El llamado se produce en medio de un ambiente de incertidumbre que mantuvo buena parte del comercio samario con las puertas cerradas durante los dos días previos, especialmente en el centro histórico y otras zonas comerciales de la ciudad, epicentro de la actividad económica local.
Pinedo defendió la decisión de reforzar el despliegue de la fuerza pública como mecanismo para restablecer la confianza ciudadana. En Colombia, este tipo de refuerzo se activa mediante la coordinación entre las alcaldías y el Ministerio de Defensa cuando las alteraciones del orden público superan la capacidad de respuesta de la policía metropolitana.
El procedimiento se apoya en las facultades que la Constitución y el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana otorgan a los alcaldes como primera autoridad de policía en su jurisdicción. Distintas administraciones locales del país han recurrido históricamente a este apoyo institucional en momentos de crisis de seguridad.
La reapertura de los establecimientos comerciales resulta clave para evitar un impacto económico prolongado en una ciudad cuya dinámica productiva depende en buena parte de la actividad turística y del comercio en su centro histórico, declarado patrimonio de la nación. Con ese mensaje, el alcalde buscó contrarrestar la sensación de desprotección instalada tras los episodios de los días recientes.
La situación en Santa Marta se suma a los desafíos que enfrentan las capitales departamentales del Caribe colombiano en materia de convivencia y percepción de seguridad, un asunto recurrente en la gestión de los mandatarios de ciudades con alta dependencia del turismo y el comercio.
Mientras la administración distrital adelanta las gestiones para consolidar el refuerzo de seguridad, la reapertura del comercio se perfila como uno de los indicadores más visibles del retorno a la normalidad en la ciudad.
