La leyenda no aparece de forma pública en cualquier consulta de la CURP: de acuerdo con la explicación oficial, únicamente la detectan las instancias que verifican el estatus de una ficha de búsqueda, de modo que el aviso opera como una alerta interna entre el Renapo, la CNB y las comisiones locales de búsqueda, y no como una marca visible para quien solicite el documento en una ventanilla común.
El subsecretario de derechos humanos, población y migración, Arturo Medina Padilla, sostuvo que la medida responde a un planteamiento reiterado de familiares. "Eso es un planteamiento de muchas familias que han descubierto que con fecha posterior a la desaparición, alguien hizo uso de la información de sus seres queridos", declaró. Colectivos de familiares han documentado casos en que, tras la desaparición de un ser querido, un tercero utilizó su CURP o documentos derivados para gestiones bancarias, migratorias o administrativas sin que existiera un mecanismo que lo impidiera o lo alertara a las autoridades.
El procedimiento para desactivar la leyenda, una vez que la persona reportada es localizada, exige que quienes interpusieron el reporte acudan al CAIBP, ubicado en avenida Niños Héroes número 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, un inmueble que opera las 24 horas los siete días de la semana. Ahí, según la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, los funcionarios orientan sobre la actualización del estado de la persona, la baja formal de la ficha y la garantía de trámites en la capital.
Sin ese aviso expreso de la familia, la ficha permanece activa de manera indefinida, lo que —de acuerdo con la propia autoridad— puede derivar en afectaciones a trámites de la persona ya localizada: desde la renovación de documentos oficiales hasta gestiones que requieran validar la CURP contra las bases del Renapo, escenario que las comisiones de búsqueda buscan evitar mediante la difusión del procedimiento.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), solo en la Ciudad de México hay 5,510 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 3,501 son hombres, 1,911 mujeres y 98 de sexo indeterminado. La cifra ubica a la capital entre las entidades con incidencia relevante, aunque los estados del centro y norte concentran los registros absolutos más altos del país.
La creación del RNPDNO y de la propia CNB deriva de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada en 2017. Ese marco normativo buscó unificar los registros estatales dispersos y dotar de facultades de búsqueda inmediata a comisiones especializadas, tanto federal como locales, ante el crecimiento del fenómeno durante la década pasada.
La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han encabezado recorridos por centros de alerta de búsqueda, en los que destacaron que alrededor de la mitad de los reportados son localizados dentro de las primeras 24 horas, dato con el que las autoridades subrayan la importancia de la inmediatez en la activación de protocolos y operativos de búsqueda en campo.
Colectivos de madres y familiares buscadores, que en distintas entidades han organizado brigadas propias ante lo que consideran insuficiencia de la respuesta institucional, han señalado que medidas como la marca en la CURP no sustituyen la necesidad de fortalecer las capacidades periciales, forenses y de investigación de las fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República (FGR), con rezagos en la identificación de restos y en la judicialización de casos.
El uso indebido de identidades de personas desaparecidas no es un fenómeno exclusivo de México. La magnitud del problema en el país ha llevado a organismos internacionales de derechos humanos, incluido el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, a recomendar en distintos momentos mecanismos de protección de datos y de la identidad jurídica de las víctimas y sus familias.
Para las familias, el trámite de desactivación en el CAIBP representa un paso adicional dentro de un proceso desgastante: además de la búsqueda, deben realizar una gestión administrativa para reactivar la vida documental de la persona localizada, algo que organizaciones civiles han pedido simplificar mediante ventanillas únicas o trámites en línea que no dupliquen cargas sobre quienes ya enfrentaron la desaparición de un familiar.
Por lo pronto, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México insistió en difundir la ubicación y el horario ininterrumpido del CAIBP como vía principal para resolver dudas sobre la leyenda en la CURP. El Renapo y la Segob no han precisado si la medida se replicará con protocolos idénticos en las 32 entidades federativas o si cada comisión estatal de búsqueda deberá adaptar sus propios procedimientos de baja de ficha.