La AVGM es un mecanismo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007, que permite al gobierno federal declarar acciones de emergencia en un territorio donde existan indicios de violencia feminicida grave o un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. El procedimiento se activa a solicitud de organizaciones de la sociedad civil o de organismos públicos de derechos humanos, y corresponde a la Secretaría de las Mujeres —antes Instituto Nacional de las Mujeres— coordinar el análisis y emitir una resolución. La reforma de 2020 a la ley estableció un plazo máximo de 45 días para resolver sobre la procedencia de una solicitud, un término que en el caso de Coahuila se ha rebasado con amplitud.
La solicitud fue presentada en julio de 2024 por colectivas de la entidad, entre ellas la Asamblea Mujeres que Luchan por Mujeres y Abogadas Laguneras. Desde entonces, según relató Díaz, el expediente ha avanzado de manera intermitente, sin que se concrete el análisis de campo que debe sustentar el diagnóstico. La activista señaló que existía la expectativa de que la transformación del Instituto Nacional de las Mujeres en Secretaría de las Mujeres, ocurrida en la actual administración federal, imprimiera mayor celeridad al proceso, algo que dice no ocurrió.
Según el relato de la representante legal, en una reunión sostenida en diciembre de 2025 con la encargada del área de alertas de género de la Secretaría de las Mujeres, la funcionaria le habría informado que no existía presupuesto disponible para trasladar al personal que debe realizar las entrevistas de campo requeridas por el protocolo. "Es fecha que estamos sin un avance. No hay presupuesto para darle continuidad por la reducción de gastos. Vamos a seguir sin un avance sustancial en la alerta. Ha sido un vaivén", criticó Díaz. De acuerdo con datos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, el presupuesto asignado a la Secretaría de las Mujeres para 2026 fue de 2,140,988,180 pesos.
Díaz vinculó el estancamiento a una decepción de fondo con la administración federal. "Pensamos que se recibiría más presupuesto para investigaciones, para sanciones, pero en la realidad no es un gobierno de las mujeres ni es un gobierno que cuida a las mujeres ni que destina presupuesto a las áreas que nos deberían de ocupar y preocupar. Pensamos que se iba a empatizar, pero no ha sido así", afirmó, en referencia al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Brenda Olivas, integrante de la colectiva Abogadas Laguneras, coincidió en que la transformación institucional no se ha traducido en cambios perceptibles. "No hemos visto cambios significativos, verdaderos, cambios que impacten en las mujeres y niñas en el estado", sostuvo. Olivas añadió que la percepción de desprotección desalienta la denuncia: "Hay una revictimización impresionante en primer término. Eso deriva en que ya no quieres denunciar. Para qué hablo si no va a haber consecuencias".
La violencia feminicida repunta tras la baja de 2025
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Coahuila registró 20 feminicidios en 2024, año en que se presentó la solicitud de alerta. La cifra bajó a nueve casos en 2025, pero repuntó hasta 18 feminicidios contabilizados hasta julio de 2026, un volumen que se acerca al total del año en que se activó el procedimiento. Díaz recordó que, al momento de la solicitud, Torreón figuraba entre las diez ciudades del país con más feminicidios, y sostuvo que la reducción observada en 2025 no debe leerse como una tendencia consolidada a la luz del repunte de este año.
Más allá de los feminicidios, el SESNSP ubica a Coahuila en el sexto lugar nacional por número absoluto de carpetas de investigación por violencia familiar hasta julio de 2026, con 8,940 casos reportados, y en el segundo lugar del país al medir la tasa por cada 100,000 habitantes, con 259.85 casos. En 2025, la entidad recibió 12,634 denuncias por este delito, un promedio de 34.6 cada 24 horas, según la misma fuente. Olivas calificó de "impresionante" la magnitud de la violencia familiar y expuso que no existe una política pública que la atienda de manera integral, un fenómeno que las organizaciones consideran parte del mismo continuo de violencia feminicida que motivó la solicitud.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla que, una vez declarada procedente una AVGM, los gobiernos estatal y federal deben implementar acciones específicas de prevención, seguridad, justicia y reparación, sujetas a evaluación periódica. El mecanismo tiene ya una década de aplicación: la primera declaratoria del país se emitió en 2015 para 11 municipios del Estado de México, y desde entonces se han sumado alertas en más de una veintena de entidades, un antecedente que las organizaciones coahuilenses citan como referencia de que la figura, cuando se activa, moviliza recursos y protocolos concretos.
La Secretaría de las Mujeres no ha ofrecido una versión pública sobre las razones del retraso en el caso de Coahuila ni sobre un calendario para resolver la solicitud, más allá de lo referido por las propias organizaciones sobre las limitaciones presupuestales expuestas en las reuniones de trabajo. El expediente permanece, hasta la fecha, sin una resolución formal que determine si procede o no la declaratoria, un desenlace que las solicitantes condicionan a que se integre el grupo de trabajo y se financien las entrevistas de campo pendientes desde 2024.