La resolución cerca aún más el entorno del ayuntamiento de Temoac, municipio de la zona oriente de Morelos, tras el asesinato del alcalde. La FIDAI presentó ante el juez elementos para sostener que Romero Zamora participó de manera activa en actos de extorsión, presuntamente golpeando y amenazando a víctimas para intimidarlas y coaccionar la entrega de dinero a cambio de no hacerles daño, según informó el Ministerio Público.
El juez determinó que Romero Zamora continuará el proceso en prisión preventiva. Esta medida cautelar se aplica de manera oficiosa en el sistema de justicia penal acusatorio para delitos considerados de alto impacto, como la extorsión agravada, conforme al artículo 19 de la Constitución. La vinculación a proceso no implica culpabilidad: es la etapa en la que el Ministerio Público debe acreditar ante un juez que existen datos suficientes para establecer que se cometió un hecho delictivo y la probable participación del imputado.
El caso de Geovany Emmanuel González corrió una suerte distinta. En la misma audiencia, el juez en turno resolvió que los elementos presentados por la FIDAI resultaban insuficientes para sujetarlo a proceso. El Ministerio Público lo acusó de participar en un caso de extorsión agravada, pero, de acuerdo con lo trascendido, no aportó detalles concretos del suceso imputado, lo que derivó en su liberación. La FIDAI informó que continuará las investigaciones relacionadas con el grupo delictivo, con el objetivo declarado de desactivar su operatividad en la región.
La liberación no cierra la puerta a que el Ministerio Público reformule la imputación en su contra si allega nuevos elementos probatorios, una posibilidad prevista en el sistema acusatorio cuando la primera judicialización resulta insuficiente. La Fiscalía morelense no ha precisado si existen otras personas señaladas dentro del ayuntamiento de Temoac que puedan ser objeto de futuras órdenes de aprehensión conforme avance la indagatoria.
Un entramado familiar en la tesorería y la comuna
Romero Zamora es hija de Andrea Angelina Zamora Castilla, conocida como “La Patrona”, extesorera municipal de Temoac. Zamora Castilla fue detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025, junto con otras diez personas señaladas como integrantes de la célula identificada como “Los Aparicio” y/o “Los Huazulco”, un grupo que, según las autoridades, operaba en Temoac y otros municipios de la zona oriente morelense.
Los procesados en ese operativo enfrentan cargos por secuestro exprés agravado, delitos contra la salud, resistencia de particulares, secuestro equiparado y portación de arma de fuego. La vinculación de Romero Zamora se suma a esa red familiar y política que las autoridades morelenses han intentado desarticular durante el último año, con presencia simultánea en la tesorería, la corporación policiaca y, ahora, el círculo cercano del propio alcalde.
La Fiscalía General del estado de Morelos no ha ofrecido, hasta el momento, una versión pública detallada sobre el estado que guarda la investigación más amplia sobre la célula, ni sobre el móvil específico del asesinato del alcalde de Temoac, lo que mantiene abiertas interrogantes sobre el alcance real de la red y su relación directa con el homicidio del edil. La defensa de Romero Zamora no ha difundido posicionamiento público sobre la vinculación a proceso.
Agresiones a alcaldes: un patrón que se repite en Morelos
La captura de estructuras delictivas en gobiernos municipales pequeños no es un fenómeno inédito en el país. En Morelos, el asesinato de presidentes municipales tiene un antecedente notorio en el caso de Gisela Mota, edil de Temixco, asesinada en enero de 2016 apenas un día después de haber tomado posesión del cargo, un hecho que en su momento colocó en el debate nacional la vulnerabilidad de las autoridades locales frente al crimen organizado.
La homologación del delito de extorsión y su combate han vuelto al centro de la agenda de seguridad: en marzo de 2025, el Congreso de la Unión avanzó en una ley general en la materia impulsada desde el Ejecutivo federal, ante el aumento sostenido de este delito reportado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La zona oriente de Morelos ha figurado de manera recurrente en los registros de incidencia por extorsión y secuestro que ese órgano documenta cada mes.
Los plazos que definirán el rumbo del caso
Con la vinculación a proceso confirmada, corre el plazo para la etapa de investigación complementaria, periodo en el que tanto la FIDAI como la defensa podrán aportar pruebas adicionales antes de que se determine si el caso avanza a juicio oral. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que este plazo, fijado por el juez según la complejidad del asunto, puede extenderse hasta seis meses, con posibilidad de cierre anticipado o de las diligencias que las partes soliciten.
Mientras la indagatoria sobre “Los Aparicio” y/o “Los Huazulco” permanece abierta, el desenlace del proceso contra Romero Zamora y una eventual nueva imputación contra el exmando policiaco marcarán el alcance real que las autoridades morelenses logren dar a la desarticulación de la célula en el oriente del estado.