Según el relato de Barillas Cervantes, los hechos comenzaron hace aproximadamente un mes, cuando de manera injustificada le congelaron el pago quincenal que debía recibir a mediados de junio. Al acudir a pedir explicaciones, le informaron que la retención obedecía a un acuerdo publicado el 16 de junio en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante el cual se instrumentó un proceso de homologación de plazas dentro del sistema penitenciario capitalino.
El trabajador señaló que, tras insistir en distintas oficinas, se le comunicó que su plaza —nivel 25, correspondiente a jefe de Unidad Departamental A— había dejado de existir y que el último pago que le correspondía había sido el del 15 de junio. La discrepancia entre la fecha del acuerdo, publicado el 16 de junio, y la fecha del corte de su salario, un día antes, es uno de los puntos que, de acuerdo con su versión, no le fue aclarado por las autoridades consultadas.
De acuerdo con su testimonio, en una reunión posterior se le ofreció una plaza de nivel 19 a cambio de renunciar a la que ocupaba. Cuando pidió tiempo para evaluar la propuesta, le habrían retirado esa oferta y, en su lugar, le habrían planteado únicamente una plaza de nivel 8, correspondiente a funciones de intendencia, muy por debajo de su nivel salarial y de responsabilidad previos.
"Durante más de dos horas en esa oficina, donde fui presionado a firmar mi renuncia a la plaza que actualmente desempeño, se me indicó que la situación obedecía a una reestructuración de plazas debido a que mi perfil operativo y las nuevas plazas corresponden a funciones administrativas", relató. Según su versión, en la misma reunión se le habría hecho saber que existen otras personas con plazas del mismo nivel que continúan desempeñando sus funciones, lo que —dijo— evidenciaría un trato desigual dentro del proceso.
Barillas Cervantes calculó que el mismo mecanismo habría alcanzado a alrededor de 200 trabajadores del sistema penitenciario capitalino. Según explicó, una parte de ese grupo firmó la renuncia a su plaza ante la presión ejercida y, en sus palabras, "desafortunadamente, un porcentaje, por miedo, por ignorancia, firmaron y ya están fuera", mientras que otro grupo, del cual él formaría parte, continúa exigiendo una explicación formal por escrito.
El trabajador afirmó haber enviado escritos a distintas autoridades para exponer su caso, entre ellas el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, de quien depende el sistema penitenciario local, y la jefa de gobierno, Clara Brugada. Según dijo, el escrito dirigido a la jefatura de gobierno ya fue recibido, aunque hasta el momento de su declaración pública no había obtenido una respuesta sustantiva. "Me traen a la vuelta tanto en mi subsecretaría, me traen a la vuelta en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Nadie me ha podido dar una respuesta", expresó.
Barillas Cervantes también expuso el impacto económico de la retención sobre su familia. Según relató, sus hijos no concluyeron el ciclo escolar en condiciones normales por falta de recursos, al no poder cubrir gastos cotidianos como el lunch o los materiales solicitados por la escuela.
El marco jurídico de la homologación de plazas
El proceso de homologación al que se refiere el trabajador se enmarca en las facultades del gobierno capitalino para reorganizar su estructura administrativa mediante acuerdos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, instrumento que da publicidad y validez a esas decisiones. No obstante, cualquier afectación a derechos laborales adquiridos —como el nivel salarial o la plaza que ocupa un trabajador de base o de confianza— debe sujetarse a la normativa laboral aplicable y a las condiciones generales de trabajo del personal del gobierno de la Ciudad de México, que prevén procedimientos ante los tribunales laborales para impugnar despidos o renuncias obtenidas bajo presión. Una renuncia firmada bajo coacción puede ser controvertida jurídicamente por vicios en el consentimiento.
Los conflictos entre trabajadores del sistema penitenciario y las autoridades capitalinas no son inéditos. En años anteriores, reestructuraciones dentro de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México han derivado en inconformidades de personal operativo por cambios de adscripción o de nivel salarial, casos que en ocasiones terminaron judicializados ante instancias laborales locales.
El Hemiciclo buscó la posición de ambas dependencias para esta pieza.
El caso queda sujeto a lo que resuelvan las dependencias ante los escritos presentados, así como a la eventual vía jurisdiccional laboral si los trabajadores afectados consideran vulnerados sus derechos. De acreditarse un patrón de presiones para inducir renuncias, correspondería a los órganos de control interno del gobierno capitalino y, en su caso, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México determinar si hubo irregularidades en el manejo del proceso.