El programa busca formalizar la propiedad de viviendas edificadas en conjuntos habitacionales gestionados o financiados por instancias del Gobierno de la Ciudad de México. La entrega de escrituras individuales representa el paso final de un proceso administrativo y notarial que puede tomar años, e implica sortear obstáculos como levantamientos catastrales pendientes, regularización de créditos, resolución de conflictos entre condóminos y actualización de padrones. El informe presenta la cifra de 1,876 como una proyección al cierre del ejercicio, no como un dato consolidado.
La administración capitalina sostuvo en el documento que con la escrituración se busca brindar certeza jurídica sobre el patrimonio de las personas y que con ella se "precisan los derechos de las personas beneficiarias de los programas de adquisición de vivienda asequible". El informe enmarca la meta en los estándares de ONU-Hábitat, organismo de Naciones Unidas que, según cita el propio documento, señala que las personas deben tener pleno ejercicio del derecho a la vivienda y seguridad jurídica ante amenazas como el desalojo forzoso o el hostigamiento.
Además del Programa de Vivienda en Conjunto, el informe detalla avances en el programa de Condominio Familiar y Popular, orientado a un universo distinto de beneficiarios: familias que habitan un mismo predio donde, con el tiempo, se construyeron varias viviendas sin que existiera un régimen de propiedad en condominio formalmente constituido. Para diciembre de este año, la administración capitalina estima haber entregado 225 escrituras bajo este esquema, de las cuales 99 corresponderían al segundo año de gobierno, esto es, al periodo comprendido entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.
En estos casos, la intervención del gobierno local no se limita a la expedición del documento notarial. De acuerdo con el propio informe, la administración capitalina brinda asesoría técnica y jurídica, además de subsidios, para que las familias que comparten un mismo terreno puedan constituir legalmente un régimen de propiedad en condominio, paso previo indispensable para que después cada unidad habitacional pueda escriturarse de manera individual a nombre de quien la ocupa.
Este tipo de situaciones —predios con múltiples viviendas edificadas de manera informal o semiformal a lo largo de generaciones familiares— es común en zonas populares de la Ciudad de México, particularmente en alcaldías con procesos históricos de urbanización irregular. La regularización de esos predios ha sido, durante décadas, uno de los pendientes estructurales de la política de suelo y vivienda en la capital, abordado por distintas administraciones locales con resultados desiguales.
De la reconstrucción tras el sismo del 85 a la escrituración pendiente
La escrituración de vivienda social en la Ciudad de México no es un asunto nuevo. Desde los años posteriores al sismo de 1985, cuando se desataron procesos masivos de reconstrucción y reubicación de familias damnificadas, la capital ha enfrentado el reto de formalizar la propiedad de miles de viviendas construidas bajo esquemas de emergencia o programas sociales, muchas de las cuales permanecieron años sin escrituras individuales debido a la complejidad de los trámites, los costos notariales y la dispersión de la información catastral.
Gobiernos capitalinos de distintas extracciones partidistas han impulsado, con diferente intensidad, programas de regularización y escrituración masiva, en ocasiones con apoyo de subsidios para cubrir gastos notariales que de otra manera resultarían inaccesibles para familias de bajos ingresos. La meta planteada para este año por la administración de Brugada se inscribe en esa línea de política pública local, aunque el informe no detalla el universo total de viviendas pendientes de escriturar ni ofrece una comparación directa con las metas o resultados de administraciones anteriores.
La certeza jurídica sobre la vivienda tiene implicaciones que van más allá de lo simbólico. Contar con una escritura individual permite a las familias acceder a créditos con garantía hipotecaria, heredar la propiedad sin litigios entre herederos, defenderse legalmente ante intentos de despojo y consolidar su patrimonio de manera formal ante instituciones financieras y autoridades. La ausencia de ese documento, en cambio, deja a los ocupantes en una situación de vulnerabilidad jurídica que puede perpetuarse por generaciones si no se resuelve.
Lo que resta por verificar antes del cierre de 2026
El Segundo Informe de Gobierno presenta las cifras como una estimación para el cierre de 2026, por lo que restan meses para verificar si la meta de las 1,876 escrituras del Programa de Vivienda en Conjunto y las 225 del esquema de Condominio Familiar y Popular se cumple en los términos anunciados. El documento no precisa qué instancia específica del gobierno capitalino encabeza la coordinación de estos trámites ni el presupuesto asignado a esta tarea dentro del gasto social de la capital.
La rendición de cuentas sobre programas sociales de esta naturaleza suele quedar sujeta a los informes anuales de gobierno y a la revisión de la Cuenta Pública correspondiente, sin que la información disponible detalle si el avance del programa será objeto de fiscalización específica en ejercicios presupuestales futuros. El indicador más claro para evaluar el cumplimiento será el propio cierre del ejercicio 2026, cuando la administración deberá reportar cifras definitivas sobre el número de escrituras efectivamente entregadas bajo ambos programas.
Esa comparación entre lo proyectado y lo realmente alcanzado permitirá dimensionar si la política de escrituración de vivienda social avanza al ritmo anunciado o si, como ha ocurrido en ciclos anteriores, enfrenta rezagos que obligan a extender los plazos hacia años posteriores. Por ahora, la meta de 1,876 escrituras es una proyección oficial cuyo desenlace se conocerá en el balance de fin de año.