De acuerdo con reportes de inteligencia naval difundidos por fuentes del Gabinete de Seguridad, Chávez Ramírez habría coordinado desde la capital poblana una estructura criminal asentada en la Zona Diamante de Acapulco, Guerrero, dedicada al narcotráfico, tráfico de armas, secuestro, extorsión y ejecuciones. Su perfil, señalan estas fuentes, no correspondía al de un operador de bajo nivel, sino al de un mando con capacidad financiera y logística propia.
Durante los cateos derivados de la operación fueron detenidas también la esposa del presunto líder criminal y dos hombres identificados como militares en situación de retiro, quienes presuntamente se desempeñaban como sus escoltas.
El operativo permitió el aseguramiento de 39 vehículos de alta gama, entre ellos unidades de las marcas Mercedes-Benz, BMW y Porsche, además de una camioneta eléctrica Cybertruck, de acuerdo con el reporte oficial. También fueron incautados 17 teléfonos celulares, seis memorias USB, documentación diversa, dos armas cortas, cargadores y cartuchos de distintos calibres. La flotilla, según las autoridades, ilustra el nivel de recursos económicos que habría manejado la estructura señalada como responsable de sostener financiera y operativamente a “Los Rusos” en el puerto de Acapulco.
Esa célula, de acuerdo con reportes de inteligencia federal a los que se ha dado seguimiento desde hace varios años, funcionaría como brazo de soporte logístico para las actividades del grupo mayor. Las áreas de inteligencia del gobierno federal atribuyen a “Los Amarillos” un papel de financiamiento y operación al servicio de “Los Rusos”, cuyo control disputan sobre el puerto guerrerense.
La disputa por Acapulco
“Los Rusos” mantienen, en alianza con “Los Amarillos”, una disputa violenta con el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) por el control del puerto, particularmente de mercados como el narcomenudeo y la extorsión. El CIDA surgió de la fragmentación de organizaciones criminales que operaban previamente en la entidad, en un proceso de reacomodo similar al que ha caracterizado la disputa territorial en Guerrero desde hace más de una década.
Acapulco ha sido, desde mediados de la década de 2010, uno de los puntos más críticos de violencia asociada al crimen organizado en México, con picos de homicidios dolosos que en distintos años lo ubicaron entre los municipios con mayores tasas del país, de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La disputa por el control de rutas y plazas en la Zona Diamante, el corredor turístico y comercial más relevante del puerto, ha sido un factor constante en esa violencia.
El 24 de agosto pasado, el Departamento de Estado de EU activó una alerta de seguridad para Mexicali, Baja California, que derivó en el reforzamiento de medidas de protección en esa ciudad fronteriza. De acuerdo con reportes periodísticos estadounidenses, la alerta estaría relacionada con actividades atribuidas a la facción de “Los Rusos” dentro del Cártel de Sinaloa, cuya presencia se habría extendido más allá de Guerrero. El especialista en seguridad Ed Calderón señaló, según esos mismos reportes, que la facción “ha estado causando estragos, llegando incluso a intentar localizar y ejecutar a personas que trabajan para los cuerpos de policía estatales”.
La detención de Chávez Ramírez se inscribe en una serie de operativos contra mandos de organizaciones vinculadas al Cártel de Sinaloa, en un contexto de fragmentación interna de esa organización tras la detención en 2024 de dos de sus principales líderes históricos en territorio estadounidense, hecho que derivó en enfrentamientos entre facciones rivales. Los reacomodos violentos del crimen organizado en Guerrero no son nuevos: la fragmentación de los antiguos grupos que operaban en el estado ya había alimentado, en la década anterior, oleadas de disputa por el puerto que colocaron a Acapulco entre las ciudades más violentas del país.
Corresponderá a la Fiscalía General de la República, en su caso, judicializar la carpeta de investigación ante un juez de control, conforme al sistema de justicia penal acusatorio vigente en el país desde 2016.
El gobierno de Guerrero no se ha pronunciado formalmente sobre el operativo realizado en territorio poblano. La disputa entre “Los Rusos” y el CIDA por el control de Acapulco ha sido señalada reiteradamente como uno de los principales focos de inseguridad en la entidad, particularmente de cara al proceso electoral de 2027, sobre el cual el senador Saúl Monreal ha advertido públicamente la necesidad de blindar los comicios ante la vulnerabilidad de estados con presencia del crimen organizado.
La operación se produce en momentos en que el Congreso de la Unión discute distintas iniciativas en materia de seguridad durante el actual periodo, sin que hasta ahora se haya alcanzado un dictamen definitivo en comisiones sobre reformas al marco legal contra la extorsión y el secuestro, dos de los delitos que las autoridades atribuyen a la célula encabezada por Chávez Ramírez.
Las autoridades federales no han precisado si el detenido será trasladado a un centro penitenciario federal de máxima seguridad mientras se resuelve su situación jurídica, ni han informado sobre fechas para la audiencia inicial correspondiente. Se espera que en los próximos días la Fiscalía General de la República emita un pronunciamiento formal sobre los cargos que enfrentarán tanto Chávez Ramírez como su esposa y los dos exmilitares detenidos junto con él.