se incineran en la planta de residuos hospitalarios del propio hospital. Los 14 pacientes permanecerán en aislamiento un mínimo de 21 días — el período de incubación máximo documentado para la cepa Andes — y serán sometidos a pruebas PCR cada 48 horas para detectar cualquier signo de infección antes de que aparezcan los síntomas.
La situación a bordo del Hondius, atracado en el muelle de cruceros de Granadilla de Abona desde el 12 de mayo, sigue siendo la mayor preocupación para las autoridades sanitarias canarias y nacionales. El buque, un crucero de expedición de 107 metros de eslora operado por la naviera holandesa Oceanwide Expeditions, tiene todavía a bordo 89 tripulantes de 14 nacionalidades y 34 pasajeros (los que no tienen nacionalidad española y cuyos países de origen no han organizado todavía la repatriación). La cuarentena, decretada por el Gobierno de Canarias en coordinación con el Ministerio de Sanidad, prohíbe el desembarco de cualquier persona excepto por razones médicas de urgencia, un régimen que ha generado tensiones crecientes entre los pasajeros y la tripulación. El cónsul general de Alemania en Las Palmas ha presentado una nota diplomática exigiendo la evacuación de los 12 pasajeros alemanes a bordo, y los cónsules de Francia y Australia han hecho gestiones similares. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mantenido esta tarde una videoconferencia de 45 minutos con la ministra de Sanidad, Mónica García, y con el director del CCAES, Fernando Simón, en la que se ha acordado que la cuarentena se mantendrá hasta que todos los pasajeros y tripulantes completen 21 días desde el último caso confirmado — es decir, hasta el 29 de mayo como mínimo — y que las repatriaciones se gestionarán caso por caso con los países de origen, exigiendo que cada Estado envíe su propio transporte sanitario militar.
Fernando Simón, cuyo nombre quedó grabado en la memoria colectiva española durante la pandemia de COVID-19, ha reaparecido esta tarde en una comparecencia desde el CCAES en la que ha calificado la confirmación de la transmisión persona a persona como «un dato relevante pero no alarmante» y ha insistido en que «España está preparada para gestionar esta situación con los protocolos que desarrollamos durante la pandemia». La doctora Margarita del Val, inmunóloga del CSIC y una de las voces más respetadas de la comunidad científica española, ha advertido en su cuenta de X de que «la transmisión persona a persona de la cepa Andes en un entorno cerrado como un crucero no significa necesariamente que se transmita con la misma eficiencia en la comunidad, pero sí significa que debemos actuar como si pudiera hacerlo hasta que tengamos datos que demuestren lo contrario». La doctora Del Val ha pedido la activación del «escenario 2» del Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante Alertas Sanitarias, que incluye la vigilancia activa en hospitales, la distribución de kits de diagnóstico rápido y la preparación de stocks de ribavirina, un antiviral que ha mostrado eficacia parcial contra el hantavirus en ensayos clínicos.
La dimensión política de la crisis del Hondius se ha complicado esta semana con la reaparición del conflicto entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central sobre las competencias sanitarias en situaciones de emergencia. Clavijo, que gobierna en coalición con el PP canario, ha acusado al Ministerio de Sanidad de «tardanza en la coordinación» y ha reclamado que el Estado asuma el coste íntegro de la cuarentena, que estima en 2,3 millones de euros semanales incluyendo el control del buque, los servicios de emergencia en el puerto, la vigilancia epidemiológica y la atención sanitaria a los pacientes que permanecen a bordo. La ministra Mónica García ha respondido que «las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas y el Estado actúa como coordinador, no como ejecutor», una posición jurídicamente correcta pero políticamente insostenible si la crisis se agrava y las cámaras de televisión muestran un crucero en cuarentena frente a las costas de una comunidad que depende del turismo para el 35 por ciento de su PIB.
Lejos de Canarias, en Castilla y León, el presidente Alfonso Fernández Mañueco sigue sin fecha para su investidura tras las elecciones del 11 de mayo, un bloqueo que se ha endurecido esta semana por las nuevas exigencias de Vox. El partido de Santiago Abascal, que obtuvo 11 escaños en las elecciones castellanoleonesas y que es imprescindible para que Mañueco alcance los 41 escaños necesarios para la investidura, ha elevado sus condiciones de pacto: además de las tres consejerías que ya exigía (Interior, Educación y Familia), Vox reclama ahora la creación de una «Consejería de Inmigración y Fronteras» con competencias exclusivas sobre la gestión de los flujos migratorios en la comunidad, una exigencia que el PP considera «incompatible con el marco competencial» porque las políticas de inmigración son competencia exclusiva del Estado. Las negociaciones, que estaban pausadas desde el martes por acuerdo de ambas partes para no interferir con la jornada de reflexión del 17-M andaluz, no se reanudarán hasta el lunes, pero las fuentes del PP castellanoleonés advierten de que «cada día que pasa sin investidura es un día que Vox utiliza para subir el precio», una dinámica de presión que recuerda a la que Junts aplicó sobre Sánchez durante la negociación de la investidura de 2023.
La confluencia de la emergencia sanitaria del Hondius, el bloqueo de Castilla y León y las elecciones del 17-M andaluz convierte este fin de semana en uno de los más complejos para la gobernanza territorial española desde la pandemia. Tres comunidades autónomas — Andalucía, Canarias y Castilla y León — se encuentran simultáneamente en situaciones de crisis o transición que demandan atención del Gobierno central, que a su vez gestiona la crisis diplomática con Israel, la guerra comercial con EEUU y la preparación del Consejo UE del martes. La capacidad del Estado para atender todos estos frentes simultáneamente es una pregunta que nadie se atrevía a formular hace un mes, cuando la agenda política parecía dominada exclusivamente por los aranceles, pero que hoy, con un crucero en cuarentena, un embajador debriefado en Moncloa, un tribunal preparando sentencia y unas urnas listas para abrirse, se ha convertido en la pregunta central de la gobernanza española.
A las 18:30, cuando los 14 españoles del Hondius completan su primera tarde en el Gómez Ulla y los monitores de constantes parpadean en verde en las 14 habitaciones de presión negativa de la planta sexta, la sensación en los pasillos del hospital militar es de una calma tensa que los veteranos de la pandemia reconocen bien: la calma que precede a los resultados de las primeras PCR, la calma que separa la prevención de la confirmación, la calma que puede durar 21 días o romperse en 48 horas si alguno de los 14 pacientes desarrolla los primeros síntomas de una enfermedad que, según la OMS, tiene una tasa de mortalidad del 40 por ciento en su cepa Andes. España confía en que los 14 estén sanos. España confía en que el protocolo BSL-3 sea suficiente. España confía en que la cepa Andes no salte del Hondius a la comunidad. Pero la confianza, como aprendimos en 2020, es un activo que se agota rápido cuando la biología decide no cooperar.
