El episodio revive, casi tres años después de los hechos, uno de los debates más sensibles de la política israelí: qué sabía el gobierno de Netanyahu antes de la mayor falla de inteligencia y seguridad en la historia reciente del país. Según la reconstrucción de Haaretz, la advertencia habría incluido detalles sobre el alcance de la operación que Hamás preparaba, con el riesgo de provocar un gran derramamiento de sangre capaz de desestabilizar Oriente Medio y comprometer los Acuerdos de Abraham, el marco de normalización diplomática que Emiratos Árabes Unidos e Israel firmaron en 2020 bajo mediación de Washington. La publicación sostiene, además, que Netanyahu habría reaccionado con calma y que no transmitió la información a los principales responsables de seguridad israelíes.
La oficina de Netanyahu rechazó de plano esa versión. "Los informes publicados en la prensa son falsos", afirmó en un comunicado difundido en redes sociales, y sostuvo que Emiratos Árabes Unidos no transmitió ninguna advertencia directa antes del ataque. El entorno del primer ministro añadió que, de existir información de esa naturaleza, habría sido canalizada a través de los mecanismos de cooperación en inteligencia que ambos países mantienen, y no mediante un contacto personal entre los dos mandatarios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, por su parte, evitó confirmar o desmentir de manera explícita la existencia de esa llamada telefónica. La cancillería emiratí se limitó a señalar que ambos gobiernos mantienen canales de comunicación abiertos y que "toda la inteligencia relevante" se comparte cuando es necesario, una fórmula que ni ratifica ni descarta la versión periodística.
La controversia llega en un momento políticamente delicado para Netanyahu, quien desde el ataque del 7 de octubre de 2023 enfrenta cuestionamientos sostenidos sobre su responsabilidad política en los fallos de inteligencia y en las decisiones tomadas en los días previos a la ofensiva. Aquel ataque dejó cerca de 1.200 muertos y más de 250 rehenes secuestrados por milicianos de Hamás, según cifras oficiales israelíes divulgadas en su momento, y desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.
Dirigentes de la oposición israelí exigieron que el gobierno esclarezca públicamente qué información manejaba Netanyahu antes del ataque y por qué, de haber existido una advertencia como la descrita, esta no habría sido trasladada a los principales responsables de seguridad del país. La exigencia se suma a una serie de comisiones y procesos internos que en Israel han buscado, con resultados parciales, determinar responsabilidades políticas y militares por lo ocurrido aquel 7 de octubre.
El fantasma de la Comisión Agranat
El precedente más citado por analistas de la región para dimensionar el peso político de este tipo de controversias es la Comisión Agranat, creada tras la guerra de Yom Kipur de 1973, que documentó fallas de inteligencia israelí análogas —la subestimación de una ofensiva árabe pese a señales de alerta— y terminó por costarle el cargo a la entonces primera ministra Golda Meir. La comparación ilustra la magnitud que estos señalamientos pueden alcanzar en la política israelí cuando se vinculan directamente con la seguridad nacional.
Los Acuerdos de Abraham, marco bajo el cual Emiratos Árabes Unidos normalizó relaciones con Israel en 2020, han quedado bajo tensión desde el inicio de la guerra en Gaza, en la medida en que la opinión pública en varios países árabes firmantes ha presionado a sus gobiernos para revisar la cooperación con el gobierno israelí. La eventual confirmación de que Abu Dabi intentó advertir a Israel sobre el ataque de Hamás se leería, en ese contexto, como un gesto de compromiso con la estabilidad regional pactada en esos acuerdos, más allá de las tensiones que la guerra posterior ha generado.
La polémica se produce, además, en paralelo a los procesos judiciales que Netanyahu enfrenta en Israel por cargos de corrupción, cohecho y fraude, y a las negociaciones internacionales en curso para un alto el fuego duradero en Gaza, mediadas por Catar, Egipto y EE. UU. Cualquier evidencia adicional sobre fallas de inteligencia previas al 7 de octubre podría añadir presión política sobre el primer ministro israelí en momentos en que su coalición de gobierno afronta también tensiones internas.
El seguimiento desde Bogotá
Para Colombia, el episodio se sigue en el contexto de la posición diplomática que el gobierno ha mantenido frente al conflicto en Gaza. Bogotá rompió relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024, decisión anunciada por el presidente Gustavo Petro en el marco de la ofensiva militar israelí en la Franja, y desde entonces el gobierno colombiano ha respaldado gestiones internacionales, incluidas las adelantadas ante la Corte Internacional de Justicia, para que se investiguen posibles violaciones al derecho internacional humanitario en el territorio palestino.
En las próximas semanas se espera que el debate se traslade al Parlamento israelí, donde legisladores de oposición han anunciado que solicitarán explicaciones formales al gobierno y podrían impulsar la creación de una comisión de investigación independiente sobre los fallos previos al ataque, en la línea de la Comisión Agranat de 1974. La respuesta de Netanyahu y la eventual postura oficial de Abu Dabi sobre el contenido exacto de la llamada atribuida a Bin Zayed serán determinantes para establecer si la controversia queda en un episodio mediático más o si deriva en consecuencias políticas concretas para el gobierno israelí.
