El hecho ocurrió en un tramo del río Atrato que separa Villa Rufina del plantel educativo, cuando los diez menores viajaban en la lancha de un pescador que, ante la ausencia de una ruta escolar oficial, presta el servicio de manera informal. Según la información difundida por Fecode, los estudiantes perdieron cuadernos y demás útiles escolares en el volcamiento, aunque lograron ponerse a salvo con ayuda de habitantes de la zona.
Gloria Cardona, líder comunitaria de Villa Rufina, señaló en un video difundido en redes sociales que la falta de transporte escolar seguro no es un problema nuevo. “Esto no es una necesidad de hoy. Hace muchos años venimos luchando por un transporte digno para estos estudiantes”, afirmó. La dirigente añadió que los volcamientos se repiten con cierta frecuencia en época de verano, cuando arrecian los vientos sobre el cauce del Atrato: “Todos los años se hunden los botes. Cuando viene el verano, que la brisa está muy dura, nos traen los niños”, relató.
Riosucio es uno de los municipios más apartados del Chocó, departamento que figura de forma reiterada entre los de mayor incidencia de pobreza multidimensional del país en las mediciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). La región del Bajo Atrato, atravesada por afluentes y ciénagas que sirven como única vía de comunicación para decenas de comunidades, carece de infraestructura vial terrestre que conecte a buena parte de sus corregimientos, lo que obliga a las poblaciones a depender del transporte fluvial tanto para la vida cotidiana como para el acceso a servicios básicos, incluida la educación.
De acuerdo con el relato de los habitantes, ante la falta de una ruta escolar fluvial oficial algunas familias deben costear de su bolsillo los recorridos de sus hijos, mientras que otras dependen de la solidaridad de vecinos que poseen embarcaciones propias. Esta situación, sostienen, expone a los menores a riesgos constantes, agravados por las condiciones climáticas y por el estado de las lanchas utilizadas para el trayecto diario, que en su mayoría no ofrecen las condiciones de seguridad exigibles para transportar a niños y adolescentes.
Una competencia compartida entre municipio, departamento y Nación
El transporte escolar es una competencia que, según la normativa vigente sobre prestación del servicio educativo, corresponde de manera compartida a los entes territoriales certificados en educación —en este caso la Gobernación del Chocó— y a los municipios, con el acompañamiento técnico y financiero del Ministerio de Educación Nacional en las zonas de difícil acceso. La ausencia de una ruta fluvial formal en Villa Rufina evidenciaría un vacío en la aplicación de esa obligación, que las comunidades atribuyen a la falta de recursos y de continuidad institucional en la región. Fecode, que representa al magisterio del país, ha insistido en llamados reiterados al Ministerio de Educación para atender esta problemática en los territorios con población dispersa.
Riosucio, ubicado en el Bajo Atrato, ha sido escenario de disputas armadas y desplazamientos desde finales de los años noventa, cuando operaciones militares y presión de grupos armados provocaron el éxodo de comunidades afrodescendientes e indígenas que aún hoy enfrentan procesos de retorno y reparación. Ese contexto de aislamiento estructural convive con carencias básicas persistentes, entre ellas la falta de un transporte escolar seguro para los estudiantes que dependen del río para llegar al aula.
No es la primera vez que un hecho similar se registra en el Bajo Atrato chocoano. Según los propios habitantes, los volcamientos de embarcaciones son recurrentes en la zona, en especial durante la temporada de vientos fuertes, sin que hasta ahora se haya consolidado una ruta escolar fluvial oficial y permanente que garantice los desplazamientos de los más de 35 estudiantes que cruzan a diario el Atrato.
El caso reabre el debate sobre la infraestructura educativa en las zonas rurales dispersas del país, donde las cabeceras municipales concentran servicios frente a las comunidades ribereñas y de frontera. Para las familias de Villa Rufina, el problema va más allá de disponer de una embarcación: reclaman un servicio que ofrezca condiciones adecuadas de seguridad para el trayecto que los menores realizan todos los días.
La comunidad espera ahora una respuesta articulada entre la alcaldía de Riosucio, la Gobernación del Chocó y el Gobierno nacional que garantice, en el corto plazo, condiciones mínimas de seguridad para los desplazamientos y, en el mediano plazo, una ruta escolar fluvial oficial y sostenida en el tiempo.
Mientras tanto, según indican los propios habitantes, los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Ricaurte continúan cruzando el río Atrato en las mismas condiciones que existían antes del volcamiento, a la espera de que las autoridades competentes definan una hoja de ruta que evite que un episodio similar termine en tragedia.
