Gómez Martínez señaló que el vínculo entre el Ejecutivo y el Congreso es determinante para sacar adelante las iniciativas fiscales que el gobierno pretende radicar, sobre todo en materia tributaria. El ministro insistió en que ese relacionamiento se dará "por encima de la mesa", en lo que presentó como una instrucción directa del presidente De La Espriella.
El funcionario trazó una línea explícita con la gestión de su antecesor Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda durante el gobierno de Petro, capturado en el marco de investigaciones sobre presunta corrupción en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
"Yo no voy a hacer como el ministro Bonilla, yo no voy a terminar preso como él. Las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo son permanentes y son inevitables, pero todo por encima de la mesa", expresó Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda.
La advertencia sobre presuntas prácticas de negociación irregular entre parlamentarios y el Ejecutivo fue el eje de su intervención. En Colombia, varios excongresistas han sido judicializados por la Fiscalía General de la Nación por delitos asociados al trámite de proyectos de ley, un antecedente que el ministro invocó directamente.
"Ellos tienen que entender que no pueden seguir jugando como lo hacían con Petro a chantajear y extorsionar al gobierno. Eso no está bien, eso es ilegal y ellos tienen que entender eso; es que hay varios parlamentarios que están presos por hacer eso", afirmó el ministro.
"En el gobierno anterior no había ni moral ni ley"
Gómez Martínez extendió su diagnóstico a un problema que calificó de estructural: la ausencia de una reforma tributaria de fondo que ningún gobierno reciente ha logrado sacar adelante. El funcionario atribuyó esa parálisis a una tendencia de las administraciones colombianas a aplazar decisiones. "Los colombianos somos buenos en patear el balón hacia delante, no para solucionar los problemas, sino para que los solucione alguien", manifestó.
El precedente que enmarca su discurso es la seguidilla de capturas de congresistas ligadas al llamado escándalo de la UNGRD, que en 2024 derivó en la judicialización de excongresistas y del propio Bonilla por presuntas irregularidades en la asignación de recursos y contratos. Sobre ese trasfondo, el ministro reiteró que la administración De La Espriella opera bajo parámetros distintos a los del gobierno saliente.
"En el gobierno anterior no había ni moral ni ley, tenían decisiones que eran inmorales y se brincaron la ley todas las veces que quisieron y no pasó nada", agregó Gómez Martínez, quien pidió a senadores y representantes asumir el cambio y "entrar en la posición de solucionar los problemas y no convivir con ellos".
