La iniciativa plantea que el permiso remunerado aplique exclusivamente para el cuidado de familiares ascendentes o descendentes, cónyuge, concubina o concubinario, así como para personas con quienes exista una relación de dependencia económica o de cuidados permanentes. El trabajador que solicite la licencia deberá presentar ante su empleador un certificado expedido por una institución de salud pública o privada que acredite la necesidad de asistencia personal.
Uno de los elementos centrales del proyecto es que el uso de este permiso no podría afectar la antigüedad laboral, el salario ni las prestaciones del trabajador, y tampoco podría constituir causa de despido o sanción. La salvaguarda busca evitar que la licencia se traduzca en una penalización para quien decida ejercerla.
"La incorporación de una licencia laboral para el cuidado de familiares enfermos representa un avance significativo en la construcción de un modelo laboral más sensible a las necesidades sociales y familiares de las personas trabajadoras", afirma Domínguez en el proyecto. El legislador sostiene que su reconocimiento legal "permitirá atender una realidad cotidiana que hasta ahora ha permanecido fuera de la protección expresa del derecho laboral, pese a su impacto directo en la vida de millones de hogares mexicanos".
El diputado enmarca la propuesta como una medida de "humanización del derecho del trabajo", al argumentar que la productividad no puede desvincularse de la realidad familiar de quienes trabajan. "Garantizar tiempo para cuidar en situaciones de enfermedad no sólo fortalece la cohesión social y familiar, sino que reafirma el compromiso del Estado mexicano con la protección integral de los derechos humanos, la salud y el trabajo digno", señala en el documento.
Una fila de licencias por definir en la LFT
La iniciativa se suma a una lista creciente de propuestas de nuevas licencias laborales planteadas en el Congreso de la Unión en los últimos años. Entre las figuras que se han discutido en distintos momentos se encuentran permisos para el cuidado de mascotas, ausencias por salud mental, exámenes médicos, asistencia a eventos y reuniones escolares de hijos, cuidado de personas mayores, acompañamiento a tratamientos o citas médicas, trámites de documentos oficiales, licencia menstrual y permisos por luto o duelo. La bancada morenista, por su parte, ha impulsado en fechas recientes una propuesta centrada en permisos para el cuidado de mascotas, lo que refleja los distintos enfoques que coexisten en San Lázaro sobre qué licencias deben reconocerse.
De este conjunto de propuestas, la licencia por luto o duelo es la que registra mayor avance legislativo, aunque su trámite ilustra lo accidentado que puede resultar el camino de estas iniciativas. Hace un año, comisiones del Senado de la República aprobaron un dictamen para reconocer un permiso de al menos cinco días por el fallecimiento de madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, cónyuge o concubina. El proyecto recibió primera lectura en el pleno de la Cámara Alta en abril del año pasado, pero desde entonces no ha sido sometido a votación final.
Ese antecedente sirve para calibrar las expectativas sobre la iniciativa de permisos por cuidados médicos: incluso con dictamen aprobado en comisiones y primera lectura en el pleno, una propuesta puede permanecer detenida más de un año sin llegar a votación, lo que evidencia los cuellos de botella que enfrentan las reformas laborales en su trámite, más allá del respaldo que generen en el discurso público.
La discusión sobre licencias de cuidado no es exclusiva de México. En el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo se ha promovido desde hace años la noción de "trabajo de cuidados" como categoría que debería incorporarse a las legislaciones laborales nacionales, con el objetivo de repartir de manera más equitativa una carga que suele recaer de forma desproporcionada sobre las mujeres trabajadoras.
La iniciativa de Domínguez no detalla, hasta el momento, un mecanismo de compensación o subsidio para las empresas que deban absorber el costo de estos permisos, un punto sensible dado que las micro y pequeñas empresas concentran buena parte del empleo formal en el país. El proyecto tampoco fija un tope de financiamiento ni prevé participación de instituciones públicas de seguridad social en el pago de la licencia.
El trámite seguirá la ruta ordinaria: turno a las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados —que previsiblemente incluirían la de Trabajo y Previsión Social—, análisis, eventual dictamen y, en su caso, votación en el pleno antes de pasar al Senado de la República como cámara revisora. No existe, por ahora, un plazo fijado para que las comisiones emitan dictamen, y la experiencia reciente con otras licencias sugiere que el proceso podría prolongarse durante el resto del periodo ordinario y extenderse a periodos posteriores.
El debate se produce en un contexto de discusión más amplia sobre las reformas laborales anticipadas para 2026, entre ellas los ajustes vinculados a la reducción de la jornada de trabajo y otros derechos ligados al equilibrio entre vida personal y empleo. El desenlace dependerá de la agenda que las bancadas prioricen durante el resto de la LXVI Legislatura y del respaldo que otros grupos parlamentarios brinden a una propuesta presentada de manera individual por un diputado del PRI, partido que no cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados.