Char enmarcó la llamada en el esfuerzo que, según dijo, adelanta la alcaldía. «En llamada con nuestro ministro de Defensa designado, el Mayor General (R) Jorge Mora, conversamos sobre el esfuerzo que estamos haciendo desde Barranquilla para seguir fortaleciendo a nuestra Fuerza Pública con más herramientas e infraestructura, para que tengan todo lo necesario y puedan seguir velando por la seguridad de nuestra gente», escribió el alcalde en la citada red.
De acuerdo con el mandatario, la ciudad enfrenta un incremento de ataques contra comercios que se niegan a pagar cuotas extorsivas exigidas por estructuras criminales. A esa dinámica se suma, según su descripción, la pugna entre distintas bandas por el control de economías ilícitas, entre ellas la venta de estupefacientes y el propio cobro de extorsión, un fenómeno que la administración distrital señala como uno de los detonantes de la violencia urbana en el departamento del Atlántico.
El alcalde se refirió además a la extorsión ordenada desde centros penitenciarios por líderes de organizaciones criminales que, pese a estar privados de la libertad, mantendrían capacidad de mando sobre las células que operan en las calles. Char sostuvo que la ofensiva contra ese modelo de criminalidad debe recibir apoyo explícito del nivel central del Estado y expresó su disposición a coordinarse con la administración que llega. «También le expresé toda nuestra disposición para trabajar de la mano con el Gobierno entrante. Con su acompañamiento y respaldo podremos enfrentar con más fuerza este desafío que hoy afecta a todo el país», afirmó.
Jorge Mora, mayor general en retiro del Ejército Nacional, fue anunciado por el presidente electo Abelardo De La Espriella como su ministro de Defensa designado, en el marco del relevo de gobierno previsto por la Constitución Política. En Colombia, el nuevo mandatario y su gabinete toman posesión el 7 de agosto, fecha en que se instala el periodo presidencial conforme al calendario constitucional.
Un reparto de competencias que tensiona a alcaldías y Casa de Nariño
La seguridad urbana ha sido un asunto recurrente en la relación entre los alcaldes de las principales ciudades y el gobierno nacional, dado que el control operativo de la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa y no de las administraciones locales, aunque estas financian infraestructura, tecnología y programas de prevención. Ese reparto de competencias, definido en la Constitución de 1991 y en la Ley 62 de 1993, ha generado fricciones cuando los indicadores de criminalidad se elevan y las alcaldías reclaman mayor pie de fuerza al Ministerio.
El reclamo tiene precedentes en la propia región Caribe. En los primeros años de la década de 2010, distintos alcaldes de la Costa reclamaron mayor presencia militar y policial ante el auge de estructuras herederas del paramilitarismo desmovilizado, las llamadas bandas criminales o Bacrim, que replicaron el modelo de extorsión y microtráfico que hoy persiste bajo otras denominaciones. La demanda de coordinación entre alcaldías y Ministerio de Defensa no es, por tanto, nueva en el Atlántico.
Hasta el momento no se ha conocido una respuesta pública detallada de Jorge Mora sobre los compromisos que asumiría el futuro Ministerio de Defensa frente a Barranquilla, ni un pronunciamiento del equipo de transición de De La Espriella sobre el plan de seguridad para el Atlántico. Tampoco se ha difundido una posición de la Policía Metropolitana de Barranquilla ni de la Fiscalía General de la Nación sobre los señalamientos de extorsión ordenada desde prisiones.
El diagnóstico sobre el repunte de extorsiones al que aludió el alcalde corresponde, por ahora, a la lectura de la propia administración distrital, sin cifras oficiales difundidas que permitan dimensionar de manera independiente la magnitud del fenómeno en la ciudad.
La expectativa se traslada ahora al 7 de agosto, cuando el gobierno de Abelardo De La Espriella deberá tomar posesión y se conocerá si Jorge Mora es formalmente confirmado como ministro de Defensa y cuáles serán las líneas de su política de seguridad para ciudades como Barranquilla. Será entonces cuando alcaldías como la de Char puedan medir, con hechos y presupuesto, el alcance del respaldo que reclaman al nuevo gobierno nacional.
