Según el comunicado del Departamento de Estado, ambos funcionarios «se han involucrado directamente» en los intentos de la CPI para «investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción» del tribunal. Rubio calificó a la corte como «un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato», y advirtió: «No toleraremos este asalto a la soberanía».
Las sanciones contemplan la prohibición de ingreso a territorio estadounidense y la congelación de los activos que los afectados pudieran tener bajo jurisdicción de ese país. No es la primera vez que la administración Trump recurre a este mecanismo: en meses recientes ha sancionado a otros jueces y fiscales de la CPI, principalmente por las investigaciones abiertas en torno a Israel, uno de los aliados estratégicos de Washington.
La corte respondió el mismo martes con un comunicado en el que sostuvo que las sanciones «socavan el Estado de derecho». «Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo», señaló el tribunal, con sede en La Haya, Países Bajos.
Quién es la magistrada sancionada
Tomoko Akane es jueza de la CPI desde el 11 de marzo de 2018, para un periodo de nueve años, de acuerdo con su perfil en el sitio oficial del tribunal. Antes de integrarse a la corte se desempeñó como embajadora para la Cooperación Judicial Internacional de Japón y como fiscal de la Fiscalía Suprema de ese país. Fue nombrada fiscal en 1982 y trabajó en distintas oficinas del ministerio público japonés, desde los niveles de distrito hasta la Fiscalía Suprema.
A lo largo de su carrera, Akane participó en la revisión de la Ley de Menores de Japón y en la formación de fiscales, además de colaborar durante casi una década en asistencia técnica jurídica para operadores de justicia penal de otros países, en el marco del Instituto de Asia y el Lejano Oriente para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes, vinculado a la Organización de las Naciones Unidas. También fue profesora de práctica de justicia penal en las universidades de Nagoya y Chukyo entre 2005 y 2009.
El trasfondo del conflicto tiene una raíz jurídica precisa: Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, tratado que dio origen a la CPI en 2002. Al no ser parte del instrumento, el gobierno estadounidense sostiene que el tribunal carece de jurisdicción sobre sus ciudadanos y funcionarios. La corte tiene mandato para investigar genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cuando los Estados no pueden o no quieren perseguirlos.
El detonante más reciente de la tensión fue la orden de arresto que la CPI emitió en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decisión que Washington ha rechazado de manera reiterada. La corte no cuenta con fuerza policial propia para ejecutar sus órdenes, por lo que depende de la cooperación de los Estados parte del Estatuto de Roma para hacerlas efectivas.
La fricción histórica de Washington con la justicia internacional
El distanciamiento entre Estados Unidos y los tribunales penales internacionales no es nuevo. Aunque el presidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma en 2000, su gobierno no lo remitió al Senado para su ratificación, y la administración de George W. Bush retiró posteriormente esa firma, en línea con el rechazo estadounidense a que un tribunal supranacional pudiera juzgar a su personal militar o diplomático. Esa postura de reserva ante la jurisdicción de La Haya la comparten otras potencias que tampoco son parte del estatuto, como China, Rusia e India.
México, en contraste, es Estado parte del Estatuto de Roma tras su ratificación en 2005 y ha respaldado en foros multilaterales la labor de la justicia penal internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido hasta el momento una postura pública sobre las sanciones contra Akane y Seye. En la región, países como Argentina, Colombia y Chile figuran igualmente entre los Estados parte del tribunal.
Lo que sigue en este frente diplomático dependerá de si otros Estados parte responden con declaraciones de respaldo o medidas de contrapeso frente a la presión sobre los magistrados. La corte, por su parte, deberá decidir si sus investigaciones sobre funcionarios de países que no reconocen su jurisdicción continúan pese a las sanciones impuestas a sus propios integrantes.