El origen del proceso es una auditoría fiscal practicada por el SAT correspondiente al ejercicio de 2008, que derivó en un crédito por 1,900 mdp. Flores señaló que ese adeudo quedó firme tras un largo proceso jurídico que se agotó cuando la SCJN dio la razón al fisco el año pasado. En términos del Código Fiscal de la Federación, un crédito queda firme cuando el contribuyente agota o no interpone los recursos legales disponibles, momento a partir del cual la autoridad puede hacer efectiva la garantía que respalda el pago.
Flores puntualizó que la acción no constituye un embargo en sentido estricto. "No es que el SAT haya realizado algún tipo de embargo; cuando el contribuyente está obligado a garantizar un crédito y así lo hace de manera voluntaria ofreció las acciones de una subsidiaria por 650 millones de acciones", declaró el funcionario, quien añadió que, una vez firme el adeudo, el organismo cuenta con la garantía ofrecida por el contribuyente y procede a ejecutarla. En este caso, esa garantía consistió en acciones de una empresa subsidiaria del grupo.
Según el administrador de Recaudación, el procedimiento se revisó con la propia empresa y ésta manifestó su conformidad con la ejecución de la garantía, lo que ubica el remate dentro de un marco de entendimiento entre el fisco y el contribuyente, sin controversia adicional sobre el fondo del adeudo ya resuelto por la Corte. Codere no ha difundido públicamente una postura distinta a la referida por la autoridad.
En la plataforma del SAT destinada a subastas se visualizan 99 títulos de valor que representan 652,477,416 acciones de Impulsora de Centros de Entretenimiento de las Américas, S.A.P.I. de C.V. (ICELA), la subsidiaria mexicana cuyo capital social será objeto del remate. La operadora agrupa centros de espectáculos, recintos de exhibición y establecimientos de juegos y apuestas deportivas, entre ellos las marcas Sport Books y Yak's, además del Hipódromo de las Américas, el Citibanamex Center y la Granja las Américas.
La estructura accionaria de ICELA se reparte entre dos socios: el 15.2% del capital corresponde a Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (CIE), empresa mexicana que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que el 84.8% restante pertenece a Codere, S.A. El SAT precisó que la subasta se circunscribe únicamente a los activos vinculados con casinos que forman parte de esta subsidiaria, cuyo valor conjunto estima en los 1,900 mdp del adeudo, sin contemplar la afectación de otros activos del grupo en el país.
Una ley del juego de 1947 y litigios de largo aliento
El sector de casinos y apuestas en México opera bajo permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación con base en la Ley Federal de Juegos y Sorteos, ordenamiento que data de 1947 y que ha sido objeto de múltiples intentos de reforma en el Congreso de la Unión sin que, hasta la fecha, se haya aprobado una actualización integral. La vigencia de una norma de mediados del siglo XX ha alimentado litigios recurrentes entre operadores y autoridades administrativas y fiscales. El caso de Codere, con casi dos décadas entre la auditoría original y la resolución definitiva de la Corte, se inscribe en un patrón de disputas fiscales de largo aliento con corporativos de presencia multinacional.
No es la primera vez que el fisco mexicano ejecuta cobros contra grandes contribuyentes tras años de controversia. En sexenios recientes, el SAT ha hecho pública la recuperación de créditos fiscales millonarios de empresas de alto perfil una vez agotadas las instancias judiciales, en el marco de una política de recaudación que la autoridad ha presentado como prioritaria y sin condonaciones a grandes causantes. El remate de Codere se enmarca en esa línea de ejecución de adeudos consolidados por resolución de la Corte.
Codere, cuya presencia en el mercado mexicano del juego se remonta a la década de 1990, forma parte de un grupo de origen español con operaciones en América Latina y Europa que en años recientes ha atravesado procesos de reestructuración financiera y negociaciones con acreedores en distintos mercados. La situación en México corresponde, sin embargo, a un proceso estrictamente fiscal y administrativo, distinto de esas reestructuraciones corporativas.
El desenlace de la subasta definirá quién adquiere el paquete accionario y, con ello, si CIE —socia minoritaria de ICELA— u otro tercero se hace de esos títulos. Concluido el remate el 18 de agosto, corresponderá al SAT informar sobre el resultado del cobro y el destino final de las acciones, un desenlace que servirá de referencia sobre la capacidad de la autoridad para ejecutar garantías accionarias ofrecidas por contribuyentes con adeudos históricos ya resueltos en última instancia.