El sismo, ocurrido el 10 de agosto, se convirtió en la primera gran prueba del nuevo mandatario apenas tres días después de asumir la primera magistratura. Con más de 300 muertos, miles de heridos y afectaciones en varios departamentos, la emergencia obligó al gobierno entrante a improvisar una respuesta humanitaria antes de que cualquier plan de gobierno pudiera instalarse con normalidad. De la Espriella, que esa mañana se encontraba en Barranquilla —ciudad donde reside su familia y que ha funcionado como una suerte de sede alterna de despacho—, tuvo que trasladarse de inmediato a Bogotá para asumir personalmente el manejo de la crisis.
La respuesta del mandatario incluyó la instalación de puestos de mando unificados y recorridos por las zonas afectadas junto con su esposa, Ana Lucía Pineda, en lo que sus colaboradores describen como un esfuerzo por proyectar mando y cercanía desde el primer momento. El manejo de catástrofes naturales ha sido, históricamente, un examen decisivo para los gobiernos colombianos: la respuesta institucional al terremoto de Armenia de 1999, durante la presidencia de Andrés Pastrana, y al alud de Mocoa de 2017, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, quedaron marcadas en la memoria política del país como precedentes de la exigencia que representa una emergencia de esta magnitud para la legitimidad de un mandatario recién posesionado.
El estilo del 'Tigre' y el contraste con Petro
Según las mismas fuentes gubernamentales, el nuevo presidente exhibe un estilo de trabajo que sus colaboradores describen como intenso. El jefe de Estado «tiene mucha energía, tira línea, se anticipa y calcula la estrategia», señalaron esas fuentes, que agregaron que el mandatario «pide mostrar todo el tiempo lo que se está haciendo, a veces en tiempo real», con el propósito declarado de proyectar la imagen de un gobierno en funcionamiento permanente. Esa consigna evoca el «trabajar, trabajar y trabajar» que caracterizó al expresidente Álvaro Uribe Vélez durante su primer mandato, iniciado en 2002.
El contraste con el gobierno saliente, encabezado por Gustavo Petro, aparece como uno de los rasgos más visibles del cambio de administración. La caracterización proviene de voces oficiales; el entorno del gobierno anterior no ha replicado públicamente estas afirmaciones.
Uno de los giros de política más relevantes ha sido el desmantelamiento de la «paz total», la estrategia de negociaciones simultáneas con múltiples estructuras armadas ilegales que impulsó el gobierno de Petro desde 2022 con fundamento en la Ley 2272 de ese año. La decisión de abandonar ese marco, calificado de fallido por el nuevo gobierno, se ha combinado con el despliegue de una estrategia distinta frente a los grupos criminales, cuyos primeros resultados operativos habrían comenzado a exhibirse en las últimas semanas.
El cambio de enfoque no ha estado exento de controversia. Voceros de sectores cercanos al gobierno anterior han cuestionado el viraje, al argumentar que el desmonte de los diálogos podría reactivar la violencia en zonas donde las negociaciones habían generado treguas parciales, mientras que sectores afines al nuevo gobierno sostienen que la estrategia previa no produjo resultados verificables en materia de desescalamiento del conflicto armado. Ninguna de las dos posiciones ha sido corroborada con cifras oficiales de organismos como la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General de la Nación sobre la evolución de la violencia en el último mes.
El propio mandatario habría insistido, de acuerdo con esas fuentes, en la necesidad de exhibir avances concretos como forma de consolidar respaldo político en un momento en que su gobierno enfrentaba simultáneamente la emergencia por el terremoto.
La gestión de la seguridad pública ha sido tradicionalmente uno de los ejes que definen la evaluación temprana de los gobiernos colombianos. Los primeros meses de mandatarios como César Gaviria, en 1990, o Iván Duque, en 2018, estuvieron marcados por decisiones tempranas en materia de orden público que anticiparon buena parte del rumbo de sus administraciones. El precedente sugiere que las señales dadas en las primeras semanas de gobierno suelen tener un peso simbólico desproporcionado respecto a su alcance real en el mediano plazo.
Control político y vigilancia fiscal pendientes
La Presidencia de la República no ha emitido, hasta el momento, un balance oficial detallado de este primer mes de gestión, más allá de las comunicaciones difundidas por canales propios del gobierno. Congresistas de la bancada de oposición han solicitado citar a ministros del gabinete a debates de control político en el Congreso de la República para que rindan cuentas sobre el manejo de la emergencia sísmica y el giro en la política de seguridad, en ejercicio de la facultad que la Constitución Política otorga al Legislativo para fiscalizar al Ejecutivo.
Organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República no han anunciado investigaciones específicas sobre el manejo de los recursos destinados a la atención del terremoto, aunque es previsible que en las próximas semanas se activen los mecanismos ordinarios de vigilancia fiscal sobre las partidas del Presupuesto General de la Nación destinadas a la reconstrucción de las zonas afectadas.
De cara a los próximos meses, el gobierno deberá presentar ante el Congreso su agenda legislativa y económica, postergada por la sucesión de emergencias que marcó su primer mes. La instalación de comisiones de seguimiento a la reconstrucción, la eventual radicación de proyectos de ley relacionados con la seguridad ciudadana y el desarrollo de los primeros debates de control político sobre el desmonte de la «paz total» serán los principales indicadores para medir, en las semanas venideras, si el estilo mostrado en este primer mes se traduce en resultados de gestión sostenibles.
