López Rabadán empleó la expresión «dejar la silla vacía» para describir lo que consideró una retirada relativa de la diplomacia mexicana de ciertos espacios de discusión multilateral en los últimos años, un vacío que, a su juicio, habría sido ocupado por narrativas externas sobre violencia e impunidad sin el contrapeso de la versión oficial del país. La legisladora urgió a «dar la cara» fuera de México frente a esos señalamientos.
La panista mencionó el homicidio del periodista Alejandro Leyva, ocurrido en Oaxaca, como uno de los casos que han alimentado la preocupación de organismos internacionales de defensa de la libertad de prensa. México ha sido señalado de manera reiterada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por relatorías de la ONU como uno de los países con mayor número de periodistas asesinados en el continente en la última década, un patrón que distintas administraciones han atribuido a la violencia del crimen organizado más que a una persecución de Estado.
La crisis de personas desaparecidas fue otro de los puntos que la presidenta de la Mesa Directiva puso sobre la mesa. La Comisión Nacional de Búsqueda ha registrado en años recientes cifras superiores a las 100,000 personas no localizadas en el país, un dato que organizaciones de víctimas y gobiernos extranjeros han utilizado para cuestionar la estrategia de seguridad de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.
La legisladora también aludió a la violencia contra alcaldes en funciones, un fenómeno intensificado en entidades como Michoacán, Guerrero y el Estado de México, donde en años recientes se han registrado homicidios de presidentes municipales y aspirantes durante procesos electorales locales. Distintas federaciones de municipios han pedido en múltiples ocasiones al Congreso de la Unión legislar sobre protección a servidores públicos electos.
López Rabadán calificó como «prisión política» la detención del exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel, uno de los primeros gobernadores de oposición electos en México tras el fin de la hegemonía priista, a finales de la década de 1980. La legisladora reclamó que el gobierno federal explique el caso ante instancias internacionales, un señalamiento que corresponde a la postura de su bancada, Acción Nacional.
La Fiscalía General de la República no se ha pronunciado sobre la caracterización de «prisión política» respecto al caso Ruffo, y el gobierno federal tampoco ha ofrecido una respuesta directa a los planteamientos de López Rabadán sobre la política exterior en materia de seguridad y derechos humanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha defendido en foros como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos la política de seguridad del actual gobierno, con argumentos sobre la evolución de los homicidios dolosos.
De la declaración a las atribuciones de San Lázaro
El planteamiento de la presidenta de la Mesa Directiva no constituye por ahora un punto de acuerdo aprobado por el pleno, sino una declaración pública. Sus atribuciones comprenden la conducción de las sesiones y la representación protocolaria de la Cámara, no la definición de la política exterior, que corresponde constitucionalmente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la eventual ratificación de tratados por el Senado de la República.
La reciente historia diplomática de México ofrece antecedentes de repliegue relativo en foros multilaterales durante crisis de derechos humanos, cuando gobiernos de distinto signo optaron por reducir la exposición internacional del país ante señalamientos de violencia. Analistas de política exterior han cuestionado esa estrategia por sus efectos en la percepción del país ante inversionistas y organismos de cooperación.
La bancada panista ha insistido en semanas recientes en que comparezcan ante comisiones legislativas funcionarios de seguridad y de relaciones exteriores para explicar la estrategia frente a la violencia que afecta a periodistas, alcaldes y comunidades con personas desaparecidas. El grupo parlamentario de Morena, mayoritario en San Lázaro, no ha programado hasta el momento esas comparecencias. De cara al próximo periodo ordinario, se prevé que el asunto forme parte de la agenda de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, aunque no hay fecha confirmada para una audiencia sobre los casos citados.
Conagua acelera obras hídricas en el oriente del Edomex
En paralelo a la discusión en San Lázaro, la Comisión Nacional del Agua avanza en una estrategia de infraestructura hídrica encomendada por el Ejecutivo federal para diez municipios del oriente del Estado de México, región que concentra desde hace décadas los mayores rezagos en abasto de agua potable y los principales riesgos de inundación del Valle de México. La estrategia ataca dos frentes: en Cuautitlán Izcalli y Zumpango se construyen plantas potabilizadoras y obras de captación de agua de lluvia orientadas a ampliar el abasto; en zonas de foco rojo por inundaciones recurrentes, como Chalco, Ecatepec e Iztapalapa, se acelera la entrega de colectores pluviales antes del pico de la temporada de lluvias, que en el centro del país suele concentrarse entre julio y septiembre.
La problemática hídrica del oriente mexiquense ha sido señalada de manera reiterada como una de las más graves del país, con episodios recurrentes de inundaciones en Chalco y Valle de Chalco que en años anteriores obligaron a declaratorias de emergencia y a desplazamientos temporales de familias, así como con cortes prolongados de suministro de agua potable en Ecatepec e Iztapalapa durante los meses de estiaje. El avance de estas obras dependerá de que su entrega se complete antes de que la temporada de lluvias alcance su punto más alto en las próximas semanas.