"Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos", afirmó Trump ante los reporteros durante el acto en el Despacho Oval. La frase amplió una serie de gestos simbólicos que el republicano ha impulsado desde su regreso al poder para renombrar accidentes geográficos que Estados Unidos comparte con sus vecinos.
El caso más cercano para México fue la orden ejecutiva firmada en enero de 2025 para llamar "golfo de América" al golfo de México, denominación que —según explicó el propio Trump este jueves— ya se usa de forma habitual en documentos y registros federales estadounidenses. "Lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago", dijo el mandatario, en referencia también al nuevo decreto sobre el lago Ontario. Trump aseguró que la idea de renombrar el lago era algo en lo que llevaba "pensando mucho tiempo" y que ya la había anticipado el martes previo en sus redes sociales.
El alcance real de estas medidas es acotado: las órdenes ejecutivas de renombramiento geográfico solo tienen efecto sobre los registros, mapas y documentos oficiales del gobierno federal estadounidense. No modifican la denominación internacional de los cuerpos de agua ni obligan a otros países, organismos multilaterales o cartografías privadas a adoptar la nueva nomenclatura. El golfo de México continúa llamándose así en la documentación oficial mexicana y en la mayoría de los mapas y tratados internacionales.
Si al inicio del mandato republicano fue México el vecino que vio afectada su nomenclatura geográfica, ahora el turno recayó en Canadá, con el que Trump mantiene una guerra comercial. El anuncio se produce mientras Washington y Ottawa sostienen un enfrentamiento arancelario que escaló durante el fin de semana previo, cuando entraron en vigor nuevos gravámenes estadounidenses sobre productos canadienses. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, prometió responder "dólar por dólar" con represalias comerciales que, según su gobierno, se aplicarían a partir del 8 de septiembre de 2026.
Trump amenazó además el lunes previo con elevar al 50% los aranceles sobre vehículos, autopartes y acero provenientes de Canadá a partir del 1 de enero de 2027, de no alcanzarse un acuerdo. El mandatario estadounidense ha hecho referencias reiteradas a Canadá como el "estado 51" de Estados Unidos desde su regreso a la presidencia en enero de 2025, idea que el gobierno canadiense ha rechazado de manera categórica en distintas ocasiones.
Para México, el antecedente del golfo de América funciona como referencia directa de lo que podría implicar, en términos prácticos, un eventual renombramiento de un océano. Cuando se firmó aquella orden ejecutiva, el gobierno mexicano encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el cambio de nomenclatura carecía de efectos jurídicos fuera del ámbito documental estadounidense y que México seguiría refiriéndose al cuerpo de agua como golfo de México en toda su cartografía y comunicación oficial.
La revisión del T-MEC como telón de fondo
La política exterior mexicana ha evitado, en general, entrar en confrontación directa por este tipo de gestos simbólicos, priorizando la relación comercial trilateral bajo el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), vigente desde 2020 y sujeto a una revisión conjunta prevista para 2026. La eventual extensión de estas medidas hacia el Pacífico o el Atlántico —océanos que también bañan las costas mexicanas— no ha merecido, hasta el momento, una postura pública específica de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El uso de decretos ejecutivos para modificar la toponimia oficial no es inédito en la historia reciente de Estados Unidos, aunque resulta inusual por su frecuencia durante este segundo mandato de Trump. Presidentes anteriores han recurrido a órdenes ejecutivas para asuntos de política exterior, energía o migración, pero el uso reiterado de esta herramienta para renombrar accidentes geográficos compartidos con países vecinos marca un patrón distintivo de la actual administración.
En México, el episodio del golfo de América tuvo su propio capítulo institucional en 2025, cuando la controversia derivó en un diferendo con plataformas tecnológicas que adoptaron la nueva denominación en sus mapas para usuarios estadounidenses. El gobierno mexicano defendió entonces que la nomenclatura de los cuerpos de agua en su territorio y aguas patrimoniales se rige por instrumentos nacionales e internacionales, y no por decretos de un tercer país.
De cara a los próximos meses, el foco de la relación entre Estados Unidos y Canadá se mantendrá en la disputa arancelaria, con el 8 de septiembre de 2026 como referencia para las represalias comerciales anunciadas por Ottawa y el 1 de enero de 2027 como plazo para la posible entrada en vigor de los aranceles del 50% sobre el sector automotor canadiense. No existe, hasta ahora, una orden ejecutiva formalizada para el cambio de nombre de algún océano, por lo que el planteamiento de Trump permanece en el terreno de la especulación.