En su resolución, la jueza sostuvo que "la libertad de expresión es ilusoria si sólo somos 'libres' de expresar opiniones complementarias sobre el gobierno y sus líderes". Wise anuló partes de las disposiciones migratorias federales al considerar que incurrían en fallas de imprecisión constitucional que violan tanto la Primera Enmienda —que protege la libertad de expresión y de prensa— como la Quinta, relativa al debido proceso. Ambas libertades, escribió, son "fundamentales para que perdure la democracia en Estados Unidos".
El caso resulta relevante para México porque miles de connacionales cursan estudios en instituciones estadounidenses bajo visas F-1 y J-1, categorías directamente alcanzadas por el tipo de disposiciones que la jueza invalidó parcialmente. La disputa ha sido observada de cerca por organizaciones de derechos humanos y por la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado el volumen de connacionales que residen o estudian en universidades de ese país.
El antecedente directo de la decisión se ubica en Boston, donde hace casi un año un juez federal de distrito determinó que el gobierno de Trump actuó de manera inconstitucional al señalar para deportación a personas no ciudadanas únicamente por manifestar apoyo a la causa palestina o criticar las acciones militares de Israel en Gaza. Wise retomó ese razonamiento y lo amplió al caso de Stanford, apoyándose en gran medida en aquellas conclusiones.
La jueza citó de manera explícita las represalias documentadas en marzo de 2025 contra personas que participaron en expresiones de solidaridad con la población palestina, en un momento en que un número creciente de especialistas —incluidos comisionados designados por un organismo de Naciones Unidas— ha calificado las acciones militares israelíes en Gaza como constitutivas de genocidio, caracterización que el gobierno de Israel rechaza de forma categórica.
Wise también incorporó a su análisis las represalias migratorias contra personas que criticaron a Charlie Kirk, cofundador de Turning Point USA, tras su asesinato en septiembre de 2025, como indicio de que el patrón de vigilancia sobre el discurso político no se limitaría a un solo tema. "Mañana, o quizá incluso hoy, el objetivo podría ser cualquier persona en Estados Unidos que ejerza su libertad de expresión para simplemente manifestar opiniones que al gobierno no le gustan", advirtió la magistrada. "Esta espiral descendente es antitética a nuestra Constitución, que reconoce nuestro derecho a hablar libremente", añadió.
Según la resolución, las tácticas del gobierno tuvieron un efecto medible en los campus: "El gobierno ha ofrecido un mensaje intimidante respecto al discurso protegido: pronúnciense contra Israel o en apoyo de los palestinos y revocaremos su visa y los deportaremos", escribió la jueza al describir la disuasión sobre estudiantes no ciudadanos.
El editor en jefe de The Stanford Daily, George Porteous, calificó el fallo como una garantía para el ejercicio periodístico estudiantil. "Los reporteros en nuestra redacción no deberían tener que temer que escribir un artículo resulte en su deportación. La victoria de hoy significa que no tendrán que hacerlo", escribió en la red social X.
Conor Fitzpatrick, abogado de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión —organización que presentó la demanda en representación del periódico—, respondió con una declaración pública: "En Estados Unidos, la libertad de expresión no les pertenece solo a las personas que dicen cosas con las que el gobierno está de acuerdo".
Hasta el sábado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no había respondido a solicitudes de comentario sobre la decisión, por lo que se desconoce si el gobierno de Trump apelará el fallo, un paso que resultaría consistente con la estrategia legal que la administración ha mantenido en litigios similares sobre política migratoria.
El caso se inscribe en una disputa jurídica más amplia sobre los límites del Poder Ejecutivo estadounidense en materia migratoria, un terreno donde la tensión entre seguridad nacional y derechos civiles tiene larga historia. La resolución de Wise no cierra el litigio de manera definitiva: el gobierno conserva la vía de apelación ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, y el desenlace final podría tardar meses o llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, dado el alcance constitucional de la controversia sobre libertad de expresión y política migratoria.