El coronel Bernal Granada, según su propio testimonio, se desplazaba por una vía de El Zulia cuando el vehículo en el que viajaba junto con su esquema de protección fue impactado por ráfagas de fusil. «Escuchamos la fuerte detonación», señaló el comandante al describir el instante en que comenzó el ataque, de acuerdo con su relato difundido este jueves. La reacción inmediata del esquema de seguridad, según lo narrado, permitió que el oficial resultara ileso, aunque dos de los uniformados que lo acompañaban sí sufrieron heridas de arma de fuego.
El comandante también se refirió al estado de salud de los dos policías heridos e indicó que fueron trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha precisado públicamente la gravedad de las lesiones ni se ha divulgado un parte médico oficial de la Policía Nacional o de las autoridades de salud de Norte de Santander sobre el pronóstico de los uniformados.
Ni el Ministerio de Defensa ni la comandancia departamental de la Policía se han pronunciado con un comunicado oficial sobre este episodio puntual. Tampoco han informado si se ordenó el refuerzo del esquema de seguridad del coronel tras el atentado ni si se han producido capturas o se ha individualizado a indiciados en las horas posteriores al ataque.
El corredor fronterizo y las economías ilegales
El relato del oficial se produce en un territorio que continúa figurando entre los de mayor actividad de estructuras armadas ilegales en la frontera con Venezuela. El municipio de El Zulia, ubicado en el área metropolitana de Cúcuta, ha sido señalado en informes de organizaciones sociales y de la Defensoría del Pueblo como punto de tránsito para economías ilegales, entre ellas el contrabando de combustible y el narcotráfico, lo que ha derivado en episodios de violencia contra la fuerza pública, líderes sociales y población civil.
La región ha sido escenario reiterado de disputas territoriales entre disidencias de las extintas FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas ligadas al contrabando en el corredor que colinda con el estado venezolano del Táchira. La Policía Nacional mantiene allí un pie de fuerza reforzado, en coordinación con el Ejército Nacional, dentro de los planes de seguridad para la frontera colombo-venezolana.
Los atentados contra mandos policiales y militares de alto rango no son inéditos en la historia reciente del conflicto armado colombiano. Comandantes de la fuerza pública han sido blanco de ataques armados en zonas de disputa territorial en departamentos como Cauca, Nariño, Arauca y el propio Norte de Santander, en episodios que en varias ocasiones han derivado en procesos penales contra integrantes de estructuras armadas identificadas posteriormente por la Fiscalía.
El camino judicial que se abre
Ante hechos de esta naturaleza, corresponde a la Fiscalía General de la Nación adelantar la respectiva indagación por los delitos que podrían configurarse, entre ellos tentativa de homicidio y porte o fabricación de armas de fuego de uso privativo de la fuerza pública, conforme al Código Penal colombiano. La investigación, en su fase inicial, busca establecer la autoría material e intelectual del ataque, así como el móvil, que las autoridades no han determinado de manera oficial.
El proceso deberá surtir las etapas del sistema penal acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004, desde la indagación preliminar hasta una eventual audiencia de imputación si llegan a individualizarse responsables. La Procuraduría General de la Nación, por su parte, tiene la facultad de hacer seguimiento disciplinario a la actuación de la fuerza pública en este tipo de hechos, sin que ello implique necesariamente una investigación en curso sobre el episodio narrado.
De confirmarse los detalles del ataque a través de las diligencias que adelante la Fiscalía, el caso podría sumarse a los atentados contra la fuerza pública documentados en informes de la Defensoría del Pueblo y de misiones de verificación internacional que monitorean la seguridad en las zonas de frontera. Por ahora, ni la identidad de los presuntos responsables ni el móvil específico del ataque han sido establecidos de manera oficial por las autoridades judiciales.
